Por Iñigo Aduriz
05/05/2017
Los abogados de Leopoldo López, dirigente de la oposición venezolana encarcelado desde 2013, quieren que además de las instituciones gubernamentales y distintos agentes sociales, la Justicia española también se implique en la lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro y el chavismo, en general. Y lo harán apelando al artículo 573 del Código Penal español, alusiva a los delitos de terrorismo.
La defensa del líder de Voluntad Popular en la que trabajan, entre otros, el expresidente del Gobierno Felipe González y el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, han instado este viernes a los tribunales españoles a que abran una «causa general» –en palabras del abogado Javier Cremades– contra el Ejecutivo del país al que consideran «dictatorial» y «terrorista» no solo por la situación de Leopoldo López y de otros «presos políticos», sino también por la represión que se está viviendo en las calles de Venezuela y el papel de los llamados colectivos, grupos armados que, según han señalado, están vinculados con el Gobierno de Maduro.
En una rueda de prensa en Madrid a la que también han asistido el padre de López y su hermana, Gallardón y Cremades –González no ha asistido al tener otro compromiso en Buenos Aires– han explicado que la acción que tienen previsto poner en marcha busca que «se garanticen los derechos humanos» de los venezolanos.
En principio lo que realizarán es una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional arguyendo la competencia de la jurisdicción española ya que al menos dos personas con nacionalidad española, los opositores venezolanos Andrea González y Yon Goicoechea, están encarcelados y, según Cremades, han visto «violados» sus derechos humanos por parte del Gobierno.
Una vez que el ministerio público actuara y, en el caso de que la Audiencia abriera una causa, los abogados de López han considerado que sería posible ampliar la denuncia a otros presos aunque no tuvieran la nacionalidad española, como es el caso de Leopoldo López, en esa suerte de «causa general» contra el chavismo.
Al margen de esas actuaciones ante la Justicia española, los abogados y la familia del líder de Voluntad Popular han enviado un requerimiento formal al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, para que «de manera urgente» se persone en la cárcel de Ramo Verde en la que está encarcelado López y logre entablar un «contacto personal» con él para conocer de primera mano su estado de salud y su ubicación.
Y es que como ha denunciado la familia, el aislamiento al que ha sido castigado el dirigente opositor ha impedido cualquier contacto con López desde el pasado 7 de abril cuando su suegra, la madre de su esposa Lilian Tintori, acudió al centro penitenciario a llevarle comida. Aseguran que no saben si está bien y ni siquiera dónde está. «No sabemos cómo está de salud ni dónde está y tampoco le permiten visitas», ha denunciado, visiblemente afectado, Leopoldo López padre.
Su hija y hermana del político, Diana López, ha asegurado que «la dictadura» de Maduro «ha violado todos los derechos humanos» de su hermano, que también ha sido «torturado», algo de lo que ha responsabilizado directamente al ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López. La familia no cree que la prueba de fe de vida hecha pública esta semana por el dirigente gubernamental, Diosdado Cabello sea verídica, ya que han asegurado que el cuerpo y el rostro del supuesto Leopoldo López no concuerdan con la realidad.
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