Por Miguel Ángel Artola
10/01/2016
El pasado 2 de enero, con el nuevo año recién estrenado, los técnicos de la Sociedad Aranzadi, bajo la dirección del prestigioso antropólogo forense, Paco Etxeberria, exhumaban los restos de un combatiente en el monte Urkullu, dentro del término municipal de la localidad vizcaína de Larrabetzu.
Nuevamente se ponía en práctica el protocolo para la investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil que tan buenos resultados está dando en Euskadi gracias a la implicación del Gobierno Vasco junto con la profesionalidad demostrada durante años por Aranzadi y su equipo multidisciplinar, capaz de trabajar en diferentes frentes para mantener vivo “el compromiso con la verdad” y el “derecho a la justicia” de los que en su día perdieron a sus seres queridos.
Toda exhumación cuenta con un riguroso trabajo previo. Los restos del combatiente recuperados de la ladera sur del monte Urkullu fueron localizados el pasado mes de agosto durante una prospección rutinaria. La investigación posterior apunta a que los restos hallados corresponden a un hombre muerto en las operaciones militares que tuvieron lugar en junio de 1937 durante la caída del llamado Cinturón de Hierro que protegía Bilbao del avance de las tropas franquistas.
Los restos de Uriguen Perea
Buena parte del trabajo del pasado año ha tenido como protagonistas a los defensores de Bilbao. A finales de agosto tuvimos la oportunidad de presenciar en directo los trabajos de Aranzadi para recuperar los restos de un Gudari, Pedro Uriguen Perea – combatiente nacionalista vasco – perteneciente al batallón Otxandiano. Durante años una cruz con su foto, colocada por sus familiares en uno de los montes que rodean Gernika, había localizado el punto en el que al parecer fue enterrado tras ser alcanzado por las tropas franquistas que lo mataron en el propio monte tras ser apresado.
Con la presencia de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Monika Hernando, los técnicos de Aranzazi, ante la mirada de vecinos de los caseríos cercanos, comenzaron su trabajo en el punto que ya previamente habían localizado. No tardaron en dar con el esqueleto que fue enterrado con su uniforme y su correaje. La familia del combatiente, como en el resto de los casos, recibirá cuando terminen los trabajos un completo informe con la documentación, testimonios en vídeo y el informe forense.
En 2003 el Gobierno Vasco puso en marcha su plan de investigación para localizar información sobre las personas represaliadas, fusiladas y desaparecidas en la Guerra Civil, mucho antes de que con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa se aprobara la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007. Antes habían sido particulares, apoyados por diferentes colectivos los que habían logrado recuperar a sus seres queridos pero a partir de esa fecha la implicación de las instituciones permitió iniciar un trabajo profesional y protocolarizado siguiendo los estándares internacionales.
Más de 175 archivos y 500 testimonios
Desde entonces se han atendido en el País Vasco más de 1500 solicitudes de información por parte de familiares, que han requerido consultas a más de 175 archivos, registros y otros centros de documentación repartidos por diferentes ministerios y no siempre accesibles a los investigadores, al menos en sus primeras intentonas. Los técnicos de Aranzadi han grabado también más de 500 testimonios de protagonistas y familiares para mantener viva la memoria oral sobre los hechos.
Si bien el País Vasco ya estaba realizando un trabajo reconocido en la recuperación de la verdad, la visita del relator especial de la ONU a España y las críticas generales a la labor realizada desde las instituciones propició que Aranzadi y el Gobierno Vasco dieran nuevos pasos en su colaboración para poner en marcha el Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas. El plan presentado a finales del pasado mes de diciembre localiza 80 fosas repartidas por los tres territorios que conforman la comunidad, 28 de los cuales están ya en fase de investigación para determinar cuando y si es posible iniciar la exhumación de los restos.
También se ha querido hacer una aproximación al número de víctimas de la Guerra Civil en Euskadi y posterior represión a manos de los vencedores. Los datos aportados por el Gobierno Vasco y Aranzadi destacan que 6.300 republicanos perdieron la vida y 5.700 franquistas. 2.352 fueron fusilados por el bando de los sublevados y 764 por las tropas leales a la república.
Tarjeta Roja de la ONU
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, Pablo de Greiff, visitó España en 2014 para presentar un informe “sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. En sus reflexiones preliminares el relator afirmaba no entender como dada la fortaleza del Estado y la madurez de la sociedad civil no se haya podido establecer una verdadera “política de Estado” en materia de la verdad sin que exista información oficial “ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”.
También criticaba el “modelo privado vigente de exhumaciones que delega en las víctimas y asociaciones la financiación y el trabajo de recuperación de los restos”. Para muestra la financiación de exhumaciones con pequeñas aportaciones de socios, vía crowdfunding, o la aportación que realizaron en 2014 los sindicalistas nórdicos de Elogit que donaron 6000 euros para cubrir los gastos de varias exhumaciones en Lugo, León y Cádiz alarmados por la falta de compromiso público.
Pablo de Greiff dedicaba un apartado de su informe a la justicia, que lejos de ayudar en la búsqueda de la verdad apostaba por “un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad que no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación”.
La sorpresa del relator de la ONU
Reconocía su sorpresa por no existir censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. A pesar de sus críticas Pablo de Greiff llegaba a una España que al menos había logrado aprobar – no sin críticas y polémicas desde la derecha parlamentaria -una Ley de Memoria Histórica, que a pesar de sus carencias a la hora de implementarse había al menos iniciado iniciativas como la puesta en marcha de una web con información sobre más de 2000 fosas repartidas por toda la península y la puesta en marcha de un protocolo para las exhumaciones.
El relator reconocía también el trabajo realizado por los gobiernos de Andalucía, Cataluña y País Vasco en la búsqueda de la verdad y también los trabajos en el ámbito universitario desarrollados en Galicia y Extremadura. En el resto de España nulo apoyo público para que los familiares pudieran recuperar los restos de sus seres queridos o para acciones tendentes a recuperar la memoria histórica. Y desde 2014 las diferencias entre las comunidades dispuestas a seguir escribiendo el relato de la verdad han seguido creciendo. Las que ya tenían planes en marcha los reforzaron para atender las demandas del relator, para el resto, recuperar la historia sigue siendo algo que no va con ellas.
El antropólogo forense Paco Etxebarria aboga por la creación de una comisión de la verdad de carácter no judicial, tal y como ha propuesto Amnistía Internacional, con un límite temporal para intentar esclarecer casos de desaparecidos antes de que sus familiares fallezcan con el paso de los años. Luego podrá ser la historia la que descubra la verdad, pero ya no habrá posibilidad de resarcir moralmente a las víctimas. Decía el filósofo Manuel Reyes Marte, citado por Etxebarria, que “puesto que las víctimas tienen derecho a la memoria, la sociedad tiene el deber de la memoria”.
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