Recibir el monto correspondiente a la ayuda de emergencia social demora hasta dos meses en algunos ayuntamientos, aunque se otorga para atender necesidades urgentes referentes a alimentación, ropa o vivienda. Debido al alarmante e inhumano retraso, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone que estos auxilios dejen de ser subvenciones.
La enmienda solicitada a los grupos parlamentarios modificaría un solo artículo de la Ley General de Subvenciones. A cambio, las ayudas de emergencia social que ofrecen los ayuntamientos y diputaciones no tendrían carácter de subvención. Un cambio que simplificaría los procedimientos y aliviaría la carga burocrática.
La actual normativa retrasa por semanas las ayudas de emergencia social. Los más vulnerables ven que aun cuando muchos ayuntamientos incrementaron hasta un 30 % las ayudas a muchas personas se les imposibilita el acceso a los beneficios debido a «la rigidez de la intervención municipal».
José Manuel Ramírez, director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, subrayó que por rigideces burocráticas hay ayuntamientos que tardan casi dos meses en dar una ayuda de urgencia social. Cuando llega el pan ya se murieron de hambre. «Esto les hace perder todo su sentido. Además son dificultosas y humillantes», añadió.
Más de tres millones de personas dependen de la ayuda de emergencia social
La asociación pidió a los grupos parlamentarios que aprueben su modificación en el debate de los Presupuestos Generales para 2022. Insisten en que se tome en cuenta “la angustiosa situación que viven más de 3 millones de personas en España».
La asociación explica que durante 2020 solo fueron entregadas alrededor de 1 millón de ayudas de emergencia social El valor promedio de cada ayuda es de 184 euros. El gasto por este concepto ascendió a total de 160 millones de euros. «Estos datos contrastan con las cifras oficiales de pobreza en nuestro país: 3,3 millones de personas sufren carencias materiales graves, 12,4 millones en riesgo de pobreza o exclusión social y 4,6 millones de personas viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo», apuntan.
Ramírez enfatizó que en 2021 el Ministerio de Derechos Sociales incrementó el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales -destinado a ayuntamientos- hasta 100 millones de euros. Las entidades locales aumentaron sus ayudas de emergencia social, aunque «el injustificable retraso en distribuir ese crédito, lo ha hecho, en la práctica, inutilizable».
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