Por Efe
16/08/2016
La Fiscalía argentina pidió a la Justicia que llame a declarar con vistas a su posible imputación a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, según informaron fuentes judiciales.
El fiscal federal Gerardo Pollicita, que trabaja conjuntamente con el procurador Ignacio Mahiques, solicitó al juez Julián Ercolini que emita orden para que la exmandataria declare por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública junto a otros 33 acusados, en un dictamen difundido hoy por el portal de información de las Fiscalías argentinas. También solicitan al juez que dicte «la inhibición general de bienes» para los imputados.
Desde la acusación pública ven indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz que beneficiaron al empresario actualmente detenido Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
«Los ex presidentes de la nación escogieron a la provincia de Santa Cruz como la destinataria de las mayores inversiones en materia de obra pública vial, y dotaron al Ministerio de Planificación y a la Dirección Nacional de Vialidad de una importantísima cantidad de fondos para que se gastaran en ese concepto», alegan los fiscales en el texto, fechado a 12 de agosto.
Para los fiscales, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, que también quieren que declare como imputado, y los funcionarios de su cartera «otorgaron permisos irregulares de obra a favor de las empresas de Lázaro Báez».
Los fiscales señalan que existían «estrechos vínculos económicos» entre la familia Kirchner y el empresario santacruceño, como la explotación de negocios hoteleros que garantizó a los expresidentes «pagos millonarios». Báez, principal adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo en el sur del país, permanece detenido desde abril en el marco de otro expediente por presunto lavado de dinero. Su nombre aparece también en otras causas que investigan presuntos manejos irregulares en sociedades de la expresidenta Cristina Fernández y su entorno familiar.
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