Por Efe
18/07/2016
Las denuncias sobre supuestos «amaños» en la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos del permiso de conducir han puesto sobre la mesa el interés en hacerse con una golosa tarta: en los diez años del modelo los conductores se han dejado unos 140 millones de euros para retornar al saldo inicial de su carné.
Independientemente de las denuncias cruzadas entre las tres principales plataformas que han resultado provisionalmente adjudicatarias del concurso -la decisión final está pendiente de los recursos en los tribunales-, las cuentas parecen claras.
Con los datos del balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) de la década del carné por puntos, se desprende que los miles de conductores que tuvieron que recuperar parcialmente o totalmente su saldo pasaron por caja y desembolsaron, como mínimo, 142 millones de euros.
Según los cálculos de Efe, si los 222.148 conductores que asistieron a los cursos de recuperación parcial (un máximo de seis puntos) pagaron una media de 200 euros, la cifra global casi alcanzaría los 44,5 millones.
A esto se sumarían los más de 98 millones que tuvieron que ingresar las 281.143 personas que acudieron a los distintos centros de sensibilización para poder volver a conducir tras dejar a cero su permiso y que abonaron una media de 350 euros cada uno.
Tasas que fija la Administración y que se recogen en el pliego de condiciones para concurrir al concurso de gestión de los cursos: 174,93 euros para recuperación parcial y 329,30 euros para la total, que no incluye impuestos ni tasa de examen.
En cualquier caso, con los ingresos totales por esta actividad, los centros -200 en la actualidad- tienen que afrontar los gastos de profesores, psicólogos, víctimas, material y adecuación de las aulas y supresión de barreras arquitectónicas.
Precisamente, esa adaptación de las autoescuelas adjudicatarias para poder impartir los cursos generó más gastos que ingresos en los primeros años de aplicación del carné por puntos, toda vez que el número de alumnos era necesariamente escaso al no haber dado tiempo a que los conductores perdieran el saldo.
Frente a quienes consideran que la gestión de los cursos es un gran negocio, fuentes de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), cuyos centros son los actuales adjudicatarios, recuerdan que el número de licencias ha bajado considerablemente por la crisis y, por tanto, menos conductores infractores a los que detraer puntos.
De hecho, según sus datos, en 2004 (dos años antes de la implantación del nuevo permiso) se expidieron 1.332.859 carnés y licencias, con 8.240 autoescuelas en funcionamiento. Doce años más tarde, y con mil centros más, la cifra de permisos cayó hasta las 710.532, casi la mitad.
Sea como fuere, sí existe interés en resultar adjudicatario de los cursos. A la convocatoria actual, cuyos pliegos definitivos se publicaron en marzo de 2015, se presentaron varias ofertas para gestionar los cinco lotes en los que dividió el mapa territorial, a excepción de Cataluña y País Vasco que tienen su propia convocatoria.
Mientras que la Unión Temporal de Empresas que encabezaba la CNAE ganó tres lotes, la dirigida por Pons Seguridad Vial consiguió uno y la liderada por la UNED otro. Unos y otros recurrieron y hasta hoy no hay una decisión definitiva.
Y por encima de este proceso sigue planeando la posibilidad de que se liberalice la gestión de los cursos, lo que supondría que cada centro pusiera su propio precio y que no se limitara a un cupo máximo de entidades, como ocurre hasta ahora con la cerrada cifra de 200.
Hubo un intento de hacerlo por parte del PP en el Senado con una enmienda que presentó en marzo de 2014 a la reforma de la Ley de Tráfico, pero tras negociar con los otros grupos parlamentarios, el partido mayoritario decidió retirarla. En suma, lo que pretendía era abrir a más centros la posibilidad de impartir estos cursos.
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