Ramón Escovar León
La visita de los altos funcionarios del gobierno de Joe Biden a Miraflores produce varias consecuencias que no pueden pasar inadvertidas. La primera es el efecto sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y, la segunda, la incidencia sobre la oposición.
Max Weber distingue tres tipos de legitimidad: la legal, la carismática y la tradicional. La primera se refiere al dominio que ejercen los gobernantes basados en la estructura jurídica. La burocracia es un instrumento en el ejercicio de esta dominación. La carismática se refiere a la fuente de poder asociada a las cualidades excepcionales del liderazgo que ciertos líderes logran construir. La tradicional tiene que ver con la costumbre de obedecer las órdenes de los gobernantes que ejercen el control efectivo sobre un territorio.
El transcurso del tiempo es fundamental para la legitimidad tradicional. A través de una conducta reiterada, los ciudadanos van consintiendo el ejercicio del poder de quien lo detenta. Se admite esta relación de poder cuando se saca un pasaporte o la identificación personal, se pagan impuestos o se registra la venta de un inmueble. Estas conductas, al normalizarse, son maneras de admitir el poder dominante. A esto se puede añadir que el poder judicial es reconocido cada vez que los ciudadanos presentan una demanda o ejercen un recurso ante los tribunales controlados por quien tiene el poder. Y el transcurso del tiempo va consolidando la legitimidad tradicional.
La situación venezolana encuadra en esta modalidad. Han transcurrido 22 años de ejercicio del poder por parte del chavismo; 9 de ellos bajo el mando de Nicolás Maduro. Es un tiempo importante que no puede soslayarse. A pesar de que varios gobiernos de países occidentales no reconocen al gobierno de Maduro, la realidad es que es él quien ejerce el control efectivo del territorio y quien controla la burocracia estatal.
Dentro de este contexto se puede ver la visita de los tres altos funcionarios enviados por el presidente Joe Biden. Se trata de Juan González, asistente especial de la Casa Blanca y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental, James “Jimmy” Story, embajador para la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela con sede en Colombia, y Roger Carstens, enviado especial del presidente Biden para asuntos de rehenes. Aunque no han anunciado los asuntos tratados, no hay que ser un zahorí para deducirlo. Vinieron para comprar petróleo, para tratar de debilitar la alianza del gobierno venezolano con Vladimir Putin, el nuevo zar ruso, y para promover las negociaciones en la búsqueda de una salida electoral a la crisis política venezolana. Algunos podrían decir que no fue para eso, pero es lo que parece.
En todo caso, a Maduro le conviene este acercamiento y mejorar las relaciones con el gobierno de Biden. Debe recordar, igualmente, que Venezuela nació bajó la inspiración de los valores de la democracia estadounidense. Su alianza con Putin le perjudicará en el largo plazo. El dictador moscovita podrá ganar batallas, pero perderá la guerra contra Ucrania, y las alianzas con perdedores son costosas. Por eso, a Maduro le podría convenir jugar un papel parecido al del presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, es decir, una posición pragmática, como recomienda la realpolitik.
De esta visita se pueden extraer varias consecuencias. Entre ellas, que el gobierno de Biden reconoce (al menos indirectamente) a Nicolás Maduro como el gobernante de facto de Venezuela, quien puede venderles petróleo y ser la pieza clave para una salida electoral de la crisis. Posiblemente una negociación directa con Maduro pudiese abrir las puertas a empresas occidentales para que aumenten la producción petrolera del país y, más importante aún, se inicie un proceso de democratización en Venezuela.
La realpolitik es siempre pragmatismo y no ilusión ni promesas incumplidas. Admite el escenario contradictorio pues, por un lado, el gobierno de los Estados Unidos ofrece recompensas por líderes del chavismo y, por el otro, sus representantes visitan Miraflores, la sede del poder. Este pragmatismo funciona con Arabia Saudita, país al cual, pese a que se violan los derechos humanos, las democracias occidentales le compran petróleo.
Por otra parte, la visita pone en evidencia, una vez más, el control del Poder Judicial por parte del gobierno. La liberación de los 2 “presos” (lo que hay que celebrar) no ocurre por una sentencia dictada por un juez, luego de un proceso transparente, sino de una decisión del Ejecutivo. Esto es relevante para incluir en la agenda de la negociación la reforma sincera y total del Poder Judicial. No una reforma que pase por un reparto político, sino que permita una renovación sin exclusiones.
La reunión de Miraflores impulsa la negociación política entre el madurismo y la oposición. Y esto invita a otra reflexión: la necesidad de remozar el liderazgo opositor para reflejar la realidad política del presente. Vale la pena tener en cuenta los resultados de las pasadas elecciones regionales, en las cuales, y, no obstante, los ventajismo e inhabilitaciones, emergieron liderazgos regionales. Así como el transcurso del tiempo ha fortalecido a Nicolás Maduro, también ha debilitado al liderazgo opositor.
Asimismo, la visita demuestra que la solución a la crisis venezolana es política. Para ello la oposición necesita un liderazgo comprometido con la democracia y libre de ambiciones personales. Es recomendable que en la mesa de negociación la oposición esté representada por todos los sectores, sin dejar por fuera a la sociedad civil.
Venezuela está ante una nueva oportunidad y ojalá pueda ser aprovechada por todas las partes para buscar el mejor destino. Hay que reconocer que un país democrático e institucional es más confiable para la estabilidad global que uno en permanente conflicto.
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