A dos semanas del inicio de su huelga de hambre, Jordi Turull, ex consejero de la presidencia de la Generalitat, ha ingresado a la enfermería del centro penitenciario de Lledoners, donde permanece en prisión preventiva por la causa del procés.
Turull es uno de los cuatro políticos independentistas que se encuentra en huelga de hambre como protesta al “bloqueo” del Tribunal Constitucional a todos los recursos de amparo para acceder a la justicia europea.
Jaume Padrós, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cataluña y uno de los profesionales que atiende a los políticos, ha dado la alarma a través de Twitter: “Pese a mantenerse estables, el tiempo transcurrido y la situación individual hacen aconsejable que Jordi Turull sea trasladado a la enfermería del centro penitenciario”.
Igualmente, fuentes de los servicios penitenciarios confirmaron la noticia y explicaron que el traslado fue “indicación facultativa”. Por su parte, Jordi Sánchez, que también cumplirá 15 días sin comer, no ha necesitado medidas médicas. Josep Rull y Joaquim Forn son los otros dos políticos independentistas que llevan 10 días de huelga de hambre.
Este viernes, en su perfil de Twitter, Turull se quejaba del Tribunal Constitucional. «El Tribunal Constitucional resuelve las peticiones que no activan la vía europea. Cuando la vía apunta a Estrasburgo dilata su resolución. ¿Dónde quedan nuestros derechos fundamentales?», se preguntaba.
Según El País, el Tribunal Supremo se plantea la posibilidad de trasladar a los presos en huelga de hambre a Madrid. El tribunal podría decidirlo si constata que mantienen su negativa a comer y que su estado de salud, a pocas semanas del juicio por rebelión, se deteriora.
Puigdemont: «Miserables»
Por su parte, el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reaccionó también a través de sus redes sociales ante la noticia increpando al Estado español. “Vergüenza de Estado español, vergüenza de los que callan, vergüenza de los que guardan en un cajón desde hace más de un año unos recursos que según la normativa se han de resolver en un plazo máximo de 30 días. Y vergüenza de los que pudiendo denunciarlo no lo hacen. Miserables», escribió en Twitter.
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