A menudo, se usa la desaparición forzada como estrategia para generar terror, inseguridad e incertidumbre a la sociedad. Actualmente, es un problema mundial que afecta a cientos de miles de personas, pues se perpetran durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo, según las cifras oficiales de las Naciones Unidas.
La desaparición forzada afecta principalmente a las víctimas. Al haber «desaparecido» de la sociedad quedan inmediatamente separadas del ámbito protector de la ley y se encuentran privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. El desenlace de una víctima de desaparición forzada puede morir y sufrir múltiples heridas físicas. En el caso de las mujeres son particularmente vulnerables a la violación sexual e intimidación. Aunque no sea el caso y tarde o temprano las liberen pueden padecer trastornos mentales y psicológicos por la tortura a la que fueron sometidas.
Para una familia perder a un ser querido de esta manera es un golpe sumamente duro. El no saber si regresarán algún día y el debatirse entre seguir luchando y ser perseguidos o darse por vencidos y acentuar el dolor. También tienen grandes pérdidas materiales, en algunos casos la legislación de su país hace imposible que puedan recibir pensiones o ayudas económicas ya que no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social.
Una desaparición forzada genera sensación de inseguridad también a la comunidad que rodea a la víctima. Por ello, se considera un método usado generalmente para infundir terror en los ciudadanos.
Una fecha para conmemorar a las víctimas
Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha busca reforzar la importancia de que se respeten los derechos humanos ante cualquier circunstancia. La iniciativa llegó el 21 de diciembre de 2010 a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209, manifestando su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo. La efeméride se celebra desde el año 2011.
A diario se presencian nuevos casos de desapariciones forzadas. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, ha destacado constantemente sobre la desaparición de defensores del medio ambiente, que con frecuencia pertenecen a pueblos indígenas.
Desde la ONU aprovechan cada 30 de agosto para hacer un llamado a los Estados, que tienen el deber de multiplicar sus esfuerzos por prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas y aumentar la asistencia prestada a estas y a sus familiares. Asimismo, señalan la importancia de que se lleven a cabo investigaciones judiciales creíbles e imparciales. La desaparición forzada es un delito de derecho internacional.
El suplicio que viven las familias de un desaparecido
Es fundamental en este día recordar a las víctimas más antiguas. Aunque pase el tiempo, los familiares y allegados de miles de desaparecidos no los han dejado atrás su lucha, y continúan con esperanza pero desesperación, exigiendo justicia ante tal crimen. Los más cercanos a las víctimas y los miembros de la sociedad civil también suelen sufrir represalias simplemente por exigir conocer la verdad, según el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.
Las familias y sus allegados necesitan de la solidaridad y el apoyo de todos, especialmente de la sociedad y de los políticos. En muchas ocasiones, los familiares no tienen la protección y el apoyo necesario en sus países y lo fueron a buscar en otros lugares: otros países, organismos internacionales, organizaciones religiosas y familiares de otras víctimas que les generan empatía.
Desaparición forzada en América Latina
En todas partes del mundo se cometen desapariciones forzadas. En América Latina destacan los países México y Colombia. Sin embargo, hubo alrededor de 90.000 personas desaparecidas entre 1966 y 1986 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Esa cifra se ha duplicado con creces en los años posteriores hasta 2021, según diversos organismos de derechos humanos.
Solo en Colombia, en los últimos 63 años ha habido 80.674 víctimas de desaparición forzada, 98.45% civiles, y 1,53% combatientes, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto. Los crímenes son atribuidos a paramilitares, guerrillas y a agentes del Estado.
Expertos de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas explican que los casos más comunes en esta región se dan cuando el Estado desaparece a las víctimas u ordena que las desaparezcan. Usualmente el contexto es una dictadura militar latinoamericana, como cuando los policías entran a las casas para detener individuos sin orden de aprehensión. Sus familiares ya no tienen el control y pocas veces pueden registrar a las víctimas.
Otro caso común en América Latina es cuando las personas desaparecen por acción de individuos o grupos privados, principalmente del ámbito del crimen organizado. También como consecuencia de desastres naturales y catástrofes similares o por la migración. Sea cual sea la causa, el Estado debe actuar ante una desaparición sea cual sea su causa, investigando quién es el responsable, según la Comisión.
La desaparición forzada se sigue usando para reprimir
Este 30 de agosto, Guterres envió un mensaje desde Nueva York con motivo del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Aunque está estrictamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos en toda circunstancia, esta estrategia sigue utilizándose en todo el mundo como método de represión, terror y sofocación de la disidencia. “La desaparición forzada priva a las familias y a las comunidades del derecho a conocer la verdad sobre sus seres queridos, a que se obligue a rendir cuentas, a la justicia y a la reparación”, señaló.
El Secretario General de la ONU, hizo énfasis en que aún en medio de una pandemia por la COVID-19, cada Estado debe permanecer en la búsquedas de los desaparecidos. «La pandemia se ha sumado a la agonía y la angustia de la desaparición forzada, al limitar las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas y de investigación de presuntas desapariciones forzadas», pero debe seguir siendo indispensable ayudar a atajar esta cobarde práctica, por lo que es fundamental apoyarse de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Concluyó el mensaje reiterando que «juntos, podemos y debemos poner fin a todas las desapariciones forzadas», e hizo un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen la Convención y colaboren con el Comité y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
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