Por Efe
04/02/2016
Junts pel Sí (JxS) y la CUP han iniciado los trámites para crear las ponencias parlamentarias que deberán elaborar las tres leyes de «desconexión» con el Estado, un proceso hacia la independencia que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que debe culminar «pronto».
JxS y la CUP registraron el miércoles por la tarde en el Parlament las peticiones para la constitución de las tres ponencias conjuntas que se encargarán de elaborar las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social, previstas en la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
El inicio de la tramitación de estas leyes en la Cámara catalana ha coincidido con el comienzo de la ronda de contactos del líder socialista, Pedro Sánchez, con los partidos con representación parlamentaria para formar Gobierno en España.
Para intentar sortear una impugnación, JxS y la CUP han modificado el nombre de las tres normas: proposición de ley integral de «protección social catalana», una proposición de ley de «régimen jurídico catalán» y una proposición de ley «de la administración tributaria catalana».
«Son los tres pilares para que la república catalana pueda existir. Estamos muy contentos de que se den ya pasos adelante, es la demostración de que estos 18 meses sirven para construir la república catalana», ha dicho el diputado de la CUP Benet Salellas después de que fueran registradas las peticiones.
Al conocer este último movimiento de los dos grupos independentistas en el Parlament, el portavoz adjunto de Ciudadanos (C’s) en la cámara catalana, Fernando de Páramo, ha advertido de que JxS y la CUP están aprovechando la «inestabilidad» en España, aún sin un nuevo Gobierno, para acelerar el proceso soberanista.
«La inestabilidad beneficia a los que quieren la ruptura», ha insistido De Páramo, aunque ha expresado su confianza en que el gobierno en funciones actúe.
El diputado del PSC Ferran Pedret ha considerado «pueril» que JxS y la CUP pretendan burlar la anulación de la declaración del 9N con un cambio de nombre de las tres leyes del proceso soberanista, que tienen «muy pocas probabilidades de prosperar, desde el punto de vista jurídico y político».
Según Pedret, este es «el precio que ha pagado el Govern de JxS» por los votos a favor de la CUP a la prórroga de los presupuestos de la Generalitat.
El presidente del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha anunciado que pedirá al Gobierno que impugne las tres leyes de la «desconexión» con el Estado.
Según García Albiol, con esta solicitud al Ejecutivo pretenden «dar un escarmiento» a los responsables de este «tipo de desafío, de este tipo de provocaciones» y contra los que «meten cizaña».
Ni C’s, ni el PSC, ni el PPC participarán en las tres ponencias, mientras que Catalunya Sí que es Pot aún no lo ha decidido, aunque el portavoz de este grupo, Joan Coscubiela, ha tachado de «trapicheo» y de «juego de manos» las ponencias.
En su primera sesión de control en el Parlament, el presidente de la Generalitat ha dicho que no entra en sus planes promover una reforma del sistema de financiación autonómica y ha subrayado que su objetivo en esta legislatura es negociar con el Estado una vía que permita a Cataluña ser independiente «pronto».
«El Govern no promoverá ni liderará la reforma del sistema de financiación. Y si lo hiciese, probablemente al otro lado aún no encontraríamos a nadie», ha afirmado Puigdemont, que parafraseando al poeta Jaime Gil de Biedma ha lanzado una advertencia a la clase política española: «De que la independencia iba en serio ustedes se han dado cuenta demasiado tarde».
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está investigando a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por delitos de rebelión y sedición por «impulsar» y «promover» las mociones de ayuntamientos catalanes de apoyo a la resolución independentista del Parlament anulada por el TC.
En un auto, el magistrado acepta la competencia para investigar la posible ilegalidad de la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) y pide a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d’Esquadra información tanto de la ANC como de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM).
Las tres entidades se han reafirmado ante la Audiencia Nacional en su compromiso con la democracia, la libertad y la justicia y han reivindicado su actuación como «cívica y pacífica».
Conforme a los criterios de 
Saber más
