Han transcurrido 6 años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Versiones contradictorias, intereses solapados y múltiples injerencia de poderes han rodeado el terrible caso. Hoy, surgen nuevas luces a pesar de la opacidad de las investigaciones y señalan al actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Las investigaciones de la periodista mexicana Anabel Hernández indican que existen testimonios y documentos implican al alto funcionario. Las informaciones desveladas sobre la matanza y desaparición de los cuerpos que se difundió el 26 de septiembre de 2014, sacude otra vez a la sociedad.
Hace un año, el fiscal general Alejandro Gertz Manero reveló que en 2914 fueron asesinadas 6 personas y otras 80 personas masacradas y ocultadas en la población de Iguala por varios grupos delictivos y sus cómplices oficiales.
Ahora se abonan nuevos datos. “Claros indicios testimoniales y documentales implican a Omar García Harfuch en la corrupción de la Policía Federal en Guerrero. Y en el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero durante seis años la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto, y la actual Fiscalía General de la República han omitido investigar al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México”, escribió Hernández.
Hernández señala que un testigo colaborador de la FGR declaró que García Harfuch, cuando era coordinador de la policía en Guerrero, recibía un pago mensual de 200.000 dólares del grupo criminal Guerreros Unidos. Célula del Cartel de los Beltrán Leyva, implicados en los hechos a cambio de ayuda para traficar droga y protección. También pagaban a los subordinados del jefe policial, a militares y a elementos del 27 Batallón.
Las comprometidas actuaciones del jefe de Seguridad
“La información dada sobre Omar García Harfuch, jefe de Seguridad de Ciudad de México, por el testigo identificado con el alias de ‘Juan’, publicada por el diario Reforma, coincide con otras. Y concuerda, además, con las investigaciones del grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 y 2016. Y por las propias sentencias dictadas por tribunales mexicanos y por una Corte de Arizona. La Policía Federal de Guerrero estaba involucrada con el narcotráfico y participó en la masacre y desaparición.
Hernández precisó que hay seis elementos que implican a García Harfuch en los hechos ocurridos en Iguala.
- La acusación directa y oficial del testigo «Juan”.
- La agenda encontrada a Sidronio Casarrubias cuando fue detenido en octubre de 2014. El gobierno lo acusa de ser miembro de Guerreros Unidos. En ella estaba el teléfono de García Harfuch.
- En su expediente policial de la Unidad de Asuntos Internos se afirma que desde 2012 reprobó los exámenes de confianza. Y que en la prueba del polígrafo (detector de mentiras) delató sus vínculos con el crimen organizado.
- Luis Antonio Dorantes fue detenido en enero 2021. El 26 de septiembre de 2014 mantuvo informado a García Harfuch de todo lo que ocurría en la base de Iguala. Consta en los documentos que obran en el expediente de la FGR. Antes de los hechos en Iguala, Dorantes también tenía un negro historial en su expediente laboral de la Policía Federal.
- La investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la PF en 2017. Revela que la PF en Guerrero estaba penetrada por el crimen organizado. Dorantes y muchos otros elementos de la corporación bajo el mando de García Harfuch, trabajaban para narcotraficantes.
El sexto elemento: su propia confesión
Anabel Hernández indicó en la investigación que publicó en el portal DW que el sexto hecho que lo incrimina es la propia confesión de Omar García Harfuch ante la Procuraduría.
De acuerdo al expediente Ayotzinapa ha sido llamado a declarar una sola vez sobre el caso. Pese a que era el responsable oficial, legal de la Coordinación Estatal Guerrero de la PF. Y mando superior de la Base de la PF en Iguala cuando ocurrieron los hechos.
La declaración fue dada el 25 de abril de 2016. Un año siete meses después de los hechos, en calidad de «testigo”. Está en el expediente AP/PGRlSDHPDSC/OI/001/2015 y hasta ahora era desconocida.
El jefe policial, cuya propia corporación le abrió un expediente interno por faltar a la verdad, declaró: «Fui nombrado como coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Guerrero a partir del 12 de febrero de 2013…”, señala. Trató de deslindarse diciendo que desempeñó el «cargo” hasta el 7 de septiembre de 2014.
La investigación y su desenlace
Policías consultados por Anabel Hernández señalaron que al que se deja encargado, en este caso Cabrera Méndez, tiene que informarle de las novedades. Y de las relevantes en el momento en que sucedan.
La periodista consideró que “aún con la escueta declaración, García Harfuch se implicó así mismo en el caso. Porque por ley, por reglamento, siguió girando instrucciones de lo que debía hacer la PF en Guerrero. Tanto a Cabrera Méndez, como a la base de la PF en Iguala”.
Por esa razón de mando, de responsabilidad, que Dorantes envió el 26 de septiembre de 2014 varios oficios girados a García Harfuch. En su calidad de Coordinador Estatal de la PF en Guerrero, sobre movimientos de personal de la policía. Dorantes también mandó oficios en tiempo real a la Coordinación Estatal Guerrero de la PF referente a los estudiantes y los disturbios de esa noche. Y le envió más documentos a García Harfuch en días posteriores, por ejemplo, el 28 de septiembre.
“Eso prueba que, contrario a lo que declaró García Harfuch, él sí era responsable de la coordinación ese día. También el 27 y 28 de septiembre, cuando según el testigo ‘Juan’ se consumó el exterminio de los 43 normalistas con la complicidad del Ejército y la Policía Federal”, concluyó Anabel Hernández.
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