El juicio por desobediencia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que está teniendo lugar este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, podría suponer el fin de la legislatura catalana en caso de que sea inhabilitado. Hasta ahora, hay tres escenarios posibles: que sea absuelto y siga igual, que se elija un nuevo presidente o que haya elecciones anticipadas en Cataluña.
Torra se encuentra en juicio este lunes por no retirar una pancarta de los presos políticos en el Palau de la Generalitat a petición de la Junta Electoral para la celebración de los comicios del 28 de abril. En su intervención de esta mañana, el president se inculpó: “Sí, desobedecí, pero era imposible obedecer una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, que fue dictada por un órgano que no tenía competencia para dictarla. Cumplí mi deber como president de la Generalitat, que es defender los derechos y las libertades de mis conciudadanos».
Posibilidad de elecciones anticipadas
Si el TSJC encuentra a Torra culpable, el acusado tiene la posibilidad de recurrir en el Tribunal Supremo, que podría absolverlo. Pero si éste confirma la sanción, será firme y Torra dejará de ser presidente. En ese caso, el Parlament tendrá que escoger un nuevo sucesor en 10 días, mientras que Pere Aragonès pasaría automáticamente a ser el jefe del Ejecutivo de forma interina. De no salir adelante una investidura, en dos meses deben hacerse elecciones anticipadas.
Lo más probable es que se adelanten las elecciones ya que entre los 34 diputados de Junts per Catalunya y los 32 de Esquerra Republicana suman 66 de los 135 escaños. En ese escenario, los cuatro diputados del CUP son decisivos para que prospere la investidura pero ya anunciaron que prefieren celebrar comicios anticipados. En esa misma línea están Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú Podem y el PP.
Torra: “Era un acto de censura y no iba a permitirlo”
La Fiscalía pide para el presidente de la Generalitat una pena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. Por su parte, Vox, que ejerce la acusación popular, solicita una pena de suspensión de más dos de años y una multa de 72.000 euros. Durante su defensa, Torra se negó a responder a las preguntas tanto de la Fiscalía como de Vox, al que llamó “partido franquista”; solo contestó las de su abogado, Gonzalo Boye.
Durante su declaración, que ha durado media hora, el president ha atacado la orden que le dictó la Junta Electoral que le obligaba a retirar la pancarta a favor de los presos de la fachada del Palau de la Generalitat. “Era un acto de censura y no iba a permitirlo”, afirmó Torra, que también dijo que consultó la cuestión con especialistas. «Llegamos a la conclusión que era un acto nulo, ilegal, y en base a esta consideración actué», explicó.
Previamente, la abogada de Torra, Isabel Elbal, pidió la nulidad del juicio debido a que se iba a celebrar en “un tribunal contaminado”, al tiempo que aseguraba que “los hechos que aquí se enjuician no son delictivos”.
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