Por Juan E. Ballesteros
14/2/2017
La Guardia Civil cree que hay indicios suficientes para investigar al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, en la trama corrupta de los ERE por un presunto delito de tráfico de influencias y ha pedido a la magistrada María Núñez Bolaños, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que instruye la pieza principal del caso, que decida si imputa a la autoridad eclesiástica y a los responsables de la Consejería de empleo implicados en esta ayuda.
Se trata del representante de la Iglesia católica con más alto rango imputado en en el caso, aunque no es el único, pues la jueza que inició las diligencias sobre los ERE en el año 2011, Mercedes Alaya, conocida como la magistrada que derribó a los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ya había abierto diligencias e imputado por corrupción a la monja de clausura Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía, tramitada ilegalmente como una de las partidas de los ERE antes de profesar en el convento de las Jerónimas de la localidad sevillana de Constantina. Fue acusado de dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma en un atestado aportado a la causa que Antonio Ceballos, que fue obispo de Cádiz y Ceuta entre los años 1993 y 2011, tuvo una “intervención directa” ante la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la consecución en el año 2009 de una ayuda económica de 300.000 euros destinada a paliar la precaria situación de la plantilla del geriátrico del Obispado de Cádiz, antiguo Hospital d eSan Juan de Dios. Un procedimiento getionado de forma irregular dentro de la denominada partida 31L de los ERE.
Al parecer, el obispo no solo no justificó el carácter excepcional de la ayuda sino que, además, según el atestado, “hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió; qué condiciones y/o requisitos deben de reunir los solicitantes de estas ayudas y cuál es la legislación que lo ampara». Para la Guardia Civil, da la impresión de que con esta actuación irregular “se buscara la redención a través de la intervención del Obispado”. Esta ayuda pasó a formar parte de los gastos corrientes de la institución religiosa y sirvió para abonar sin justificar todo tipo de facturas, hasta el punto de que el importe de los gastos sobrepasaba ampliamente la cuantía de la ayuda concedida.
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía decretó tras su análisis el archivo del expediente argumentando que no hubo mala fe por parte de los trabajadores. Esta decisión tuvo el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía.
El atestado considera asimismo responsable de estos delitos al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al viceconsejero Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, que habrían otorgado ayudas económicas «de forma supuestamente arbitraria y saltándose los procedimientos establecidos».
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