El Líbano, ese pintoresco y pequeño país del Oriente Próximo, se ha convertido en un torbellino de contrariedades. Crisis financiera e inestabilidad política. Descontento social y manifestaciones. Flagrante violación de derechos humanos y libertad de expresión mutilada. Sus periodistas, aferrados a la búsqueda de la verdad, son perseguidos y encarcelados. Sin leyes que los amparen.
El caso más visible y emblemático es el del periodista de televisión Riad Kobaissi. Acucioso investigador que ha seguido la corrupción en el puerto de Beirut desde 2012. Los negocios dudosos y la creación de feudos. Así como la explotación del muelle como patrocinio por todas las facciones políticas del país, incluido el grupo gobernante.
Kobaissi dijo que mucha gente sabía sobre el peligro de las 2.500 toneladas de nitrato de amonio almacenado en los depósitos de la aduna del puerto de Beirut. Entre ellos Hazimeh, a quien describe como el exhombre clave de Hezbolá en el puerto.
La presencia de la inminente bomba de tiempo que suponía para la vida de sus trabajadores y los vecinos fue omitida. Más allá, las autoridades, a sabiendas de los brutales riesgos de esa carga, no hicieron nada para evitar una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia. Una tragedia aun incalculable. Más de 200 muertos, más de 6.500 heridos y centenares de desaparecidos. Además de daños por miles de millones de dólares, principalmente en los vecindarios cercanos. El agosto más triste para esa república en el terrible año de la pandemia, 2020.
Eso sí, para evitar que Kobaissi y su equipo hicieran las denuncias de los cruentos acontecimientos, les dieron palizas, los hostigaron y también los encarcelaron. Pisoteando una vez más la libertad de expresión en el Líbano.
La libertad de expresión en el Líbano
En una semana de octubre de 2020 tres mujeres periodistas independientes también fueron blanco de una violenta campaña de odio. Dima Sadek, Luna Safwan y Mahassen Moursel denunciaron el acoso online por funcionarios y de grupos.
Sadek, que actualmente trabaja para el diario digital independiente Daraj, tiene varias demandas por difamación. Una de ellas presentada por el exministro de Relaciones Exteriores libanés. Y otra, por el gobernador del Banco del Líbano, cuyo nombre apareció en la investigación que la periodista publicó sobre un caso de corrupción.
Antes, la colega de televisión Zena Basile, reportó agresiones y maltratos en su trabajo de informar. Los prejuicios de género contra las mujeres periodistas se suman a las presiones por ejercer esa profesión. Y las visibles restricciones de la libertad de expresión del país. Los reporteros pueden ser acusados de traición cuando sus informaciones se consideran desfavorables para un partido político. La condena suele ser más dura si son mujeres y, por lo general, su presencia en los medios tiende a molestar a los círculos conservadores.
“Los ataques contra Dima Sadek, Luna Safwan y Mahassen Moursel son indignantes. Y deben cesar de inmediato”, denuncia Sabrina Bennoui, jefa de la oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Oriente Medio.
“Estas mujeres han sido sometidas a una ola de hostilidad injustificada porque son independientes. Y se niegan a seguir la línea editorial de los medios de comunicación de la comunidad a la que se supone que deben pertenecer. Ser mujer representa una dificultad adicional que las expone a todo tipo de insultos sexistas de diversa intensidad. Estas amenazas deben tomarse en serio y hacer todo lo posible para proteger a las víctimas”, dice.
Acusaciones y persecuciones
RSF elaboró un informe sobre la libertad de expresión en el Líbano y las duras implicaciones para quienes la ejerzan. Advierte que “el Código Penal de Líbano contempla los delitos de difamación, calumnia y difusión de información falsas, con definiciones que se prestan a interpretaciones muy amplias. Existe una preocupante instrumentalización de la justicia para perseguir a los medios y a los periodistas que se enfoquen en las actividades non sanctas de personalidades políticas o religiosas con cargos todopoderosos”.
En los últimos años, la justicia ha interpelado a conductores de programas de televisión por haber dejado que sus invitados criticaran a las autoridades libanesas. Igualmente a diarios por haber investigado casos de corrupción. Lo más común es que los periodistas sean sancionados con multas o penas de prisión en contumacia, por las que efectivamente pueden acabar tras las rejas, indica la RSF.
Asimismo, pueden comparecer ante tribunales de imprenta, pero también militares. La cuestión de los refugiados sirios y las relaciones con Israel también son temas delicados. La “revolución” de octubre de 2019 rompió el tabú de la crítica a figuras intocables. No obstante, los ataques a los medios de comunicación aumentaron durante las manifestaciones. Las fuerzas del orden hicieron un excesivo uso de la fuerza y atacaron a periodistas, a pesar de que estaban claramente identificados.
Además, cada vez con mayor frecuencia la “oficina de lucha contra los crímenes cibernéticos” cita a blogueros y periodistas que difunden su trabajo en línea. Por una denuncia interpuesta por un tercero o a menudo por personas cercanas al gobierno.
Año catastrófico para la libertad de expresión
Amnistía Internacional ha levantado su voz por la violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión en Líbano. “Durante el último año, la gente se ha echado una y otra vez a la calle para participar en manifestaciones mayoritariamente pacíficas. A pesar del peligro de sufrir palizas, detenciones y citaciones de las autoridades. Muchas personas tomaron las calles después de la devastadora explosión de Beirut, aun estando heridas. No obstante, las fuerzas de seguridad dispararon contra ellas”, señaló Lynn Maalouf.
La directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África hizo un balance de 2020. “Este último año se ha caracterizado por la catastrófica falta de medidas para atender las demandas de derechos sociales y económicos básicos. Para proteger el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. También para proteger las manifestaciones y el derecho a la vida. Ha transcurrido un año y la gente sigue alzando, indignada, la voz en las manifestaciones para pedir que los dirigentes rindan cuentas”.
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