Por Cambio16
31/07/2017
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, seguirá en la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado mantenerle en prisión incondicional –comunicada y sin fianza– en el centro penitenciario de Soto del Real donde se encuentra ingresado desde el 21 de abril por su presunta implicación en la operación Lezo.
El juez rechaza en su auto la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida.
En el texto explica que, a medida que ha avanzado la investigación, se desprende que Ignacio González ha podido tener «un papel decisivo y necesario» en los delitos que se investigan en este causa (malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales).
Las penas que conllevan estos delitos ya justificarían, en opinión del juez, el mantenimiento de su situación personal, pero a ello añade otras circunstancias para confirmar la prisión. García-Castellón afirma que no han variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo contrario, “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa”.
«Evidente» riesgo de fuga»
Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el riesgo de fuga. En este caso, indica, es «evidente» con «una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga».
El juez valora también otro riesgo, el de acceso a las fuentes de prueba. En este sentido, afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado, declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación, requieren que las actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, máxime en este caso en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar a esas fuentes de prueba.
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