La justicia tarda pero llegó para tres estadounidense que estuvieron secuestrados durante cinco años por las FARC. Un proceso que ha dejado en evidencia los presuntos vínculos del empresario venezolano Samark López con el grupo exguerrillero colombiano, ahora pacificado.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes trabajaban para Northrop Grumman Corporation, una compañía estadounidense de tecnología aeroespacial y de defensa global. La firma fue contratada por el Pentágono para localizar objetivos en el tráfico ilegal de drogas.
El 13 de febrero de 2003 realizaban un vuelo de control de drogas en una zona selvática al sur del territorio colombiano. Pero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) derribaron la aeronave. Al piloto, Tom Janis, lo asesinaron después de que la aeronave se estrellara.
A los tres los rescataron el 2 de julio de 2008, en el marco de la Operación Jaque que ejecutó el Ejército de Colombia. Entre los 15 rehenes rescatados también figuró la excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt.
En noviembre de 2009, junto a la viuda e hijos de Janis, iniciaron un juicio contra las FARC. Los cargos fueron por “daños y perjuicios” en calidad de “víctimas de terrorismo internacional”, y solicitaron una indemnización total por 240 millones de dólares.
En 2012, un juez federal de Florida les concedió una indemnización por 318 millones de dólares, pero no habían podido cobrarla. Eso fue así hasta 2018, cuando el presidente Donald J. Trump firmó la Ley de Compensación Antiterrorista. Esta permite a las víctimas de grupos terroristas embargar bienes incautados por EE.UU. en virtud de la ley de narcotráfico.
La justicia tarda, pero llegó
“La nueva ley permitió a los hombres ir tras los activos bloqueados de López en Estados Unidos que incluyen una cuenta de Citibank de 269 millones de dólares, 2 yates, un avión y bienes raíces de lujo en Miami”, informó Associated Press.
Este jueves, el juez de la Corte Suprema estadounidense Clarence Thomas rechazó una apelación de última hora de Samark López; y mantuvo la decisión de un tribunal federal de apelaciones que ordenó entregar $53 millones de las cuentas bancarias estadounidenses del empresario venezolano.
La información la dio a conocer la agencia Associated Press con base en un informe de Russ Dallen, jefe de Mercados de Capital de Caracas. La firma sigue de cerca los litigios que involucran a Venezuela.
A López lo señalan de haber hecho su fortuna gracias a los contratos con el régimen de Venezuela. Es muy cercano al exvicepresidente Tarek el Aissami, hoy ministro de Petróleo. Ambos están sancionados por el gobierno estadounidense por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional.
Sus abogados sostienen que los vínculos de López con las FARC son indirectos, dada su amistad con El Aissami. Este habría ayudado a las FARC a trasladar cocaína a través de Venezuela, según las autoridades estadounidenses.
Las FARC no fueron mencionadas cuando a López y El Aissami los sancionaron en 2017. Los cargos cargos criminales conocidos hasta ahora son por fletar vuelos privados en Estados Unidos en violación de las sanciones, no por tráfico de drogas.
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