Juan Munguira, profesor de los mercados financieros
Los bancos centrales han reaccionado: la Reserva Federal ha elevado los tipos entre el 2,25% y el 2,50% y el Banco Central Europeo ha subido 50 puntos básicos para moderar la tendencia ascendente de los precios. Con estas medidas pretenden evitar la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos y preservar la competitividad de las empresas. La mayor parte de la inflación afecta al incremento de los costes y no al aumento de beneficios.
El impacto de la inflación en el consumo, el incremento de los costes de producción, la incertidumbre bélica y geopolítica y las constantes disrupciones en las cadenas de suministro proyectan dudas razonables sobre las previsiones económicas de los trimestres venideros. Los esfuerzos nacionales tendrán que reflexionar sobre políticas que preserven la sostenibilidad de la deuda, encorsetando, al menos ligeramente, las políticas asistenciales
Los precios de la energía y los alimentos frescos no son los únicos responsables de la carrera ascendente del nivel de precios. La inflación, con la desestabilización social que ello acarrea, está registrando tasas elevadísimas en términos absolutos. Un elemento adicional que alimenta la tensión inflacionista es la depreciación del euro frente a otras monedas nacionales. Los bienes importados se encarecen. A título ejemplificativo, el precio del barril Brent ha pasado de 76 dólares a 108 euros en el último año, con un incremento aproximado del 41%.
El sistema financiero es un todo unitario complejo e interrelacionado. La ralentización de la economía pudiera generar que las entidades bancarias tuviesen que incrementar las provisiones para cubrir el deterioro de sus préstamos, lo que detrae recursos económicos al debilitado tejido productivo. Algunas agencias de calificación crediticia no descartan que el coste del crédito, que mide el nivel de provisiones sobre préstamos, se situé en una media de 75 puntos básicos.
La inflación genera también consecuencias fiscales: los gobiernos pueden extraer más rentas a través de impuestos. La recaudación se incrementa no solo a través de la imposición indirecta, sino también de la directa cuando no se deflacta el IRPF con la inflación existente. Cuando las empresas y las personas físicas incrementan sus rentas nominales para afrontar la pérdida de poder adquisitivo, los tipos impositivos escalan en los distintos tramos del impuesto sobre la renta.
La fiscalidad debe evitar incertidumbres sobrevenidas que perjudiquen la inversión. Se puede preservar que la situación fiscal de los contribuyentes no se modifique y se siga pagando, en concepto de impuestos, el mismo porcentaje anterior sobre los ingresos. Un sector doctrinal aconseja que ello ocurra cuando exista la certeza de una espiral de estanflación. En España, de momento, invocan que los datos no lo certifican indubitadamente.
Lo cierto es que el diseño legal del IRPF en España se basa en una progresividad tributaria y no debe ser arrinconado por la finalidad recaudatoria. Una inadecuada aplicación de la progresividad afecta al artículo 31 de la Constitución Española, que establece un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio.
Alemania ha anunciado una ley de compensación por la inflación para enfriar el efecto multiplicador de las tasas impositivas cuando los trabajadores incrementan sus salarios, que se ven absorbidos por la inflación existente. Esta reforma entiende que el aumento de los ingresos fiscales por el incremento de los precios no es equitativo y amenaza a la economía. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles afirmaba que existen distintas clases de amistad: las ventajosas, las placenteras y las caracteriales.
La relación con el fisco no puede ni debe ser placentera –se disfruta de la compañía del otro–, ni caracterial –se comparte la vida interior–, pero es ventajosa –utilitarista y superficial–, por lo que debemos buscar el equilibrio y no la inferioridad fiscal.
La pobreza energética es ya un episodio que forma parte de nuestra vida cotidiana. Con las medidas de restricciones al consumo energético aprobadas por la Comisión Europea, un nubarrón se cierne sobre la industria europea. El consumo de gas en Europa supone el 21% del consumo energético, mientras que en España el sector industrial representa el 50% del consumo nacional.
Existen tres pozos del consumo gasístico en España: la demanda doméstica, el sector industrial y la generación de electricidad con gas. Las potenciales restricciones gasísticas al sector industrial español pueden dañar gravemente el tejido productivo. El sector textil, alimenticio, químico y el de refino del petróleo, intensivos en el consumo de gas en sus procesos productivos, serían los grandes perjudicados.
Las noticias alentadoras también existen. La exportación y el saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos española refleja tendencias positivas que facilitan la financiación exterior de nuestra economía. Desde hace una década, ostentamos un saldo positivo de nuestra balanza de pagos y un incremento de nuestro porcentaje en el mercado internacional de bienes. El sector agropecuario, secundado por el automovilístico y el turístico, compensa y supera el déficit comercial agregado de los distintos sectores de la economía española con un superávit de 17.000 millones en el año 2021.
Las Instituciones de Inversión Extranjera (IIC) comercializadas en España se incrementaron el año pasado. El patrimonio que gestionan representa el 43,5% del volumen patrimonial existente, lo que certifica tanto la interrelación de las economías, como la necesidad de una razonable seguridad jurídica. Los ahorros tienen ruedas y los flujos monetarios no conocen ni límites, ni fronteras territoriales. La financiación exterior de nuestra economía así lo demanda.
Otra medida alentadora es el instrumento anunciado por el Banco Central Europeo para proteger la prima de riesgo de los países del sur de Europa. Se trata de un instrumento antifragmentación. En el mes de julio ha reinvertido 1.727 millones de euros en bonos españoles y 2.256 millones en bonos italianos con el programa PSPP (Public Sector Purchase Programme), procedentes de la desinversión en deuda alemana y holandesa. El mayor beneficiario global de la actuación del Banco Central Europeo ha sido Italia, con la adquisición de 9.700 millones de euros en su deuda pública nacional. España, con 5.900 millones; Grecia, con 1.089 millones, y Finlandia y Portugal, con 500 millones de euros, le siguen en la lista de beneficiarios.
Es razonable concluir invocando que doblegar la inflación demanda un esfuerzo conjunto europeo con todos los agentes sociales involucrados. Los déficits primarios proyectan debilidad en un contexto económico internacional. Un marco europeo de pactos de renta nacionales es más conveniente que nunca. Existen instrumentos comunitarios, como el tratamiento fiscal de la deuda corporativa o la implantación de tipos mínimos en el impuesto de sociedades, que pueden ayudar. El objetivo del equilibrio presupuestario no debiera ser olvidado.
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