Uruguay, al sur de Suramérica, presume de estabilidad política, social y un sólido marco de derechos ciudadanos, pero en su interior se libran desgarradoras historias de mujeres jóvenes desaparecidas. Sus familiares no cuentan con el apoyo de las autoridades para asumir sus búsquedas y hunden en un mayor horror las tragedias que transitan. Fallas policiales y judiciales minan el tortuoso camino.
Sin embargo, el 73% de la población confía en la policía. Y el programa de prevención de la delincuencia del país, adoptado en 2016, ha sido reconocido internacionalmente. Pero en Uruguay existe también un pujante submundo de tráfico de drogas y trata sexual, en el que mujeres en su mayoría jóvenes, especialmente las pobres o de entornos vulnerados, son fácilmente explotadas por bandas criminales.
Las víctimas y sus familiares navegan en un mundo, poco visible para muchos, de indefensión, impotencia e impunidad. No es México, donde las cifras de desapariciones forzadas, maltratos, criminalidad y fosas comunes son descarnadamente reveladas por organizaciones especializadas y medios. Es Uruguay, donde lastimosamente también se exhiben miles de casos abominables. Uno de ellos es el de Milagros Cuello. Su madre Nancy Baladán recorre calles, avenidas y rutas de Uruguay en su moto. En busca de respuestas sobre la noche que trastornó su vida para siempre.
El 3 de diciembre de 2016, Milagros ya estaba en la cama, lista para dormir. Cuando cerca de las 11 de la noche recibió una llamada al celular. Algo le dijeron que la hizo levantarse, vestirse y convencer a su padre de que la dejara salir. “Voy y vuelvo en cinco minutos”, le dijo la adolescente de 16 años. Se fue a pie hacia la plaza principal de Pando y más nunca regresó, reseñó openDemocracy en un extenso trabajo de investigación.
En el olvido jóvenes desaparecidas en Uruguay
Esos minutos se transformaron en horas. Y luego en semanas, meses y años. La familia nunca volvió a ver a Milagros. Antes de la tragedia, Baladán vivía tranquila. A sus 53 años, cuenta que manejaba un kiosko en Pando, Canelones, unos 30 kilómetros al norte de la capital, Montevideo.
Pero después de esa noche, no tuvo más opción que convertirse en detective y estudiosa de las leyes, porque a ningún policía, fiscal ni juez le importó que su hija estuviera desaparecida, recoge el medio digital independiente en defensa de los derechos humanos.
La razón, dice, es la desidia estatal. Ni la policía ni la fiscalía fueron exhaustivas en la búsqueda de Milagros. Ni agotaron las hipótesis de investigación, como la planteada por la abogada de la familia, para quien la desaparición se relaciona con la trata sexual.
Las autoridades tampoco prestaron atención a las amenazas de muerte contra Baladán, ni siquiera después de que la apuntaron con un arma a unas pocas cuadras de su casa. “Si seguís revolviendo mierda, te vuelo la cabeza”, le dijo un hombre. Pero no pudieron detenerla.
Baladán, a la fecha, sigue buscando a Milagros incluso después de que el departamento de personas ausentes de Uruguay le comunicara que no podía ayudarla. Su tenacidad impulsó un movimiento feminista de apoyo a madres de mujeres desaparecidas, cuyo nombre es “¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG)”. En los países del cono sur les dicen gurisas a las muchachitas, jovencitas, adolescentes.
Es la desdicha de tantas jóvenes desaparecidas en Uruguay. ¿Estarán con vida?, ¿en el país o fuera de las fronteras? ¿Fueron secuestradas por narcos, por tratantes o por proxenetas?
Pérdidas en el submundo criminal
Uruguay lleva otro dolor a cuestas. Desde 1996 en ese país se marcha en silencio para recordar a otros detenidos y desaparecidos de la última dictadura cívico militar (1973-1985). Son otras historias de dolor, violencia, abusos, vejaciones, torturas y muertes.
En cuanto a las jóvenes desaparecidas en Uruguay hay algunas estadísticas. Entre 2020 y 2022, el departamento de personas ausentes recibió 14.402 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 6.228 fueron clasificadas como «personas ausentes», según datos oficiales facilitados a openDemocracy en junio de 2023. (En la región, la palabra «desaparición» se utiliza con más frecuencia para referirse a la situación de opositores políticos, detenidos y desaparecidos durante las dictaduras).
Según estos datos, el 99,5% de todos los casos que recibió el departamento fueron resueltos; ninguno de los casos de «personas ausentes» en ese período estaba relacionado con la trata sexual.
Pero organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y grupos de apoyo a las sobrevivientes de trata sexual afirman que estas cifras son inexactas. Y subestiman groseramente el peligro que enfrentan las mujeres, especialmente las que fueron captadas por el submundo criminal.
La investigación que realizó el medio digital muestra que un número significativo de mujeres que figuran oficialmente como ausentes tenían vínculos con vendedores de drogas. O con personas sospechosas o condenadas por explotar sexualmente de ellas o de otras mujeres.
La imposibilidad de identificar el papel que desempeña el tráfico de drogas o el comercio sexual en el destino de mujeres desaparecidas en Uruguay obedece a que, en general, ni la fiscalía ni la policía buscan evidencia que los conecte.
Explotación sexual de gurisas
La respuesta estatal a estos casos “es un desastre absoluto», afirma Andrea Tuana, directora de la organización defensora de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres El Paso. Presta servicios financiados por el gobierno a víctimas de trata en el país austral. Agrega la experta que “este tema no se prioriza, no interesa, no existe”.
Las organizaciones que trabajan en los territorios donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres llevan sus propias cifras. DENG registró 280 casos de este tipo entre principios de 2018, cuando se fundó el grupo, y agosto de 2022. De ellos, 243 mujeres desaparecieron de manera intermitente o por períodos cortos, 20 aparecieron muertas y 17 siguen desaparecidas. Algunos de estos casos figuran en el registro de personas ausentes del Ministerio del Interior; otros no.
DENG también refiere que sus propias estadísticas son incompletas. «No podemos contactar a todas (las familias) o no nos llega la información. Hay gurisas a las que nadie busca», dice Delia Cúneo, integrante del colectivo.
Las autoridades también fallan al investigar asesinatos de posibles víctimas de explotación sexual y trata. En 2018, Rocío Duche, de 14 años, apareció muerta en una cuneta en la ciudad de Treinta y Tres, a unos 300 kilómetros al noreste de la capital. En la época en que fue asesinada, Rocío vivía en un hogar de protección estatal del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (Inau), y era víctima de explotación sexual.
También terminaron muertos otros dos adolescentes que estaban bajo el amparo estatal y que eran explotados por la misma red que explotaba a Rocío y a otros 17 adolescentes. Los responsables de las muertes y la explotación sexual siguen impunes.
Un número más
Milagros sigue desaparecida en una maraña de maldad y perversión. También de desidia.
Para Nancy Baladán, su infatigable madre, uno de los peores insultos que recibió del estado fue en 2017, cuando acudió al juez para exigir avances en el caso. Los funcionarios del juzgado le pidieron que presentara la partida de nacimiento de su hija para demostrar que ella era la madre de Milagros, a pesar de que sabían exactamente quién era.
Cuenta Baladán que para las autoridades, Milagros «es solo un número más. Una desaparición más». Para ella, su ausencia es un hueco profundo en su alma.
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