JONATHAN A. LESSER /City Journal
El cambio climático, que sirve como el villano de uso múltiple para cada evento adverso, es la fuerza impulsora detrás de las políticas energéticas de California. Sea en respuesta a la sequía del verano y los incendios forestales, las lluvias invernales y los deslizamientos de tierra, o el presunto aumento de precios por parte de las compañías petroleras que niegan el clima, California ha adoptado políticas energéticas que supuestamente vencerán el cambio climático, al igual que los héroes de Hollywood a los malhechores.
La historia de la regulación relacionada con el clima en California se remonta a dos décadas. En 2004, el gobernador Arnold Schwarzenegger, firmó una orden ejecutiva ordenando a las agencias construir una red de combustible de hidrógeno en las carreteras del Estado para 2010. Nunca sucedió. Hoy en día, 53 de estas estaciones funcionan el Área de la Bahía y Los Ángeles, para dar servicio a los aproximadamente 10.000 vehículos de celdas de combustible de hidrógeno que circulan en el área. El costo promedio para construir cada estación fue de aproximadamente 2 millones de dólares. Eso equivale a alrededor de 10.000 dólares por vehículo, excluyendo el costo del hidrógeno.
Al año siguiente, Schwarzenegger estableció los primeros objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para alcanzar los niveles de 1990 para 2020 y un 80% por debajo de los niveles de 1990 para 2050. El estado cumplió la meta de 2020 y más, con emisiones totales de solo 369 millones de toneladas métricas.
En 2007, Schwarzenegger firmó una orden ejecutiva que impone un estándar estatal de combustible renovable que requiere una reducción del 10% en la intensidad de carbono de todos los combustibles para el transporte. Posteriormente, se modificó para exigir que fuese del 20% para 2030. El estándar es un requisito para producir biocombustibles, como el etanol, y vehículos eléctricos.
La legislación para reducir la emisión de gases invernadero comenzó en serio en 2016 con la SB 32, que requería una reducción del 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. En 1990, las emisiones relacionadas con la energía totalizaron 387 millones de toneladas métricas, lo que equivale a poco más del 1% de los 34.000 millones de toneladas métricas de emisiones mundiales en 2021.
Además, las emisiones mundiales han aumentado anualmente en un promedio de más de 400 millones de toneladas métricas desde 2010, y en un promedio de casi 500 millones de toneladas métricas desde 2000. En definitiva, si California redujera sus emisiones a cero mañana, compensaría el crecimiento de menos de un año en las emisiones mundiales y no tendría un impacto medible en el clima.
La legislación más reciente estableció como meta una reducción del 55% en las emisiones por debajo de los niveles de 1990 para 2030 y una reducción del 85% en todas las emisiones en 2045 a más tardar. También requiere electricidad de «emisiones cero» para 2045, lo que significa que las necesidades de electricidad de California deberán satisfacerse con energía eólica y solar, con una porción de energía geotérmica e hidroeléctrica agregada.
Para cumplir con estos objetivos, que tampoco no tendrán un impacto medible en el clima mundial, los políticos y reguladores californianos han promulgado una mezcla heterogénea de prohibiciones en casi todo lo que utiliza combustibles fósiles. Se prohibirá la venta de automóviles y camiones ligeros nuevos de combustión interna a partir de 2035, y en 2045 empieza la prohibición de la venta de grandes camiones diésel. (El 1 de enero pasado entró en vigor la prohibición de operar camiones diésel con motores fabricados antes de 2010).
Aunque con el embrollo que se armó con el anuncio, la prohibición nacional de la venta de las estufas de gas no ha prosperado, California promulgó la prohibición y entrará en vigencia en 2030. Ese mismo año, se prohibirán nuevos hornos de gas y calentadores de agua, y la venta y el uso de pequeños hornos y motores de gas (por ejemplo, cortadoras de césped, motosierras y generadores portátiles).
¿Y de qué sirven las prohibiciones de lo “malo” sin los mandatos correspondientes para lo “bueno”? Además del mandato de 100% de electricidad sin emisiones para 2045, California en 2020 requirió que todas las casas unifamiliares y edificios de apartamentos de poca altura nuevos deben tener paneles solares. Un mandato similar para los nuevos edificios de gran altura entró en vigor el 1 de enero de 2023.
No satisfecha con todas estas restricciones, la Junta de Recursos del Aire de California presentó en noviembre pasado su plan de alcance integral para lograr la «neutralidad de carbono». Ese plan se inserta en casi todos los aspectos de la vida diaria de las personas, desde el diseño de comunidades que “animan” a las personas a caminar y andar en bicicleta hasta la eliminación del consumo de carne y lácteos. El plan admite que lograr los objetivos requerirá inventar tecnologías que aún no existen, incluida la quema de hidrógeno «verde» (es decir, hidrógeno producido por electrólisis del agua usando energía eólica y solar) en instalaciones industriales, como las que fabrican cemento. El plan incluso requiere el desarrollo de tecnologías para absorber o secuestrar millones de toneladas de carbono directamente del aire.
Se desconoce cuánto costará todo esto, aunque el plan cita estudios que muestran que California y el resto del país pueden lograr la neutralidad de carbono y ahorrar dinero en el proceso. Sin embargo, son estudios que se basan en suposiciones y proyecciones que carecen de credibilidad. De hecho, casi admite que su trabajo está “basado fundamentalmente en la esperanza”. Es muy bueno tener esperanza en el futuro y en las nuevas tecnologías. Pero implementar mandatos estrictos basados únicamente en ilusiones no es realista.
Nada de lo que haga California para reducir las emisiones reducirá los incendios forestales catastróficos, que en los últimos cinco a siete años han sido causados principalmente por la incompetencia de Pacific Gas & Electric para mantener su sistema de transmisión y distribución, incluido el desastroso Camp Fire de 2018, que mató a 85 personas, y por el cual PG&E se declaró culpable de homicidio involuntario.
Nada de lo que haga California para reducir las emisiones reducirá las sequías periódicas o las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. No obstante sus políticas energéticas han logrado algo concreto: dañar la economía de California y empobrecer a millones de residentes. Los californianos pagan el precio promedio de electricidad más alto de los 48 estados contiguos y los precios promedio más altos de gasolina y diésel. Como era de esperar, los residentes y las empresas están huyendo. Y los sectores agrícola y manufacturero han sido devastados.
La falta de voluntad de California para enfrentar las realidades energéticas, ambientales y económicas darían risa si no fuera por los costos cada vez más ruinosos de sus políticas verdes, especialmente para los pobres. En 1971, cuando Boeing se tambaleaba económicamente, una valla publicitaria en Seattle decía : «¿Apagará las luces la última persona que salga de Seattle?». Es posible que California no tenga que esperar a que eso suceda. Lo más probable es que las luces se apaguen solas.
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