Amnistía Internacional/ España
- La falta de acceso a la atención a la salud mental en tiempo y calidad es una violación de derechos humanos que se ve agravada por la debilidad progresiva del sistema de atención primaria.
- El personal sanitario, junto a las víctimas de violencia de género y trata, personas migrantes, víctimas de acoso escolar e internos de prisiones, entre los colectivos más olvidados con problemas de salud mental.
- Tras ocho años sin estrategia de salud mental en España, las autoridades trabajan en una nueva y Amnistía Internacional presenta un documento con cinco recomendaciones para que cumpla con los derechos humanos y alcance a toda la población.
En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, Amnistía Internacional denuncia que actualmente en España, debido al desmantelamiento paulatino de la atención primaria en la última década, hay una atención claramente deficitaria de las personas con problemas mentales. El porcentaje de personas asignadas a atención primaria que presentan algún problema psicológico en 2017 fue del 27,4%. Es decir, más de uno de cada cuatro que acuden a consulta. Llama la atención que no se hayan hecho públicos datos oficiales posteriores.
“Una atención primaria fuerte garantiza el derecho de acceso a la salud mental de la población. Una atención primaria debilitada como la actual afecta negativamente al disfrute de este derecho en un momento crítico en el que la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los problemas mentales de la gente. El empeoramiento de la salud mental solo tendrá cura con una atención primaria reforzada”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
El acceso a la salud mental también es un derecho humano y actualmente se encuentra comprometido en España por la escasez de especialistas en psicología en la atención primaria, que es la principal puerta de entrada de las personas con problemas mentales.
Los problemas más frecuentes que refieren las personas que acuden a consulta sobre salud mental son ansiedad y depresión, (afecta más a las mujeres en edad adulta y a personas con menor renta), trastornos que se abordan mayoritariamente en la atención primaria. Amnistía Internacional considera urgente reforzar esta atención para evitar la medicalización y el sobrediagnóstico de los pacientes, así como potenciar la prevención, un enfoque recomendado por la Oficina del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.
La salud mental en España ha empeorado desde el inicio de la pandemia
La encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en febrero de 2021 sobre salud mental mostró datos alarmantes. Un 41,9% de las personas encuestadas “ha tenido problemas de sueño”, un 51,9% ha reconocido “sentirse cansado o con pocas energías” y el 23,4% ha sentido mucho o bastante “miedo a morir debido al coronavirus”. Asimismo, un 15,8% de la población ha experimentado uno o más ataques de pánico (9,4% hombres frente al 22,0% de mujeres). La Confederación de Salud Mental ha alertado sobre el empeoramiento de la salud mental.
La Agencia Española del Medicamento informó sobre el aumento progresivo del consumo de benzodiacepinas, sedantes e hipnóticos por la población española en 2020. Llegó a las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Igualmente, Antes de la pandemia, España ya aparecía como el país con mayor consumo de ansiolíticos en un estudio realizado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que cubre 85 países. Por último, hay estimaciones que apuntan a que las consultas con profesionales de la psicología se han incrementado en torno a un 30%.
Falta crítica de medios para atender personas con problemas de salud mental
Hoy en día, la atención primaria no tiene los medios para hacer frente a esta ola de empeoramiento de la salud mental.
Amnistía Internacional ha denunciado la falta de financiación adecuada de la atención primaria que no llega a cubrir todos los recursos que se necesitan para garantizar el acceso al derecho a la salud de la población. Como consecuencia de la infradotación de recursos, durante la pandemia han aumentado las barreras en el acceso a la atención primaria de personas con posibles enfermedades, así como las listas de espera para acceder a este nivel asistencial, y se ha reducido el tiempo de consulta y la atención domiciliaria.
Según datos del Defensor del Pueblo facilitados por las Comunidades Autónomas, las listas de espera para la consulta de psicología oscilan entre 15 y 90 días, según las diferentes zona de salud.
Estas barreras de accesibilidad y la ruptura del vínculo médico-paciente han puesto en riesgo el acceso de las personas con problemas de salud mental a una atención sanitaria adecuada, pues, por lo general, precisan de una atención particular, con más tiempo, y orientada a las necesidades y contexto de cada persona.
La estrategia planteada por las autoridades para hacer frente a esta situación no incluye ninguna información sobre el gasto que se realiza en atención primaria en salud mental, aunque sí se detalla el gasto en atención especializada, que se aproxima al 4%.
A nivel de recursos humanos, la estrategia señala la falta de recursos en lo que se refiere a especialistas en psicología clínica y a personal de enfermería con el título de especialista en salud mental y reconoce no disponer de información actualizada ni completa del personal que trabaja en centros sanitarios públicos del SNS en todas las comunidades autónomas y por tipo de centro.
Únicamente se incluye la cifra total de profesionales con los títulos de especialista a junio de 2021 (8.076 personas con título de psicología y 7.165 con título en enfermería especialista en salud mental). El informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2019, publicado en 2020 sobre recursos humanos, menciona que en atención primaria únicamente hay 319 especialistas de psicología.
Profesionales sanitarios, entre los más afectados por problemas de salud mental
Amnistía Internacional recuerda que la salud mental de los profesionales sanitarios ha empeorado durante la pandemia de la COVID-19 según un reciente estudio de la Organización Médica Colegial y la Fundación Galatea. En particular, las mujeres sanitarias, el personal médico de atención primaria y quienes tienen contratos interinos o temporales presentan peores indicadores de salud mental
Amnistía Internacional ha venido alertando también sobre ese deterioro de la salud mental del personal sanitario debido a la sobrecarga asistencial, la falta de refuerzos necesarios para seguir atendiendo a las necesidades de salud de la población durante la pandemia, las condiciones de trabajo, junto con una sensación de no abarcar todas las necesidades de salud de los y las pacientes y una percepción del creciente riesgo a cometer errores.
La organización considera esencial que el personal sanitario acceda a servicios de salud mental y subraya la necesidad de que la nueva estrategia de salud mental aborde las causas estructurales del empeoramiento de la salud mental de los profesionales de la salud que se esconden tras el malestar y el deterioro de su salud, como son la falta de financiación y de recursos humanos que provocan la sobrecarga asistencial.
Mujeres víctimas de trata, migrantes, menores víctimas de acoso escolar, personas con discapacidad e internos de prisiones, también olvidados en el tratamiento de problemas de salud mental.
Las mujeres podrían estar viéndose más afectadas por este incremento de los problemas de salud mental y las barreras en el acceso al sistema sanitario.
Amnistía Internacional ha denunciado durante los últimos años la deficiencia de recogida de datos sobre salud mental en relación a la violencia de género. Así, sobre violencia sexual no existen datos oficiales disponibles de cuantas mujeres han necesitado apoyo psicológico o cuantas lo han recibido. Por otra parte, Amnistía Internacional recuerda que actualmente no hay ningún recurso especializado de salud mental para las mujeres víctimas de trata de seres humanos. Además, las personas migrantes en situación administrativa irregular también tienen barreras de acceso ya que la legislación estatal no garantiza la universalidad en el acceso al sistema Nacional de Salud.
En relación con los menores, según el último informe PISA, un 17% del alumnado español manifiesta sufrir acoso escolar, por lo que Amnistía Internacional considera imprescindible poner en marcha acciones centradas en identificar y prevenir dicho acoso antes de que se produzca y que puedan prevenir problemas de salud mental en adolescentes, como son un adecuado sistema de denuncias complementario a los ya existentes, formación obligatoria al profesorado que permita identificar posibles casos y programas de ayuda entre iguales en los centros educativos.
Otro ámbito donde la salud mental requiere una especial atención son los centros penitenciarios. Según datos oficiales, el 29,9% de los internos/as refiere que le han diagnosticado alguna vez un trastorno mental, el 12% refiere que el diagnóstico fue en libertad, el 7,7% en prisión y el 10,2% se le ha diagnosticado tanto en libertad como en prisión. Las mujeres han sido diagnosticadas en mayor medida que los hombres de trastorno mental (42,5%). A pesar de estos datos, no todos los centros penitenciarios tienen en plantilla técnicos especialistas en enfermedad mental (psicólogos clínicos), como ya denunció el Defensor del Pueblo en el año 2019.
Ocho años después, nueva estrategia sobre salud mental en España
Amnistía Internacional quiere contribuir al proceso de elaboración de la Estrategia de Salud Mental (2021-2026) que está impulsando las autoridades. La organización hace público hoy un documento donde valora esta estrategia. En primer lugar, considera muy positivo el hecho de que se adopte una nueva estrategia, teniendo en cuenta que la última fue aprobada en 2009 para el periodo 2009-2013. Ocho años después se abre una nueva oportunidad para la mejora del acceso a servicios de salud mental en España.
Como aspectos positivos de la estrategia, Amnistía Internacional reconoce la inclusión del enfoque de derechos humanos que se está proponiendo, el reconocimiento de la salud mental como parte integrante del derecho a la salud, y la constante mención a garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud. Además, la organización valora positivamente el reconocimiento de la importancia de superar los determinantes sociales de la salud mental.
Sin embargo, Amnistía Internacional también ha identificado sombras en la estrategia de salud mental y para paliarlas destaca estas cinco recomendaciones a las autoridades sanitarias estatales y autonómicas.
- Adoptar medidas concretas para implementar el Marco estratégico de atención primaria en lo que se refiere a reducir el tiempo de espera de acceso a la consulta a 48 horas, establecer un nuevo cupo máximo de pacientes, y adoptar un plan específico en la atención primaria que evalúe necesidades, aumente recursos y plantillas e implemente un sistema de salud mental basado en la comunidad
- Recopilar información actualizada sobre profesionales de la psicología que trabajan en el Sistema Nacional de Salud e incrementar el número de psicólogos/as en los centros de atención para mejorar la atención de salud mental, y poder descargar así también la presión asistencial que sufre la atención primaria.
- Incluir en la redacción final de la estrategia de salud mental un plan de acceso a colectivos como las víctimas de violencia de género y trata, personas migrantes, víctimas de acoso escolar e internos de prisiones.
- Adoptar y poner en marcha un Plan de recuperación por síndrome de burnout y de estrés postraumático de los profesionales sanitarios, que integre una perspectiva de género.
- Poner en marcha un Plan de recursos humanos en la Atención Primaria cuya prioridad sea la estabilidad en el empleo, con una perspectiva de género y adoptar medidas legislativas que establezcan mecanismos permanentes de cobertura de las vacantes, evitando tener que recurrir sistemáticamente a la contratación temporal.
Lea también en Cambio16.com:
Conforme a los criterios de 
Saber más
