La realidad de España está marcada por un fuerte desequilibrio poblacional, económico y laboral que arrincona, en los márgenes del olvido, a grupos sociales y grandes zonas rurales del país. La despoblación en España, también llamada la España Vaciada, es un fenómeno que va más allá del medio rural y poco a poco alcanza a varias provincias.
La fundación independiente Fuhem realizó el I Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España. Un informe exhaustivo que recoge “algunos asuntos cruciales que deberían centrar la atención de los diseñadores de políticas” que buscan una óptima calidad de vida de las poblaciones.
El documento toma el pulso del modo de vida de la sociedad española a través de tres grandes ámbitos: la alimentación, la movilidad y la vivienda. En sus 252 páginas hace énfasis en el desequilibrio poblacional y la polarización territorial. Precisa que más del 80% de la población española vive hoy en áreas urbanas, y más de la mitad lo hace en ciudades de más de 50.000 habitantes. Por el contrario, casi la mitad de todos los municipios españoles están actualmente en riesgo de despoblación, que albergan conjuntamente solo el 2,3% de toda la población.
En las últimas siete décadas la España más despoblada ha perdido casi la mitad de su peso demográfico, económico y laboral. Llevan a las grandes zonas rurales a un futuro incierto cuya calidad de vida está cada vez más desatendida. Además, estos desequilibrios poblacionales acarrean una profunda desarticulación territorial que tiene en el envejecimiento y en la masculinización del medio rural sus principales expresiones.
Mucho más de la despoblación en España
Las consecuencias ambientales y ecológico-distributivas del desequilibrio demográfico y la despoblación en España se plasman en el territorio a través de una polarización marcada. Con unas zonas especializadas en la extracción de recursos y en el vertido de residuos, y otras que han centrado su labor en la acumulación y el consumo. Este modelo socioeconómico y territorial, cada vez más polarizado social y geográficamente, conlleva una fuerte intensificación de problemas ambientales. Como cambios de uso del suelo, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, cambio climático.
También deriva en desventajas sociales como pobreza material, exclusión social, precarización laboral, desigualdad económica. Realidades que socavan las bases socio-ecológicas de una vida digna y de calidad en España.
En el transcurso de este siglo, el 63,2% de los municipios españoles han perdido población. Y casi la mitad (el 48,3%) han visto marchar a entre el 10 y el 50% de sus habitantes. Según datos del INE, Zamora, León, Orense, Lugo y Palencia son, por este orden, las provincias que mayor despoblación han sufrido entre 1996 y 2021.
Este desequilibrio territorial se ha profundizado en el último lustro. Ahondando en el proceso de despoblamiento de esa parte del país. Algunas zonas cuentan con densidades de población similares a las regiones más frías y despobladas de la península escandinava. Por debajo ,incluso, de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta dinámica demográfica tiene un impacto social y económico directo sobre el territorio que agudizan las ya grandes desigualdades existentes en España.
Desequilibrio poblacional y polarización territorial
Un estudio reciente del centro de estudios de Funcas examinó la evolución de 23 provincias españolas. Incluyó tanto las capitales de provincia como las ciudades de más de 50.000 habitantes. Concluyó que la España más despoblada ha perdido en las últimas siete décadas casi la mitad de su peso demográfico, económico y laboral. Estas asimetrías territoriales se manifiestan entre unos pocos polos de atracción de población, empleo y actividad económica. Y vastos territorios convertidos en puntos de fuga y abandono.
Fuhem resalta cómo el avance de la despoblación en España es un proceso que en los últimos años ha venido sucediendo más allá de los pequeños municipios rurales y afectan también a varias capitales de provincia y de comarca. Incluso a algunas ciudades de mediano tamaño. El éxodo rural vivido en España desde mediados del siglo XX está dando paso a un éxodo que, además de rural, es también urbano.
España, refiere el documento, afronta una suerte de “segunda oleada” de despoblación que está agudizando y dando continuidad a los efectos de la primera. Al mismo tiempo que concentra aún más población en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades del país. Fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Es el caso de lugares como Orense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres o Jaén, donde la población está disminuyendo tanto en la capital como en la provincia.
Al calor de esta segunda oleada de despoblación, en muchos municipios pequeños y de tamaño medio en España, se está haciendo cada vez más difícil prosperar. Dejan de ser destino de inversiones, infraestructuras y representación política. Esta espiral provoca cierres de locales, comercios y pérdida de servicios de toda clase. Impulsando una atonía social y de la vida cultural que crea un paisaje deprimente y regresivo.
Una regiones son proveedoras y otras consumidoras
Gran parte del éxodo poblacional vivido en España en las últimas décadas viene explicado por la decisión de los jóvenes de buscar oportunidades laborales y educativas en otras zonas. Tanto en las grandes ciudades españolas como en el extranjero. Un fenómeno que acelera aún más el envejecimiento de las áreas rurales, y contribuye al descenso de la tasa de fecundidad.
Actualmente, 743 municipios tienen más del 30% de su población con una edad de 75 o más años, siendo las provincias más afectadas las de Zamora, León, Lugo, Orense y Asturias. En casi el 25% de los municipios españoles la población jubilada supera a la de trabajadores activos.
La creciente brecha poblacional existente entre los territorios de España tiene implicaciones significativas en términos ambientales. Atendiendo a los flujos de materiales y energía existentes en las diferentes comunidades autónomas, se observa cómo su cualificación productiva y comercial ha consolidado dos tipos de regiones. Unas especializadas en la extracción de recursos y en el vertido de residuos y otras que se han centrado en la acumulación y el consumo.
Así, las regiones con mayor grado de aglomeración urbana y concentración poblacional (Madrid y la franja litoral mediterránea y vasca) se han convertido en atractores de todo tipo de recursos. Desde alimentarios, forestales, energéticos, minerales, entre otros.
Mientras que la España interior y las regiones económicamente periféricas han sido las que, en términos generales, concentran el grueso de la extracción física de recursos naturales y la emisión de residuos y contaminación.
Los agujeros negros
La polarización territorial y despoblación en España tiene un impacto muy llamativo en lo que a la energía eléctrica se refiere, sostiene Fuhem. Con unas zonas geográficas en donde predomina la producción, y otras el consumo.
En este sentido, Barcelona y, fundamentalmente, Madrid, actúan como verdaderos “agujeros negros” en términos energéticos. Demandan mucha más electricidad de la que sus territorios producen. Por el contrario, comunidades como Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura ejercen como productores y exportadores netos de electricidad. Principalmente de origen hidroeléctrico y térmico, con los consiguientes impactos ambientales.
Actualmente, el 77% de toda la potencia renovable instalada en España se corresponde con plantas ubicadas en municipios rurales. Las comunidades autónomas que más parques eólicos tienen son Castilla y León (266), Galicia (178). Le siguen Aragón (168), Andalucía (162) y Castilla-La Mancha (148).
Estas cinco comunidades acaparan el 73% de todos los parques eólicos de España. Produciendo, conjuntamente, el 79% de toda la energía eólica del país. Por otro lado, las tres comunidades que más energía solar fotovoltaica producen son Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Casi el 60% de la producción nacional. De forma similar, existen en España profundos desequilibrios territoriales en lo que respecta a las emisiones de gases de efectivo invernadero. Andalucía y Cataluña son, por este orden, las dos comunidades que más emisiones producen.
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