Dice el punto 1 del “Memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional” lo siguiente: “La República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.
Detengámonos en una frase de este párrafo: …“adoptará todas las medias necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia”. Y preguntémonos qué tendría que ocurrir para que esta promesa fuese cumplida por el régimen, de modo que los derechos desconocidos y violentados de miles de personas y empresas, durante años y años, fuesen restituidos.
Una primera consideración se refiere al carácter del régimen –su naturaleza, su andamiaje, su existencia misma– que se ha levantado sobre la destrucción del Estado de Derecho a partir de la colonización absoluta del poder judicial, de la ocupación de la totalidad de las instituciones, de la instauración de un estado permanente de colusión de todos los poderes públicos, con la única excepción de la legítima Asamblea Nacional, a la que ha neutralizado y perseguido utilizando todas las formas de guerra sucia –incluida la coacción física– imaginables.
Así las cosas, la garantía de justicia que el régimen se ha ofrecido a conceder exigiría, como primer paso, el desmontaje de la estructura entera del Poder Judicial del régimen –me refiero al Tribunal Supremo de Justicia y al conjunto de las mafias tribunalicias– que ha protegido y avalado no solo los crímenes de lesa humanidad, sino toda clase de irregularidades, corruptelas, abusos, ejercicio constante y desproporcionado del poder, además de secuestros, desapariciones forzosas, detenciones ilegales, violaciones, torturas, asesinatos y más.
Lo que existe en Venezuela no lo podemos llamar “administración de justicia”, sino lo contrario: un engranaje especializado en la denegación de justicia
Hay que recordar que, hasta ahora, son 11 los detenidos en las mazmorras del régimen que han sido asesinados por sus torturadores o los han dejado morir negándole la atención médica.
Pondré el ejemplo del robo del edificio de El Nacional, un caso que me concierne, que conozco en sus detalles y que es revelador de cómo opera, en la realidad, lo que no podemos llamar “administración de justicia”, sino lo contrario: un engranaje especializado en la denegación de justicia.
Resulta que por reproducir en 2015 una información publicada en diarios de otros países, que anunciaba el inicio de una investigación –que, más adelante, arrojaría resultados positivos, como se anunció en 2019–, se sometió a El Nacional a un juicio plagado de irregularidades, en el que se omitió el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley y que, bajo la presión directa del demandante, el sistema de tribunales del régimen estableció una penalidad absurda.
Exigía a la C.A. Editora El Nacional el pago de más de 13 millones de dólares. Emitida la sentencia, procedieron a la ocupación armada en un juicio entre particulares a cargo de funcionarios de la FANB. Nada menos que la sede de un diario de histórica vocación civilista fue militarizada para que el abuso y la desproporción del poder resultaran descarados y muy visibles.
La sede de un diario de histórica vocación civilista fue militarizada para que el abuso y la desproporción del poder resultaran descarados y muy visibles
Adoptar las medidas necesarias debería comenzar por la liberación inmediata de los presos políticos, no solo los civiles, sino los militares, sometidos a los más dolorosos y perversos programas de torturas, en los que aparecen comprometidos los altos mandos de la estructura militar.
Adoptar las medidas necesarias exigiría revisar cada uno de los casos de los torturados, hacer un seguimiento de la cadena de mando, con todas las implicaciones, para investigarlos, detenerlos, enjuiciarlos y llevarlos a la cárcel.
Adoptar las medidas necesarias incluye determinar quiénes han facilitado los recursos institucionales y presupuestarios para poner en funcionamiento cuerpos y unidades dedicadas a la represión y la tortura; quiénes han dado las órdenes destinadas a la violación de las leyes o el asesinato de los perseguidos; quiénes han protegido, por acción u omisión, a los criminales materiales de las violaciones de las leyes; y habría que determinar quiénes son los planificadores, los consejeros y los autores intelectuales.
Pero no solo eso. También habría que determinar quiénes forman parte del entramado de complicidades. Quiénes, en los medios de comunicación oficialistas, han justificado o encubierto estos hechos. Quiénes, por ejemplo, en la Fiscalía del régimen, habiendo podido impedir que se cometieran estas acciones atroces no hicieron nada y permanecieron cruzados de brazos o, lo que es todavía peor, los han justificado, inventando conspiraciones, falseando expediente, fabricando falsos testigos.
En realidad, adoptar las medidas necesarias exigiría, finalmente, detener a Nicolás Maduro y someterlo a juicio. Para que el régimen cumpliese con la Corte Penal Internacional tendría que ordenar la detención del Tribunal Supremo de Justicia. Y de Cabello. Y del Alto Mando Militar. Y de los jefes del SEBIN, DGCIM, FAES, CONAS y otros. Tendría, en primera y última instancia, salir de la escena. Solo así se restituirá la justicia perdida en Venezuela.
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