Chiquinquirá Pujol Cordovilla – bonaona@bonaona.org
El 12 de septiembre la Alianza Italiana Stop 5G convocó en Roma la Manifestación Nacional Stop 5G – Por la moratoria, la constitución y la autodeterminación digital. En esta manifestación se pedía la suspensión urgente de la tecnología 5G con sus evidentes repercusiones sociales-sanitarias-ambientales que atentan contra las libertades y derechos personales consagrados en la Constitución de Italia.
En el escenario se alternaron ponentes de los ámbitos médico-científico, político, educativo-escolar, jurídico, administrativo y artístico que convergieron al unísono denunciando los lados oscuros del 5G como modelo de sociedad hiperdigitalizada. A esta manifestación asistieron 1.500 personas y 40.000 la siguieron por streaming.
Para información del lector español, Italia es el país a nivel europeo con mayor conciencia social, liderazgo en iniciativas y éxito en la consecución de moratorias al 5G en pueblos, municipios, ciudades o regiones del país, que alcanza actualmente 600 localidades. Es también a través de la Alianza que se vehicula la solicitud al gobierno italiano de la aplicación urgente de una moratoria a nivel nacional. Esta organización ciudadana nació en 2018 tras la publicación del libro de investigación Manual de autodefensa para electrosensibles del periodista Maurizio Martucci, portavoz de la Alianza.
El 19 septiembre la Alianza Europea Stop 5G (creada en 2019 en el cantón suizo de Ticino e integrada por 21 países, entre ellos España) organizó en Lyon una marcha y una serie de debates públicos frente a la sede de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la OMS.
Con el lema Elegimos la sociedad en la que queremos vivir los organizadores del esperado evento internacional pidieron a la IARC, a los gobiernos nacionales y a los organismos de salud pública:
1) el examen de estudios independientes realizados por la ciencia sobre la contaminación electromagnética que no estén en conflicto con los intereses de la industria,
2) el reconocimiento del Principio de Precaución sancionado por la Unión Europea,
3) el cese de la instalación de contadores inteligentes, (los denominados contadores inteligentes para servicios de electricidad y gas),
4) la paralización del 5G a nivel europeo y la recalificación urgente de la carcinogénesis por radiofrecuencia, anunciada por la IARC para 2024,
5) la redefinición del concepto de ciudad inteligente (Smart City) y
6) sobriedad energética en lugar de los conceptos contradictorios de crecimiento verde y desarrollo sostenible basados únicamente en la hiperdigitalización y la hiperconexión inalámbrica masiva.
El 26 de septiembre el movimiento ciudadano internacional Stop 5G International convocó el Cuarto Día de Protesta Global 5G. En 25 países (y también en distintos puntos de España) salió la gente a la calle en forma de protesta pacífica, concentración o realizando actos informativos para expresar su objeción al 5G, advertir sobre los efectos nocivos de la radiación inalámbrica y crear conciencia entre la sociedad de que el 5G se está implementando en todo el mundo sin estudios de seguridad para la salud humana y ambiental, tal y como viene advirtiendo la comunidad científica desde hace años a través de sus numerosos llamamientos.
Las preocupaciones y reivindicaciones de estos manifestantes ya no se limitan únicamente a la salud humana, ambiental o planetaria. El mensaje de peligro se extiende a otras esferas: sociales, legales, económicas, políticas, tecnológicas y la opinión pública empieza a ser consciente de ello, a pesar de la falta de un debate público sobre el 5G y de un tratamiento neutro y libre de conflicto de intereses por parte de los medios de comunicación.
Mientras se sucedían estas movilizaciones ciudadanas a nivel internacional, la implementación de la tecnología 5G seguía su curso:
El 1 de septiembre Telefónica anunciaba públicamente el encendido del 5G en España. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, aseguró que “es un 5G para todos, sin excepciones. En todas las comunidades autónomas. Con este impulso, Telefónica acelera la digitalización de las Pymes, de las administraciones públicas y de todos los ciudadanos. Como la fibra y como tantas otras grandes cosas, el 5G es Telefónica”.
Sin embargo, el presidente ejecutivo no mencionó que esta activación del 5G se estaba produciendo sin el preceptivo informe de evaluación ambiental, tal y como marca la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y sin haberse constituido todavía la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, tal y como establece la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y tal y como denunció el Defensor del Pueblo en su resolución de 21 de agosto de 2019 y ratificó el pasado 23 de septiembre en la carta enviada al representante legal de la Plataforma Ciudadana QAE, Adrián Sánchez.
Con un día de diferencia el diario nacional La Vanguardia publicaba dos noticias en relación al 5G mostrando sus dos lados. El 6 de septiembre anunciaba que España estaba ultimando un sistema de reconocimiento facial de masas único en Europa, cuyas pruebas piloto se realizarían en el país antes de finalizar el 2020.
Este programa denominado IA MARS (Artificial Intelligence system for Monitoring, Alert and Response for Security in events) permitirá rastrear millones de caras por segundo en grandes concentraciones, sean estadios de fútbol, estaciones de transporte, conciertos, centros comerciales, ferias o manifestaciones a través de algoritmos de detección facial y a la baja latencia de las redes 5G.
Al día siguiente, el 7 de septiembre, el mismo medio publicaba un artículo firmado por el periodista y consultor ambiental, Santiago Vilanova, titulado «El 5G exige un debate público» resaltando que “los Estados están facilitando un marco regulador sin antes aplicar el principio de precaución y esperan que cuando se produzca el debate político sobre el 5G la tecnología esté consolidada.”
El periodista rememora otras situaciones parecidas comparando la situación actual del 5G con el uso de energías o productos químicos tóxicos permitidos hasta que no llegó su prohibición: “esta connivencia y deficiencia democrática ya la hemos experimentado cuando se introdujo la energía nuclear y pesticidas como el glifosato y los neonicotinoides”. Y también menciona los llamamientos internacionales de la comunidad científica citando (únicamente, porque hay muchos más) The Appeal que pone en alerta a la ONU y a la OMS “por los efectos de los campos magnéticos del 5G sobre los organismos vivos a niveles muy inferiores a los fijados por la mayoría de las directrices internacionales”.
El artículo es más crítico cuando hace referencia a la República Digital Catalana que propone el consejero de Políticas Digitales y Función Pública, Jordi Puigneró (Aclararemos que este proyecto resulta de la firma de un convenio entre Mobile World Capital de Barcelona, la Fundación i2CAT, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para captar ayudas europeas para desarrollar la tecnología 5G en Cataluña y posibilitar un escenario ideal para reivindicar un estado digital en forma de república. ¡La confluencia de intereses está servida!).
El periodista finaliza el artículo reclamando “un debate en el Parlament que debería contemplar los siguientes elementos:
1) Que el 5G no derivará en aplicaciones “tecno-autoritarias”,
2) Que las potencias de las ondas electromagnéticas de esta red no afectarán la salud de la población, y
3) Que el incremento del consumo eléctrico que provocará el 5G, entre el 2% y el 2,5% según los expertos, no afectará los objetivos de la Ley del Cambio Climático y de la transición energética.”
Ese mismo día, el 7 de septiembre, Jorge Riechmann publicaba en un extenso y profundo artículo sus 15 Tesis para la desdigitalización y el decrecimiento cuya lectura y análisis seguimos recomendando, y al que ya mencionamos la semana pasada en nuestra publicación Aceleración con tecnología 5G vs Humanidad.
¡Una muy buena cosecha la de septiembre! Prestemos atención al octubre. Por el momento, tomemos nota de estas tres fechas:
El 10 de octubre la Alianza Italiana STOP 5G convoca en Roma una “Marcha por la Liberación – No a la Dictadura Tecnosanitaria”.
El 13 de octubre finaliza en España el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones “por el que ciudadanos afectados o cualquier otro sujeto, persona o entidad pueda exponer sus opiniones o presentar los comentarios y documentos que estime oportuno” enviando sus alegaciones a la dirección: audiencia.normasteleco@economía.gob.es
Y el 31 de octubre se ha establecidocomofecha máximapara completar el Segundo Dividendo Digital y liberar la banda de 700 MHz y así poder desplegar los servicios de 5G.
Avanti tutti!
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