La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la Ley de Transparencia que Hungría aprobó en 2017 en contra de las ONG que recibían donaciones del exterior.
Sin embargo, el primer ministro, Viktor Orbán, se refirió esta semana al derecho a la transparencia que pregona la ley y que deben ejercer los húngaros para saber tanto quiénes son los actores que están relacionados con la vida pública del país como de dónde proceden sus ingresos. En este caso, de las organizaciones no gubernamentales.
La sentencia afirma que la Ley de Transparencia levanta restricciones discriminatorias e injustificadas en contra de las organizaciones no gubernamentales y de sus donantes.
Restricciones discriminatorias
“En la sentencia Comisión/Hungría (Transparencia asociativa) (C-78/18), dictada el 18 de junio de 2020, la Gran Sala del Tribunal de Justicia ha estimado el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra dicho Estado miembro.
El Tribunal de Justicia ha declarado que, al imponer obligaciones de registro, de declaración y de publicidad a ciertas categorías de organizaciones de la sociedad civil que reciben directa o indirectamente ayuda del extranjero por encima de un determinado importe, y al contemplar la posibilidad de aplicar sanciones a las organizaciones que incumplan dichas obligaciones, Hungría ha establecido restricciones discriminatorias e injustificadas tanto respecto de las organizaciones en cuestión como de las personas que les conceden esa ayuda.
La Ley de Transparencia obliga a que las ONG —bajo amenaza de sanciones y hasta de disolución— se registren ante los órganos jurisdiccionales como “organizaciones receptoras de ayuda extranjera” desde el momento en el que las donaciones que reciban durante un año superen una determinada cantidad.
Asimismo, deben registrar al donante cuya ayuda sea mayor a 1.400 euros, aproximadamente, y el monto exacto de la donación. También están obligadas a difundir que son una “organización receptora de ayuda extranjera” tanto en su página web de inicio como en todas sus publicaciones.
La sentencia advierte que la publicación de esta información puede, crear un ambiente de desconfianza en contra de las organizaciones y disuadir a los donantes de Estados miembros de la UE o de países terceros a transferirles el dinero, pues su información tendría que ser publicada.
Hungría sigue apoyando la noción de transparencia
El primer ministro de Hungría sigue defendiendo la noción de transparencia en el que se basa la ley. Así, declaró que los húngaros tienen el derecho de saber quiénes son las personas que hacen actividad pública y de dónde obtienen sus ingresos.
“Los húngaros deben tener el derecho de saber sobre todos los actores públicos: quiénes son y quién les pagan. Tenemos derecho de saberlo. Entonces, queremos transparencia”, señaló, de acuerdo con información de About Hungary, publicación oficial de la Oficina Internacional de Comunicaciones.
| REUTERS /Marko Djurica
Para Orbán, esta misma noción de transparencia quedó “enterrada” en el fallo del Tribunal de Justicia. Considera que uno de los objetivos de la ley es “mejorar el nivel de información que disfrutan los ciudadanos y permitirles participar más estrechamente en el debate público».
Gergely Gulyás, de la Oficina del Primer Ministro, indicó que el gobierno húngaro es proclive a cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia.
Viktor Orbán
El primer ministro de Hungría, ultraconservador y nacionalista, ha sido acusado de nepotismo, xenofobia, violación de derechos laborales y ataques a la libertad de prensa. Enemigo del filántropo George Soros, quien financia algunas de las ONG de Hungría, acaba de renunciar a los poderes especiales que le confirió el Parlamento para que su gobierno pudiera contener la pandemia de la COVID-19.
Este miércoles firmó un decreto que termina el estado de emergencia, “si bien ha dictaminado una emergencia sanitaria que le permite seguir ejerciendo ciertos poderes.
El Parlamento, controlado por el Fidesz, partido de Orbán, autorizó al Gobierno para que actuara por decreto.
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