Por Cambio16
08/11/2017
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La Audiencia Nacional podría decidir el embargo de los bienes del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y de los consejeros cesados del Gobierno de Cataluña, de no cancelar a tiempo la suma de 6.207.450 euros que les fue impuesta como fianza el pasado 31 de octubre, en relación a la querella por malversación de caudales públicos solicitada por la Fiscalía General del Estado y admitida por la audiencia.
«Requiérase -a Puigdemont y los 12 exconsejeros- a fin de que, en el término de tres días presenten fianza por importe de 6.207.450 euros, con el apercibimiento de que, si no prestaren dicha fianza en el término fijado, se decretará el embargo de sus bienes hasta cubrir dicha suma», señaló la jueza Carmen Lamela en el auto publicado hace 3 días.
El plazo finaliza este 8 de noviembre, por lo que si los consejeros cesados no abonan la cantidad de 6,2 millones de euros, podrían tener que responder con su patrimonio.
La jueza establecía esta fianza por la suma de las tres partidas presupuestarias que se aprobaron en Cataluña para la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre, y que más tarde fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Otro proceso para Puigdemont
A este proceso se sumó este miércoles una denuncia realizada por Hacienda ante el Tribunal de Cuentas para que se investiguen los costes del referéndum ilegal de “autodeterminación” del 1 de octubre y se les reclamena Puigdemont y a los exconsejeros, las “indemnizaciones procedentes”.
Hacienda pide a la Fiscalía que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el gobierno de Puigdemont para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto costó. En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron la ANC y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas.
Una vez que se determinen los perjuicios para el erario público, Hacienda plantea que se reclame a los exgobernantes independentistas catalanes “las indemnizaciones procedentes” tras el correspondiente “procedimiento de responsabilidad contable”.
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