Decir que la salida del perseguido político Leopoldo López ha elevado las tensiones entre Madrid y Caracas es un eufemismo. Las acusaciones desde la Cancillería de la dictadura venezolana han echado por tierra las formas diplomáticas (nada que sorprenda). Ha responsabilizado a la Embajada de España como «principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga».
El canciller de la dictadura, Jorge Arreaza -cuyo currículo diplomático se limita a haber sido yerno del difunto Hugo Chávez-, acusó al Gobierno del Reino de España de haber incumplido, de manera flagrante, las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas entre los estados. Las acusaciones de la «diplomacia» chavista, como ha sido su costumbre, no vienen acompañadas con alguna prueba que las avale.
Acusaciones de todo tipo
«La inédita violación del contrato internacional que rige las relaciones civilizadas entre los Estados se remonta, al menos, al año 2017 y ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el embajador español acreditado en Caracas», dice un comunicado de la Cancillería.
Recuerda el documento que, tras la expulsión del embajador Jesús Silva, en enero de 2018, se acordó con las autoridades españolas su regreso en abril de ese año, bajo el compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales.
Sin embargo, continúa el texto, «la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aun más notable, al punto de cobijar, bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado por la justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014″.
El régimen de Maduro dice que el Ministerio de Exteriores de España se comprometió a no permitir la acción política de Leopoldo López. Sin embargo, agrega, desde la residencia oficial el líder político planificó la operación Gedeón. Un montaje de dos presuntas incursiones fallidas en las que habrían participado medio centenar de exmilitares y expolicías, según la versión de la dictadura. También involucran a dos contratistas militares estadounidenses, ambos ex boinas verdes.
El régimen afirmó, cuando se produjeron los hechos, que esa operación tenía como fin matar a Nicolás Maduro para “sembrar violencia y desestabilización en el país”.
Cómplice en la fuga
«El Reino de España participa activamente en la fuga de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia», expresa el comunicado.
Asimismo, se acusa al jefe de la misión diplomática española en Venezuela de ser el «principal organizador y cómplice» de la salida del país del opositor. En el texto se añade que realizarán las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Detención de trabajadores
El 24 de octubre, luego de que se conociera la salida del país de Leopoldo López, cuatro ciudadanos venezolanos fueron detenidos por la policía política del régimen. Fueron identificados como Nubia Campos, Ibrahim Sojo, Carlos García y José Neira. Campos, era la señora que le llevaba comida al dirigente político. Sojo y García prestaban servicios de seguridad al líder opositor. Neira era vigilante privado en la embajada.
Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, condenó la ola represiva y las detenciones practicadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Las calificó como una retaliación por la salida de Leopoldo López al exterior.
«Denuncio el secuestro de los trabajadores de seguridad de López, Ibrahim Sojo y Carlos García; la señora que le llevaba la comida, Nubia Campos, y el vigilante privado de la embajada de España, José Neira», publicó Acosta.
Silencio en Madrid
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de España confirmó que Leopoldo López pudo reunirse el domingo con su familia en Madrid. Había permanecido como huésped en la residencia de la Embajada en Caracas desde el 30 de abril de 2019.
“España reitera su convencimiento de que la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela requiere de una salida negociada, dirigida por los propios venezolanos, que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas”, manifestó.
“La decisión de salir de la embajada fue personal y voluntaria“, agrega el texto.
España niega violaciones a la Convención de Viena
La agencia de noticias Efe informó que fuentes diplomáticas aseguraron que el embajador Silva ha respetado siempre las normas establecidas. También ha observado las costumbres del país. Niegan que se haya violado la Convención de Viena, por lo que rechazan las acusaciones vertidas en el comunicado.
El Gobierno de España condenó las detenciones de personal de la Embajada en Caracas. También los registros realizados en casas de trabajadores adscritos durante la misma la noche del sábado. A su juicio, estos hechos sí violan la Convención de Viena.
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