La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga la vinculación del rey emérito Juan Carlos I con una serie de irregularidades y corrupción en un contrato con Arabia Saudí. La causa involucraría millones de euros en sobornos por la construcción de un ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca .
Los testimonios ofrecidos por la empresaria alemana Corinna Larsen, con quien Juan Carlos I mantenía una relación, señalan el rey emérito figura entre los que recibieron comisiones
La posición del Tribunal
La Fiscalía del Tribunal Supremo calificó la investigación como una “complejidad técnica innegable”. La causa se centrará en los acontecimientos posteriores a mediados de 2014 y está vinculada a otra de la Fiscalía suiza, sobre una supuesta cuenta millonaria del rey emérito en un paraíso fiscal.
Dada la “importancia institucional”, la investigación sería acusada a uno de los fiscales principales de la Corte Suprema y a tres asistentes.
No es la primera vez que las finanzas de Juan Carlos I están bajo la lupa. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna implicación legal. Los legisladores han rechazado al menos dos propuestas desde que surgieron las primeras solicitudes para abrir investigaciones parlamentarias.
Desde 2018, la justicia investiga estos hechos ocurridos en 2011. Pero el Tribunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca. Y solo a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe del Estado.
La Fiscalía del alto tribunal explica que asume la causa porque Juan Carlos I es «una de las personas involucradas en los hechos investigados». Son necesarias «nuevas diligencias que afectan directamente» a su figura.
La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. En ellas aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad a un consorcio español.
Un polémico caso
El diario Tribune de Gèneve publicó en marzo que Juan Carlos recibió, en 2008, 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudí, en una cuenta en Suiza. El fiscal suizo Yves Bertossa recaba pruebas para aclarar si ese pago tiene relación con el contrato para el «AVE del desierto».
El periódico británico The Telegraph informó que el rey Felipe VI había sido nombrado beneficiario de parte de ese dinero. El monarca actual renunció a cualquier herencia futura de su padre. También le retiró la asignación que tiene fijada a Juan Carlos I. El estipendio ronda los 200.000 euros anuales.
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