El Comité de Bioética de España aprobó por unanimidad rechazar la proposición de ley de eutanasia, de convertir esa práctica en un derecho y, por tanto, en una prestación sanitaria. La totalidad de los miembros de ese órgano consultivo del Gobierno repudió el texto legislativo, actualmente en curso en el Congreso de los Diputados.
En el Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir el comité advirtió que legalizar la eutanasia supondría “un camino devastador para la protección de la vida humana”.
Consideran, además, que “el deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida en forma directa o indirecta, y en aquellos casos de gran sufrimiento físico o psíquico, debe ser siempre mirado con compasión”. En función de ello, se deben “evitar los dolores y procurar una muerte en paz”.
Sin embargo, los doce firmantes aseguran que “tal compasión no debe legitimar ética ni legalmente acudir a la eutanasia. También es un suicidio asistido».
En ese contexto, el CBE propone la protocolización de la buena práctica médica. También la del recurso a la «sedación paliativa» frente a casos de «sufrimiento existencial refractario». Ello, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad.
Estas posibilidades, argumenta el comité, «deberían constituir, ética y socialmente, el camino por emprender. Y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública”.
La propuesta, entiende el comité, “cobra aún más sentido cuando miles de los mayores han fallecido durante la pandemia, en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna”.
CBE y juristas dicen «no» a la eutanasia como derecho
En línea con el Comité de Bioética, más de 160 juristas han pedido al Congreso de los Diputados que paralice la tramitación de la proposición de la ley de eutanasia.
El manifiesto afirma que la norma es “inconstitucional y contraria a la dignidad de la persona humana y a los derechos más fundamentales que le son inherentes. Derechos garantizados por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos”.
Asimismo, los académicos, catedráticos y profesores de Derecho de varias universidades públicas reiteran su emplazamiento para que se retire esta iniciativa legislativa. Señalan que “constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos”.
Los juristas coinciden con el CBE en poner en la mesa del debate lo sucedido con los mayores durante la crisis sanitaria. “Lo ocurrido en la pandemia ha evidenciado aún más el deber de volcar el cuidado de los mayores y enfermos graves. Y de velar, sin restricción alguna, por su vida”, aseguran.
Esta postura será consignada al Congreso de los Diputados para su consideración. Entretanto, José Luis Martínez López-Muñiz, catedrático de Derecho Administrativo, se refirió al texto. Catalogó de “insólito” que una ley orgánica de la dimensión de la eutanasia se tramite como proposición y no como proyecto de ley.
“Es algo absolutamente inusual en nuestra tradición parlamentaria de los últimos 40 años. Es muy raro que haya proposiciones de leyes orgánicas relativas a derechos fundamentales”, afirmó a ABC el profesor emérito de la Universidad de Valladolid.
Lee también:
Conforme a los criterios de 
Saber más
