Miles de mujeres perteneciente a grupos minoritarios fueron sometidas a procesos de esterilización sin su consentimiento. La lucha por obtener justicia ha sido prolongada y marcada por la estigmatización social
Las mujeres romaníes en la República Checa, al igual que otras cientos de miles en varios países del mundo, han enfrentado una lucha prolongada y dolorosa para obtener justicia por las esterilizaciones forzadas que sufrieron durante décadas. Desde 1966 hasta 2012, miles de mujeres, muchas de ellas de esta etnia, fueron sometidas a procedimientos médicos sin su consentimiento, en un contexto de discriminación y control social. A pesar de los avances recientes en el reconocimiento de estos abusos, las víctimas todavía enfrentan numerosos obstáculos para recibir la indemnización que merecen.
El caso de Elena Gorolová es emblemático. Después de ser esterilizada sin su conocimiento se convirtió en una voz clave en la lucha por los derechos de las mujeres gitanas. Su activismo ha logrado que el gobierno checo reconozca el sufrimiento causado por estas prácticas.
En República Checa un decreto público de 1972 permitía a las autoridades esterilizar a mujeres romaníes y con discapacidades. Aunque oficialmente se afirmaba que estas prácticas cesaron con la caída del comunismo en 1989, se documentaron casos de esterilizaciones coercitivas hasta 2012.
La voz de muchas víctimas
Gorolová es una activista prominente en contra la esterilización forzada de mujeres romaníes. En1990 la sometieron a una cesárea y firmó sin saber un consentimiento para que la esterilizaran Desde esa fecha ha compartido su historia para visibilizar el sufrimiento de miles de mujeres en situaciones similares. Su trabajo impulsó que se produjera un reconocimiento oficial, incluidas una disculpa del gobierno en 2009 y la reciente aprobación de indemnizaciones.
En 2021 se aprobó una ley que permite a las víctimas reclamar una indemnización de aproximadamente 300.000 coronas checas (alrededor de 11.800 euros). Sin embargo, este avance es solo un primer paso en un camino lleno de dificultades. A pesar de estos avances, muchas víctimas aún enfrentan obstáculos significativos para recibir una compensación.
La esterilización forzada formó parte de un programa eugenésico justificado por el gobierno comunista como un medio para controlar la natalidad. Aunque las autoridades establecieron reparaciones, a muchas mujeres les ha sido imposible reclamar lo que les corresponde por lo complicado del proceso.
Los gitanos, romaníes o cíngaros son una etnia originaria del noroeste de la India que data de la época de los reinos medios. Tienen rasgos culturales comunes en cuanto a su herencia lingüístico-cultural, pero con marcadas diferencias entre sus subgrupos. Se encuentran asentados principalmente en Europa, pero tienen presencia en el resto del mundo.
Carrera contrarreloj
Gorolová ha inspirado a otras mujeres a educarse y convertirse en defensoras de sus derechos, promoviendo un cambio en la percepción social hacia esta comunidad. Sin embargo, ella misma ha sufrido problemas de salud debido al estrés emocional de su activismo.
Las mujeres romaníes enfrentan varios obstáculos para obtener la indemnización. Uno de los principales es la necesidad de presentar pruebas que respalden sus solicitudes. Una tarea cuesta arriba debido a la falta de documentación o registros precisos de los procedimientos realizados en el pasado.
Muchas de las víctimas han fallecido antes de poder reclamar su indemnización. Otras se encuentran en una situación de desigualdad social y económica, lo que dificulta su acceso a la información y la asistencia necesarias para completar el proceso. El plazo para solicitar la indemnización cierra el próximo 31 de diciembre, lo que genera una presión adicional sobre las sobrevivientes. La mayoría son ahora mayores y enfrentan problemas de salud.
Los defensores quieren que el gobierno extienda el plazo, pues han encontrado evidencia de que esta práctica continuó más allá de 2012. Sin embargo, persiste el contexto de discriminación hacia la comunidad romaní en la sociedad checa, lo que puede afectar su capacidad para navegar por el sistema legal y recibir justicia.
No solo en República Checa
La esterilización forzada no se circunscribe únicamente a la República Checa. La práctica ha afectado a diversas comunidades en varios países. Es un tema delicado y doloroso, con implicaciones profundas sobre los derechos humanos y la dignidad.
En Estados Unidos desde principios del siglo XX se implementaron programas de esterilización eugenésica dirigidos a personas con discapacidades mentales y otros grupos minoritarios, entre estos afroamericanos y nativos americanos.En India, durante el estado de emergencia entre 1975 y 1977, se realizaron esterilizaciones coercitivas como parte de un programa de control de la población. En China se han reportado casos sin autorización gubernamental.
La práctica también se aplicó indiscriminadamente en Perú durante los años 90. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori estuvo en vigencia el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que resultó en más de 270.000 esterilizaciones forzadas, especialmente entre mujeres indígenas. Algo similar pasó en Puerto Rico en la década de 1950 y afectó a muchas mujeres.
Las esterilizaciones coercitivas tuvieron lugar en toda Europa, incluso en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Suecia y Suiza. En la Alemania nazi se aprobó la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias, que llevó a la esterilización de personas consideradas «asociales», incluidas también las gitanas.
Por su parte, Suecia y Suiza tuvieron políticas eugenésicas que permitieron la esterilización forzada de grupos considerados «inferiores». En el primero se implementó entre 1935 y 1976 un programa que afectó a aproximadamente 230.000 personas. La respaldaron diversos gobiernos, incluido el Riksdag (Parlamento) que adoptó leyes eugenésicas en 1935. Las víctimas eran mujeres que consideraban «indeseables» por razones sociales o raciales.
Un tipo de tortura
Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, señala que los tratamientos médicos intrusivos e irreversibles sin un propósito terapéutico pueden constituir tortura o malos tratos. En especial cuando se aplican o administran sin el consentimiento libre e informado de la persona interesada.
La esterilización involuntaria ha servido históricamente como método de control poblacional y ha resultado graves violaciones de los derechos humanos, afectando especialmente a grupos marginados. Las mujeres, particularmente aquellas que viven en la pobreza, con VIH, con discapacidades, así como las mujeres indígenas y las personas transgénero e intersexuales, son las más vulnerables a estas prácticas abusivas. A pesar de los avances en la conciencia sobre los derechos humanos, la esterilización forzada sigue ocurriendo.
Una declaración de agencias de la ONU, bajo el nombre “Eliminando la esterilización forzada, coercitiva y de otro modo involuntaria”, enfatiza que, aunque la esterilización es una forma común de anticoncepción, debe realizarse solo con el consentimiento «completo, libre e informado» de quienes se someten al procedimiento. Sin embargo, muchas veces estos consentimientos se obtienen bajo coacción o en situaciones de vulnerabilidad extrema, como durante el parto.
La declaración aborda cómo las creencias erróneas y los estereotipos sobre grupos en riesgo alimentan la esterilización forzada. Por ejemplo, se ha relacionado la esterilización de mujeres con VIH con información inexacta sobre la transmisión del virus. Asimismo, a las personas con discapacidad a menudo las consideran asexuales, lo que se utiliza como justificación para su esterilización involuntaria. En algunos países, las personas transgénero deben someterse a procedimientos de esterilización para poder acceder a tratamientos médicos o a obtener documentos que reflejen su identidad de género.
Aún vigente
Cristina Paredero, activista española y víctima de esterilización forzada, ha dedicado su vida a luchar contra esta práctica, que considera una violación de los derechos humanos. Diagnosticada con autismo a los 18 años, fue presionada por sus padres para aceptar la esterilización, lo que la llevó a cortar lazos con ellos. Ayudó a redactar una ley en España que prohíbe la esterilización forzada; fue promulgada en 2020. Ahora busca su prohibición en toda la Unión Europea.
Aunque España ha avanzado en su legislación, la práctica sigue siendo legal o no está explícitamente prohibida en por lo menos 12 de los 27 países de la UE. Esto incluye naciones como Bulgaria y Hungría, donde las mujeres y niñas con discapacidad son las más afectadas. Activistas y organizaciones como el Foro Europeo de Discapacidad están trabajando para erradicar esta práctica en todo el continente.
Los padres o tutores a menudo justifican estas decisiones con el argumento de proteger a las personas con discapacidad, aunque esto puede resultar en una mayor vulnerabilidad al abuso. En Portugal, por ejemplo, se argumenta que las esterilizaciones deben realizarse solo en situaciones extremas para proteger la salud del individuo. Sin embargo, muchos activistas creen que estas decisiones son impulsadas más por los miedos de los padres que por el bienestar real de las personas afectadas.
A pesar de los esfuerzos por parte de grupos de derechos humanos para incluir la prohibición de la esterilización forzada en una directiva reciente de la UE sobre violencia contra las mujeres, no se logró establecer una legislación vinculante. Esto deja a cada Estado miembro con la responsabilidad de decidir si ilegaliza esta práctica. La falta de una política común a nivel europeo permite que continúen las esterilizaciones forzadas, lo que genera preocupación entre activistas y legisladores.
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