Por Sagrario Ortega (Efe)
12/12/2015
El 2015 es el año de la eclosión del Daesh (Estado Islámico), con una intensificación de la actividad terrorista pero también de la contraterrorista, que en España, en alerta casi máxima, se ha traducido en un pacto político de nueve partidos, en reformas legales para apoyar esa lucha y en un número récord de detenciones. La última, la madrugada de este sábado en Ceuta. La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de nacionalidad española que captaba a menores para que se incorporasen a las filas de Daesh.
«España se ha enganchado de nuevo a la lucha antiterrorista, se ha puesto las pilas y a la intensidad del Estado Islámico ha respondido con medidas políticas, con un impulso de los mecanismos legales y con una mayor actividad policial», resume un experto en terrorismo yihadista de las fuerzas de seguridad.
Desde los atentados del 11M hace once años, España, bregada en la persecución de terrorismos como el de ETA o el Grapo, tuvo que incorporar a esa tarea un nuevo fenómeno, Al Qaeda, que se cebó en Madrid perpetrando la mayor acción de esa índole en Europa. Ahora, es el Daesh quien preocupa desde el convencimiento de que el enemigo también está dentro del propio territorio, tal y como han constatado la Guardia Civil y la Policía Nacional en las numerosas operaciones que han llevado a cabo este año y que les ha permitido alcanzar una cifra récord de detenciones: 101 hasta ahora de los 176 en toda la legislatura.
No ha habido atentados en España, aunque dos policías nacionales fallecieron en un ataque ayer contra un edificio próximo a la embajada española en Kabul, en Afganistán. En cualquier caso, los atentados sufridos especialmente por el país vecino, Francia, en el punto de mira de los yihadistas, obligaron al Gobierno a elevar el nivel de alerta antiterrorista del 3 al 4 en una escala de 5.
¿Por qué no se decidió elevarlo al máximo? Cada semana se evalúa el riesgo o la amenaza y, de momento, los servicios de inteligencia no han tenido indicios suficientes de la inminencia de un atentado en nuestro territorio. Incrementarlo al 5 supondría la presencia del Ejército en la calle para apoyar lo que ya se hace con el nivel 4 «reforzado», como dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de evaluar la amenaza tras los atentados simultáneos de París del 13 de noviembre. Más seguridad en las calles y protección de las infraestructuras críticas y de los transportes es en lo que se traduce el nivel 4. Ahora se sumará, como aprobó recientemente el Consejo de Ministros, la presencia de la Guardia Civil dentro de las centrales nucleares.
Aunque España no parece que sea objetivo inminente de un atentado yihadista, lo cierto es que, según han resaltado fuentes de la lucha antiterrorista, se ha observado una eclosión de la radicalización. Sin alcanzar los niveles de Francia o Bélgica, en España ha aumentado este año de forma considerable el número de personas radicalizadas, captadas generalmente a través de Internet (ya alcanza el 80%) y dispuestas a jurar lealtad al Estado Islámico.
Una labor de captación que se está dirigiendo especialmente a los colectivos más vulnerables, como mujeres y menores, como se ha podido comprobar en las operaciones policiales que han permitido desmantelar redes de reclutamiento e, incluso, evitar el desplazamiento de algunos, sobre todo mujeres, a zonas de conflicto. Y esa captación también tiene en determinados territorios su «caldo de cultivo»: Ceuta, Melilla, Cataluña, Madrid y algunas zonas de Levante.
Como ha recogido el Real Instituto Elcano, el perfil del yihadista en España, según se desprende de las detenciones, es éste: españoles, menores de 30 años, organizados en células, nacidos en Ceuta y Melilla y con una presencia creciente de mujeres y conversos.
Otro síntoma de ese aumento de la radicalización es, según las fuentes, el incremento de los combatientes que se desplazan a Siria o Irak desde España. Tampoco alcanza nuestro país las cifras alarmantes de Francia o Bélgica, pero los 136 actuales suponen un incremento relevante respecto a años anteriores.
Pacto político
Fuera de duda la eficacia policial, los políticos también se han puesto las pilas y han ido sumándose a un pacto antiyihadista con el que se quiere reforzar la unidad contra esta amenaza. PP, PSOE, CC, UPN y Foro Asturias, en primera instancia, y Ciudadanos, UPyD, Unió y el PAR, nueve meses más tarde, ya lo han rubricado para respaldar otras medidas incluidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que actualizan el reproche penal a este tipo de actividad terrorista.
Mientras, el Gobierno, consciente de que la lucha contra la radicalización es prioritaria en la batalla al Daesh (Estado Islámico), ya ha tomado las primeras medidas de un plan aprobado en enero y que ha estado diseñando el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Una página web (www.stop-radicalismos.es), un teléfono gratuito (900 822 066), un nuevo botón en la aplicación Alertcops para teléfonos móviles y la difusión on line de mensajes que contrarresten la narrativa del Daesh son las primeras medidas que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha dentro de ese proyecto de «Stop radicalismos».
Son medios -los tres primeros- para que de forma anónima los ciudadanos informen de las sospechas que tengan sobre personas que puedan estar radicalizándose o hayan podido viajar a zonas de conflicto. Y parece que dan resultado. Según Fernández Díaz, 24 horas después de ponerlos en marcha Interior había recibido numerosas denuncias anónimas de sospechosos de yihadismo, de las que 29 habían sido trasladadas a los servicios de la lucha antiterrorista para que las investigaran y determinaran su fiabilidad.
Conforme a los criterios de 
Saber más
