El célebre personaje de Indiana Jones, en una escena ambientada en un salón de clases, decía a sus alumnos que la ciencia se basa en la búsqueda de hechos, no en la búsqueda de la verdad. «Si queréis buscar la verdad, debéis pensar en estudiar filosofía». La frase, más allá de ser tomada de una película de Hollywood, nos recuerda lo peligroso que resulta simplificar temas complejos, como aquellos que se refieren a la veracidad de la información (o a la desinformación) y la libertad de expresión, en las que difícilmente hay una «verdad absoluta».
Este es el caso de la nueva orden ministerial para la puesta en marcha de un plan de acción contra la desinformación propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. El texto, según se expresa en la propuesta, cumple con una comunicación de la Comisión Europea sobre desinformación de 2018. Pero hay dudas en partidos de oposición y medios de comunicación acerca de si realmente ambas coinciden. Pese a alguna luces de la propia Comisión Europea, la incertidumbre continúa.
Menos intervención gubernamental
El informe de la CE Report of the independent high level group on fake news and online disinformation advierte contra las soluciones simplistas. «Claramente, debe evitarse cualquier forma de censura, ya sea pública o privada«, subraya. En cambio, las recomendaciones del documento tienen como objetivo «proporcionar respuestas a corto plazo a los problemas más urgentes, respuestas a más largo plazo para aumentar la resiliencia social a la desinformación y un marco para garantizar que la efectividad de estas respuestas se evalúe continuamente, mientras que se contrastan nuevas respuestas basadas en evidencia».
Uno de los puntos álgidos tiene que ver con el rol de los gobiernos en el control de la información. Expresa que «la independencia de los medios de comunicación es imprescindible para las bases democráticas de Europa». El documento presenta «preocupaciones sobre los gobiernos que tienen un control excesivo sobre las fuentes de noticias online a las que se puede o no se puede acceder».
Además, subraya que mientras sean los «reguladores gubernamentales quienes favorezcan o no prioricen a determinadas fuentes de noticias tienen un alto riesgo desde el punto de vista de la libertad de expresión y no deben fomentarse». En otras palabras, la propuesta de Europa considera prudente reducir el poder de las entidades gubernamentales en estos controles.
Un ejemplo es la acción octava de la propuesta europea. En ella se señala que «los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, deben apoyar la creación de equipos de verificadores de datos e investigadores independientes multidisciplinarios con un conocimiento específico de los entornos de información locales, con el objeto de detectar y exponer las campañas de desinformación entre las diferentes redes sociales y los medios digitales».
La ruta opuesta
Sin embargo, el proyecto que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado está impulsado por la Presidencia (a través del Consejo de Seguridad Nacional) y apoyado por otros cuatro ministerios a los que coordinará el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Estos órganos serán los encargados de determinar dónde está o no la verdad. Y en función de sus conclusiones, tomar las medidas punitivas o coercitivas que considere prudente. La CE recomienda evitar las soluciones simplistas y el exceso de control gubernamental. Y la propuesta española no solo no los evita, sino que los aúpa.
Resulta evidente que si en el caso de España se propone crear un equipo únicamente integrado por organismos del Gobierno, no hay posibilidad de que haya realmente «investigadores independientes multidisciplinarios», como pide la propuesta europea.
Circunstancias distintas
Otro aspecto que se debe considerar es que la propuesta de la Comisión Europea de 2018 se centra fundamentalmente en los procesos electorales y, de forma más concreta, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Para ese momento, se temía principalmente los riesgos de injerencia de agentes externos, especialmente a la luz de las denuncias que se habían hecho en Europa y en otras partes del mundo.
La UE ha hecho seguimiento desde 2014 a las campañas de desinformación que Rusia llevó a cabo en Ucrania, donde la agresión militar y la ocupación de una parte del territorio se combinó con el uso de informaciones falsas o manipuladas. También había preocupación por las denuncias a la supuesta injerencia de Rusia, a través de campañas de desinformación, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
En cambio, la orden del Gobierno de España no parte de un escenario electoral sino del contexto de la pandemia del coronavirus. De todos modos, deja un campo de actuación muy abierto. Y una vez más, la Comisión y la por entonces alta representante de la Unión para Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, hacían énfasis en la colaboración entre los Estados y los organismos públicos y privados.
La búsqueda de equilibrio
En este tipo de iniciativas, uno de los grandes riesgos se deriva de que los controles (o la última palabras para determinar qué es verdad) estén de un solo lado de la balanza. Tan peligroso podría resultar dar poderes ilimitados de censura a los gobiernos, como otorgar total libertad de acción y de decisión a los medios de comunicación.
El primer gran problema se presenta cuando un gobierno, un grupo político o un conglomerado de medios de comunicación asume dos premisas que son tanto inexactas como peligrosas.
La primera, que ellos son los únicos conocedores de la realidad y, por lo tanto, tiene la potestad de decidir los que es verdad y lo que no lo es.
La segunda, pretender que los públicos no pueden discernir entre una información falsa y una cierta. Y, una vez más, necesitan de una «inteligencia superior» que les «evite» el contacto con este tipo de informaciones.
No solo los gobiernos son peligrosos
Un buen ejemplo para comprender los riesgos de la «superioridad moral» autoproclamada por autoridades o medios es lo que ocurre en Estados Unidos, a raíz de la elección presidencial del pasado 3 de noviembre.
De cara a los hechos -para seguir el consejo de Indiana Jones- lo que sabemos hasta ahora es que Joe Biden lleva una ventaja parcial, pero aún no ha sido declarado vencedor por los entes oficiales. También sabemos que Donald Trump denuncia que hubo fraude, aunque tampoco hay un pronunciamiento de las autoridades de que los señalamientos sean ciertos.
Pero hay otro hecho. La mayoría de los medios de comunicación han declarado que Joe Biden es el presidente electo. Es decir, le otorgan la victoria. Y algo más, aseguran que las denuncias de fraude hechas por Donald Trump son falsas.
Cuando Trump daba una rueda de prensa, para exponer sus apreciaciones de que el proceso estuvo amañado, los medios cortaron la transmisión y adujeron que no podrían presentar las «informaciones falsas» dadas por el Presidente. Aquí se convirtieron en juez y parte de la verdad.
Tan inconveniente es que los medios sean los jueces últimos, como que lo sean los gobiernos. Y lo que es peor aun, censurar estas declaraciones por ser «peligrosas» para el bien de la sociedad implica que no hay confianza en que quienes están al otro lado de las pantallas tengan la capacidad suficiente para discernir.
Volver a los hechos
En el caso de la propuesta gubernamental de España (y las críticas que se le hacen) vale la misma conseja. Hay que atenerse a los hechos en lugar de pretender que se conoce la verdad.
Un hecho es que hay diferencias entre la propuesta del Gobierno de España y el documento de la UE en el que dice basarse. A la luz de estos hechos, la Comisión Europea está analizando el documento con atención.
De vuelta a los hechos, lo que se sabe hasta ahora es que Johannes Bahrke, portavoz de la Comisión Europea, dijo que el protocolo del Gobierno español para luchar contra la desinformación, tiene como objetivo «garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación”. No obstante, existen quejas del PP y Ciudadanos que acusan al Gobierno de crear un “Ministerio de la Verdad” para decidir sobre los contenidos informativos y marcar la actuación de los medios de comunicación.
Un peligro latente
Mientras, Pablo Iglesias apunta nuevamente que los medios de comunicación «que trabajan junto a la ultraderecha asumen que es legítimo mentir». En su opinión, «la mayor amenaza para nuestros sistemas democráticos es la ultraderecha golpista y el comportamiento de determinados poderes mediáticos que desprecian la verdad«. Una vez más, asumir que «la verdad» es una sola y está «de un solo lado», coloca todo el peso en un extremo de la balanza.
El mayor antídoto es, precisamente, la pluralidad. Pero para ello, todos los actores involucrados deben asumir que solo un acceso universal al conocimiento de los hechos permitirá que cada quien se forme una opinión de lo que es o no verdad.
Si en la historia de la humanidad se hubiese tomado como verdad absoluta o indiscutible la percepción de un sector dominante, jamás hubiésemos pasado de la caza a la agricultura. La Tierra sería plana. Las tormentas serían producto de la ira de los dioses. Las enfermedades serían castigos divinos. La única razón por la que no tomamos estas afirmaciones como verdad es porque los hechos nos dicen lo contrario. ¿Seremos capaces de entenderlo nuevamente?
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