Les ha resultado poco, al dúo indivisible de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantenerse en el poder por 14 años consecutivos, sin contar con los otros dos mandatos. Faltando menos de 5 meses para las elecciones generales, quieren despejar el camino y librarse de los opositores. La vicepresidenta del régimen de Nicaragua ha encontrado los peores improperios para dirigirse a los periodistas, garantes de la libertad y la democracia.
Murillo, esposa de Ortega, afinó una artillería de calificativos contra los periodistas. En su alocución habitual, por medios oficialistas, los acusó de «inventar cualquier cosa para sembrar el terror». Los tildó de «malignos», «hipócritas», «destructores», «criminales», «terroristas de la comunicación». Y agradeció a Dios que van «quedando en unos cuantos miserables».
Esta faceta de represión verbal, ha ido acompañada en estas semanas de tensión den ese país centroamericano, de detenciones a periodistas. También a líderes de la oposición, engrosando el número de presos políticos, ante lo ojos, cada vez más críticos, de la comunidad internacional que levanta su voz enérgicamente.
La vicepresidenta ocupó buena parte de su intervención pública en atacar la labor de los periodistas, cuyas «plumas están llenas de odio». Y dijo que de esa misma forma los ve el Gobierno que preside su marido, el sandinista Daniel Ortega.
«Así los vemos y así los repudiamos», insistió Murillo, tras agregar que los comunicadores son unas «chachalacas (aves bulliciosas)» y «urracas parlanchinas. Todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente. Qué calidad humana la que muestran las chachalacas, las urracas parlanchinas, si no es una cosa es otra. Pero siempre están queriendo instalar temor», lanzó la también coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Detenciones a periodistas en Nicaragua
Estos comentarios peyorativos ocurren en medio de las continuas citaciones que adelanta la Fiscalía General de Nicaragua a periodistas y directores de medios independientes. Para que respondan sobre delito de “lavado de dinero” del cual acusan a la extinta Fundación Violeta Chamorro. La Prensa señala que son más de veinte los comunicadores que han sido llevados a declarar.
Mientras tanto, el periodista y exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta de Chamorro, fue detenido. Y acusado de menoscabar la soberanía de Nicaragua, informó la policía.
Las fuerzas policiales detuvieron a Chamorro el viernes por “incitar a la injerencia extranjera” y “pedir intervenciones”. Además de “aplaudir” sanciones contra Nicaragua, en base a una ley que el régimen de Daniel Ortega aplica a opositores.
Asimismo, la acusación contra el político es por «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. Proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones».
Con el exdiputado, hermano de la aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, también bajo arresto domiciliario, el número de detenidos desde el 2 de junio se eleva a 20. Entre ellos, cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y exguerrilleros, a quienes el gobierno califica de “criminales”.
Pedro Chamorro también es hermano del periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas del régimen de Ortega. Esta semana anunció que se tuvo que exiliar por segunda vez en los últimos tres años, junto con su esposa, «para resguardar nuestra libertad». En medio de la ola de arrestos que existe en Nicaragua.
Rechazo internacional
La escala de persecución y atropellos a periodistas, políticos y antiguos amigos del régimen de Nicaragua ha tenido el rechazo internacional.
Estados Unidos ha repudiado las actuaciones del régimen sandinista. Y ha endurecido las sanciones contra cuatro asesores del mandatario, incluida su hija Camila Antonia Ortega Murillo.
Entretanto, la Unión Europea condenó las detenciones que se habían dado hasta esa fecha. Destacando el «deterioro de la situación política en Nicaragua». A esta posición se une la de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien emplazó “al régimen nicaragüense a un cambio urgente. En el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral».
Bachelet también urgió a «cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático».
Hay 59 países que han pedido ante la ONU liberar a los opositores, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante la OEA «una nueva fase de la represión» en Nicaragua. Y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial del bloque regional, proteger a cuatro opositores en «extrema situación de riesgo». La Corte resolvió pedir la liberación inmediata y la protección de la vida e integridad de los cuatro opositores presos en la cárcel de Nicaragua
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