Por Benito Guerrero
La Ley de Seguridad Ciudadana conocida popularmente como Ley Mordaza ha entrado este miércoles en vigor. Ni la oposición de las formaciones políticas ni de numerosas organizaciones sociales -Avaaz, No Somos Delito, la PAH, Greenpeace y SOS Racismo, entre otras- han conseguido que el Gobierno diera marcha atrás. Ni las movilizaciones ni las criticas recibidas de organismos como la ONU o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tampoco los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional han logrado frenarla.
Todos los grupos parlamentarios del Congreso excepto el PP han llevado esta ley al Constitucional. No hay precedentes en el apoyo conjunto de todos los grupos de la oposición a un recurso de este tipo. Estos son los puntos más polémicos de la nueva ley, que según sus críticos recortan derechos y libertades:
- Manifestaciones frente al Congreso
El nuevo texto califica de infracciones graves las manifestaciones o reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma, independientemente de si se encuentran reunidas o no. Esta medida es la consecuencia de movilizaciones ciudadanas como Rodea el Congreso. En señal de repulsa ante esta medida, el pasado mes de abril se celebró una simbólica manifestación de hologramas frente al Congreso.
- Impedir un desahucio
Aunque no se encuentra dentro de las infracciones muy graves de la Ley de Seguridad Ciudadana, a partir de este miércoles la policía tiene la capacidad de sancionar a todo el que obstruya a cualquier autoridad o empleado público en la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Ésta es la respuesta por parte del Gobierno a las acciones que realizan plataformas como la PAH y que desde la organización se califican de “prácticas normalizadas”.
- Fotografiar a la policía
Las redes sociales se han convertido en un instrumento para difundir fotografías y grabaciones de denuncia de abusos policiales, que han servido en ocasiones como prueba para la condena de agentes. Ahora, la Ley Mordaza pena el uso no autorizado de material gráfico o datos personales de policías que puedan poner en peligro la seguridad de los agentes. Además, en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, queda prohibida la proyección de haces de luz que dificulten el ejercicio de sus funciones.
- Escalar monumentos
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana permite a los agentes multar la escalada de edificios o monumentos, siempre y cuando no haya autorización y exista un riesgo de que se produzcan daños en las personas o en los bienes. Queda claro que medidas como ésta surgen para frenar acciones como las llevadas a cabo por organizaciones como Greenpeace. La imposición de la sanción responderá a la existencia de un riesgo que será fijado bajo el criterio de la policía.
- Potestad policial
Desde la entrada en vigor de la nueva ley la policía tiene mucha mas potestad en lo referido a la entrada y registro de domicilios, la identificación de personas o la restricción del tránsito en las vías públicas. En este sentido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán entrar en los domicilios ante la necesidad de evitar daños inminentes. En cuanto a los registro corporales, la policía podrá realizarlos siempre que existan indicios de tenencia de instrumentos u objetos relevantes para el ejercicio de sus funciones. El registro será llevado acabo por un agente del mismo sexo que la persona que vaya a ser registrada.
Las sanciones a estas infracciones van desde los 100 a los 600.000 euros. Las infracciones leves irán acompañadas de una multa de 100 a 600 euros, las graves de 601 a 30.000 y las muy graves de 30.001 a 600.000.
En determinadas ocasiones recogidas en el texto estas multas irán acompañadas otras sanciones como puede ser la retirada de armas o licencias, el decomiso de los bienes con los que se haya ejecutado la infracción y la clausura de fábricas, locales o establecimientos. Las sanciones relacionas con infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Además, se podrán añadir a las sanciones la obligación de devolver a su estado original la situación alterada por la infracción.
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