Estados Unidos sancionó empresas mineras por corrupción. Pretendía proteger a los trabajadores, pero obtuvo lo contrario: miseria y desempleo
Las minas han sido objeto del escrutinio internacional en los últimos años. En su manejo muchas veces convergen una ética flexible y daños ambientales. Siempre el eslabón más vulnerable y afectado en la explotación minera son los trabajadores. Esta situación quedó al descubierto en las minas de niquel en Guatemala, que fueron objeto de sanciones por el gobierno de Estados Unidos en noviembre de 2022. Un funcionario del Tesoro dijo que ayudarían a advertir a los «especuladores corruptos» las consecuencias que causan sus actos.
La medida, tal vez necesaria, la adoptaron en nombre del respeto de los derechos humanos y para ayudar a quienes laboraban allí. Sin embargo, generó todo lo contrario: miseria, desempleo y desarraigo. La minería en Guatemala ha sido acusada durante décadas de abusar de los empleados, contaminar el medio ambiente, desalojar violentamente a grupos indígenas y sobornar a funcionarios gubernamentales para escapar de las consecuencias. Esto impulsó a que activistas buscaran el cierre de las minas.
Las sanciones a la minería en Guatemala se impusieron en parte para «contrarrestar la corrupción como una de las causas fundamentales de la migración desde el norte de Centroamérica». Se produjeron mientras el gobierno de Joe Biden estaba gastando cientos de millones de dólares para frenar la migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero las sanciones económicas no aliviaron la difícil situación.
En cambio, privaron a miles de personas de un salario estable y sumieron en la pobreza extrema a toda una región. La población de El Estor se convirtió en un daño colateral. La situación les costó la vida a algunos de los pobladores, que se vieron obligados a emigrar.
Historia de las minas de El Estor
El Estor, ubicado en el departamento de Izabal, Guatemala, ha sido un epicentro de conflictos mineros durante décadas. Sus 20.000 residentes viven principalmente en chozas de una sola planta con techos de chapa ondulada. La historia de la minería en esta región se remonta a mediados de los años 60, cuando una empresa canadiense obtuvo autorización para operar.
Las comunidades indígenas q’eqchi’ de El Estor han hecho resistencia contra la minería. Las protestas por la contaminación del lago Izabal y la destrucción de sus tierras ancestrales no cesan. En 2017, una mancha roja gigante apareció en la superficie del lago, emanando de donde la mina expulsa agua, lo que provocó la indignación de los pescadores indígenas.
Las tensiones con la empresa de minería alcanzaron un punto crítico en 2021, cuando las comunidades bloquearon el paso a los camiones mineros, lo que llevó al gobierno de Guatemala a declarar un estado de sitio y a una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad.
La propiedad de las minas ha cambiado de manos varias veces. Inicialmente, las operaciones estuvieron bajo el control de INCO y HudBay Minerals Inc. En 2011, la empresa Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, adquirió los derechos de CGN y Pronico para desarrollar el proyecto Fénix en El Estor. Esta transición no solo trajo cambios en la gestión, sino también en la dinámica de los conflictos con las comunidades locales.
Sanciones al por mayor
El Departamento del Tesoro ha aumentado drásticamente el uso de sanciones financieras contra las empresas. Las sanciones han recaído en empresas tecnológicas en China, en productores de automóviles y gas en Rusia, en fábricas de cemento en Uzbekistán, así como una empresa de ingeniería y un mayorista en Bosnia.
Dos tercios de las sanciones que impuestas este año han sido a «organizaciones», incluidas empresas, un gran aumento con respecto a 2017, cuando solo un tercio de las sanciones eran de ese tipo.
Estados Unidos está imponiendo más sanciones que nunca a gobiernos, empresas y personas extranjeras. Sin embargo, estas poderosas herramientas de guerra económica tienen consecuencias no deseadas, perjudican a las poblaciones civiles y socavan los intereses de la política exterior estadounidense. Estos esfuerzos suelen defenderse por motivos morales.
Por ejemplo, las sanciones a las empresas rusas fueron una respuesta necesaria a la invasión ilegal de Ucrania. También ha justificado las sanciones a las minas de oro africanas con el argumento de que ayudan a financiar el Grupo Wagner, que ha sido acusado de ejecuciones masivas.
Las sanciones estadounidenses han costado a nivel mundial el empleo a cientos de miles de trabajadores en la última década. En África solamente han afectado a aproximadamente 400.000 trabajadores, ya sea a través de despidos o empujando sus trabajos a la clandestinidad. Las de la minería en Guatemala causaron 2.000 despidos después de que cerraran las minas de níquel.
Las empresas pronto dejaron de hacer los pagos anuales al gobierno local, lo que provocó que decenas de maestros y trabajadores de saneamiento también fueran despedidos. La actividad comercial se desplomó. Aunque levantaron las sanciones poco más de un año después, el desempleo, la pobreza y el hambre ya se habían instalado.
La corrupción minera
La minería corrupta como en Guatemala ha dejado una huella devastadora tanto en los ecosistemas locales como en la salud de las comunidades cercanas. El impacto más graves es la contaminación del agua.
Las operaciones mineras liberan metales pesados y productos químicos tóxicos, como mercurio y cianuro, en los cuerpos de agua cercanos. Esto no solo afecta la vida acuática, sino que también contamina las fuentes de agua potable y pone en riesgo la salud de las personas que dependen de estos recursos.
La deforestación es otro problema crítico. La extracción de minerales requiere la eliminación de grandes áreas de vegetación. Al hacerlo, se destruye el hábitat de numerosas especies y se contribuye con la pérdida de biodiversidad.También aumenta la erosión del suelo, lo que puede llevar a deslizamientos de tierra y otros desastres naturales.
Las emisiones de gases de efecto invernadero son otro impacto significativo. Las actividades mineras son responsables de una cantidad considerable de emisiones de dióxido de carbono y otros gases, que contribuyen al cambio climático. La degradación del suelo es igualmente preocupante.
La minería a cielo abierto y otras técnicas destructivas pueden dejar el suelo infértil y contaminado, lo que dificulta la regeneración natural y la agricultura futura. Asimismo, se afecta la capacidad de las comunidades locales para cultivar alimentos y mantener su sustento.
La destrucción del hábitat y la contaminación pueden llevar a la disminución de la fauna, en especial especies endémicas y en peligro de extinción. El ruido y el polvo generados por las operaciones mineras también tienen un impacto negativo. Son factores que pueden afectar la salud respiratoria de las personas y los animales cercanos.
Minimizar el daño ambiental
Garantizar la justicia ambiental requiere un enfoque multifacético que aborde tanto las causas subyacentes de la degradación ambiental como su impacto en las comunidades vulnerables. Fortalecer las regulaciones ambientales es esencial para redactar leyes estrictas que regulen las actividades industriales y mineras. Esto incluye la evaluación de impacto ambiental previa a la aprobación de proyectos y la supervisión continua para asegurar el cumplimiento de las normativas.
Las comunidades afectadas deben tener una voz activa en las decisiones que afectan su entorno, lo que implica consultas públicas, acceso a la información y mecanismos para expresar sus preocupaciones y propuestas. La transparencia en las operaciones industriales y gubernamentales y la rendición de cuentas son fundamentales para combatir la corrupción.
Se deben establecer mecanismos de rendición de cuentas para aquellos que violen las leyes ambientales. La educación y la conciencia ambiental también desempeñan un papel vital, al impulsar a las personas para que tomen decisiones informadas y participen activamente en la protección del medio ambiente.
Fomentar programas educativos y campañas de concienciación es esencial. Además, el desarrollo de alternativas sostenibles puede reducir la dependencia de actividades destructivas, promover la inversión en energías renovables, fomentar una agricultura sostenible y desarrollar programas de reforestación.
La justicia social y económica está intrínsecamente ligada a la justicia ambiental. Es necesario abordar las desigualdades económicas y sociales que hacen que ciertas comunidades sean más vulnerables a los daños ambientales, lo que puede incluir la creación de empleos verdes y el apoyo a las economías locales. Otro componente clave es que las comunidades afectadas cuenten con acceso a mecanismos legales para defender sus derechos ambientales, incluyendo la posibilidad de presentar demandas y recibir compensaciones por los daños sufridos.
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