El 5 de noviembre se produjo un giro que podría resultar decisivo para el próximo desenvolvimiento de la democracia española: la edición número 292 del Boletín Oficial del Estado informó que el Consejo de Seguridad del Estado, en su reunión del 6 de octubre de 2020, aprobó “el Procedimiento de actuación contra la desinformación”. Esto significa que se ha creado e institucionalizado, el instrumento con que el poder se propone actuar en contra de la libertad de informar y opinar. Se ha puesto en movimiento una comisaría para controlar y suprimir el libre periodismo.
Las ocho páginas del documento son un batiburrillo donde las supuestas buenas intenciones, finalmente no logran ocultar el propósito de fondo. En el “Contexto” se mencionan asuntos que preocupan al ciudadano que aspira a vivir en libertad: el obstáculo que las fake news constituyen para el acceso a “la información veraz y diversa”.
Citan el Flash Eurobarometer de abril de 2018, en el que 88% de los encuestados habrían señalado que la desinformación es un problema en España. También se trae a cuento, sin rigor alguno, el complejísimo tema de Información y COVID 19, como un antecedente que haría necesaria la creación de la Comisión Permanente contra la Desinformación.
Y, como joya de esta precaria argumentación, se sostiene que el comité de la verdad viene a cumplir con los tres lineamientos del European Democracy Action Plan, de la Comisión Europea:
1 Incrementar la protección de los sistemas electorales para que sean libres y justos;
2 “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil”; y
3 “abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19”.
Lo que sigue en las siguientes cinco secciones del documento no es más que el esquema, en cierto modo inacabado y poco transparente, de cómo la Comisión Permanente contra la Desinformación, cuya coordinación estará a cargo de la Secretaría de Estado de Comunicación –es decir, no ha sido creado como un organismo autónomo y técnico del Estado, sino como una dependencia del gobierno de Iglesias y Sánchez– actuará bajo un mandato unilateral y político, que es perseguir la información y la opinión que afecte sus intereses.
Y, llegado a este punto, resulta imprescindible preguntarse por la legitimidad de los promotores del «comité de la verdad». La respuesta es conocida y debo repetirla: se trata de la creación de un gobierno patológicamente mentiroso, que ha mostrado, justo alrededor de la pandemia, reiteradas conductas de ocultamiento de información o de formulación constante de mentiras –como el inexistente comité de expertos–, en que la materia que se ha puesto en juego, con resultados catastróficos en lo humano y en lo sanitario, es nada menos que la vida de miles y miles de personas.
El paso dado no es un hecho aislado. Forma parte de la estrategia en curso, que consiste en desmontar pieza a pieza los componentes claves de la institucionalidad del sistema democrático que ha regido a España desde 1978: la Monarquía, la autonomía del Poder Judicial, el español como lengua vehicular, la libertad de expresión y opinión.
En mi criterio, no se equivocan los analistas que han señalado que estamos ante un golpe de Estado por capítulos, tal como fue aplicado con éxito absoluto en Venezuela.
Entre los muchos aspectos que merecen la atención y la inquietud del lector, quiero destacar dos: que en la comisión creada se entremezclan consideraciones de comunicación (en otras palabras, problemas de comunicación política, de tendencias de opinión, de información contraria a los intereses gubernamentales) con el ámbito de la seguridad de Estado.
La misma base conceptual que se utilizó en Venezuela y que le ha servido al régimen de Maduro para acusar falsamente a periodistas, dirigentes sociales, periodistas –como la reciente de la detención de Roland Carreño, asunto sobre el que el Gobierno de España no se ha pronunciado– y ciudadanos de delitos como terrorismo, instigación al odio, desestabilización del orden público, asociación para delinquir, conspiración, revelación de secretos del Estado, llamados a la desobediencia de la ley, irrespeto a las autoridades.
Insisto, sobre esa misma base conceptual el régimen de Maduro persigue, detiene y tortura a sus víctimas. El delito: criticar al poder. Denunciarlo. Poner en evidencia sus mentiras.
La otra cuestión fundamental se refiere al lenguaje general con que han sido definidos los objetivos de la comisión. Por ejemplo, ¿qué es un “evento desinformativo”? ¿Qué lo caracteriza? Esa misma generalidad le ha servido al régimen de Maduro para incriminar sin límites, puesto que, con un poder judicial politizado, cualquier cosa puede calificar como “evento desinformativo”.
Así, todo el procedimiento en contra de la desinformación se reduce a que un funcionario del socio-comunismo, sin más perspectiva que su profundo odio al sistema democrático, decidirá qué es y qué no es un “evento desinformativo”. Eso sí, el lector puede estar seguro de que el dictamen sobre la inexistente comisión de expertos de la COVID-19 inventada por el gobierno de Sánchez e Iglesias será que esa afirmación no califica como “evento desinformativo”. El alto poder goza de impunidad plena.
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