Por Juan Emilio Ballesteros
17/2/2017
Una lancha de la Armada, adscrita al Instituto Hidrográfico de la Marina y equipada con tecnología que detecta la presencia y situación de objetos sumergidos, se ha sumado hoy a la búsqueda en el río Guadalquivir de los restos mortales de la joven sevillana de 17 años Marta del Castillo, asesinada hace ocho años y cuyo cadáver desapareció sin dejar rastro en un caso que conmocionó a la opinión pública y que hasta ahora se ha saldado con la condena del joven que confesó la autoría de los hechos aunque no desveló el paradero del cuerpo.
Los efectivos que la Armada ha destinado al nuevo rastreo son la lancha hidrográfica transportable Escandallo y el bote hidrográfico del buque Malaspina, que ya se encuentran en el Guadalquivir y cuenta en su equipo con sonar para el barrido del fondo del río, que no supera los seis metros de profundidad en esa zona, de aguas muy turbias debido al estancamiento –se trata del brazo del río que se corta en la isla de la Cartuja–. A la vista de los resultados del barrido electrónico, los submarinistas del Grupo Especial de Operaciones de la Policía se sumergirán en los puntos que determine el estudio para completar la búsqueda.
El nuevo rastreo se realiza por orden judicial después de que el padre de la joven, Antonio del Castillo, entregara el pasado 1 de diciembre de 2016 en el juzgado que instruye el caso un informe que sostiene que el asesino confeso, Miguel Carcaño, habría arrojado el cadáver de la joven a una zona del río Guadalquivir donde no se habría rastreado anteriormente, pese a que es el lugar más cercano al domicilio donde tuvo lugar el crimen, situado solo a poco más de diez minutos y de fácil acceso a la orilla a través de una rampa.
El estudio en la dársena del río, en el cauce comprendido entre el puente de la Barqueta y la pasarela peatonal del Alamillo, en las inmediaciones del Club de Remo de Sevilla, fue realizado por el geofísico Luis Avial, que ya participó con un georradar en el rastreo llevado a cabo en el paraje rural denominado Majaloba, en el extrarradio de la capital, que concluyó sin resultados, como todos los que se han llevado a cabo hasta el momento. En esta ocasión, junto a un criminólogo cercano a la familia de la víctima, se ha utilizado un radar submarino similar a los que se emplean en la búsqueda de pecios que podría haber detectado restos humanos.
Pese a las reticencias de la autoridad policial, que ha protagonizado todas las búsquedas llevadas a cabo hasta ahora sin éxito ni resultado alguno, el juez dictó un auto la pasada semana en el que ordena «con los medios que el Cuerpo Nacional de Policía considere necesarios, la inspección del tramo del río en el que se localizan los focos o puntos de interés» en el informe aportado por Antonio del Castillo, «para la búsqueda y localización del cuerpo de la víctima».
El auto judicial justifica la apertura de una pieza separada del sumario principal para unificar todos los trámites en la búsqueda de los restos así como las diligencias pertinentes para “agotar la investigación de todas las hipótesis, por remotas que sean” capaces de arrojar luz acerca del paradero del cuerpo de la menor. El juez que encarga ahora a la Armada la búsqueda, reconoce no obstante la labor de la Policía y el esfuerzo y entrega de los agentes en este caso y recalca que “existe la causa principal, y en esta pieza separada, buena constancia de ese ingente trabajo policial, por más que su resultado no se haya visto recompensado con la localización del cuerpo de la menor, no deben dudar los familiares de la víctima de que se sigue y seguirá firme y constante en pos de ese objetivo bajo la supervisión y control judicial”.
El presunto malestar policial, surgido del supuesto desencuentro entre Antonio del Castillo y los responsables de la investigación, suma una nuevo y esperpéntico capítulo con la desaparición del informe interno sobre la investigación elaborado de forma paralela y tras la sentencia por la Policía, cuya existencia fue revelada recientemente por Eugenio Pino, número dos del cuerpo con el exministro Fernández Díaz. El padre de Marta pidió que esa información se desclasificase y se hiciese pública. El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que era concejal del Ayuntamiento de Sevilla cuando se produjo el asesinato, ha confirmado que, aunque ha solicitado estos documentos, al parecer nadie los encuentra.
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