ÁLVARO FONTANA, director ejecutivo de SOS Discriminación y especialista en temas migratorios
La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto una realidad: el trabajo agrícola del sur de Europa se sostiene sobre las espaldas de los inmigrantes. Una medida que hace crujir duramente el tablero político italiano y no tiene antecedentes. El gobierno promueve una amnistía para los trabajadores indocumentados a través de un decreto como parte de un plan que dispone fondos por más de 55.000 millones de euros
La amnistía italiana implica un permiso de estadía temporal por seis meses que está destinado a permitir trabajar con un contrato regular. Si al final de este tiempo el trabajador dispone de un contrato, su empleador podrá solicitar que esa autorización temporal se transforme en un permiso de trabajo a largo plazo.
Según el periódico financiero italiano Il Sole 24 Ore, aproximadamente 212.000 trabajadores podrían ser elegibles para ser regularizados por sus empleadores y alrededor de 52.000 deberían poder postularse para regularizarse.
Cabe señalar que históricamente en Italia este tipo de amnistías eran identificadas como «sanatorias«. En este caso es básicamente una legalización general de todos aquellos que están sin documentos y está restringido a cierta categoría de personas para lo cual deben cumplir con ciertas condiciones para requerir el beneficio.
La medida está integrada en el decreto denominado «relanzamiento» para ayudar a la economía italiana, incluidos aquellos que trabajan sin papeles, en la economía en negro y fundamentalmente sin los contratos de trabajos adecuados.
La amnistía se originó a raíz de la emergencia del coronavirus y el cerrojo de las fronteras por parte de algunos países europeos, que para paralizar la expansión de la pandemia en sus territorios generó una estrepitosa caída de la fuerza laboral en la agricultura. La realidad es que no existe mano de obra en los campos para la cosecha de fresas, espárragos y verduras, ni para las operaciones de primavera en los viñedos y para el inicio de los cultivos de verano. Existen regiones como la del Véneto que decidió evaluarlo y estudiar su implementación.
De ahí la propuesta destinada a involucrar a personas que debido a la crisis han estado desempleadas y a quienes reciben subsidios de apoyo de ingresos, como ingresos de ciudadanía. La primera en implementar esta hipótesis fue la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, de Italia Viva. Para la ministra, quien ha pasado su carrera como miembro del sindicato luchando por los derechos de los trabajadores, ya que una vez trabajó en los campos del sur de Italia, la amnistía ayudaría a las personas a acceder «a una identidad y dignidad». Al mismo tiempo que es una demostración de que «el Estado es más fuerte que la mafia y que el trabajo esclavo».
Según el Centro Studi di Coldiretti, el núcleo de representación del mayor número de empresas agrícolas a nivel nacional –en Italia más de una cuarta parte de la producción agrícola es recolectada por manos y ahora está en riesgo– cuenta con 370.000 trabajadores regulares que vienen del extranjero cada año.
El desagregado de la comunidad de trabajadores agrícolas más presente es la rumana, con 107.591 empleados, frente a marroquíes (35.013), indios (34.043), albaneses (32.264), senegaleses (14.165), polacos (13.134), tunecinos (13.106) y búlgaros (11.261 ).
La preocupación es de tal magnitud que se trabaja para abrir canales de colaboración con los países orientales, comenzando con Rumanía, desde donde aproximadamente 1/3 de los trabajadores temporales trabaja en estas campañas.
Esta misma situación empieza a surgir en otros países europeos, y hace que esa escasez de mano de obra no sea solo un problema para Italia. En Francia, por ejemplo, no pocos comentan con cierta ironía el llamamiento lanzado por el ministro de Agricultura, Didier Guillaume, a quienes han perdido sus empleos y están en despidos para unirse al «gran ejército de la agricultura francesa». Hubo más de 207.000 candidatos que respondieron a la campaña «Armas para llenar tu plato».
El primer ministro Giuseppe Conte se negó a saber cuántas personas serían elegibles para postularse. En una conferencia de prensa, dijo que «no se trataba de números sino de principios». Algunas estimaciones indican que hay 600.000 inmigrantes indocumentados en Italia, pero el primer ministro Conte dijo que el decreto cubrió cifras «mucho menores que esas estimaciones».
Las reacciones no se demoraron y el ex vice primer ministro y líder del partido de La Liga (La Lega), Matteo Salvini, ha estado en contra de una amnistía de forma permanente. Durante más de dos meses, las órdenes
de quedarse en casa han impedido que los trabajadores temporales de Europa del Este viajen a Italia para trabajar en la agricultura. La escasez de mano de obra agrícola ha alimentado el temor a la escasez de alimentos y ha llevado a la industria agrícola a depender de un estimado de 500.000 migrantes no registrados, contratados ilícitamente, en gran parte del norte de África, a medida que los cultivos de primavera maduran en los campos.
«La comida en nuestra mesa proviene de estos campos. Ahora debemos entregar esos derechos que han sido negados a quienes trabajan en ellos», dijo Peppe Provenzano, ministro para el sur de Italia. La posición de línea dura estaba respaldada anteriormente por el movimiento 5 Estrellas Antisistema (M5S), que comparte el poder con los demócratas de centroizquierda en un gobierno de coalición. Pero M5S abandonó su oposición al arriesgarse a derrocar a la frágil coalición bajo el primer ministro Conte.
La medida se produjo después de que el papa Francisco denunciara «las manos de la granja explotadas en el campo», diciendo que «se debe dar dignidad al trabajo», con un salario adecuado y condiciones seguras.
Varias ONG, dentro de las cuales está SOS Discriminación, partidos políticos, incluidas Oxfam Italia y organizaciones eclesiásticas consideraron la iniciativa como «un primer paso importante hacia el reconocimiento de los derechos y la defensa de la dignidad de cientos de miles de extranjeros presentes» en Italia.
La disposición tiene el objetivo de poner fin a los contratos de trabajo ilegales, eliminar el trabajo esclavo y devolver los derechos y dignidad a los trabajadores, no obstante cualquier tipo de regularización, de estas características no puede estar subordinado al uso de trabajadores en determinados sectores, exceptuando muchos otros.
Ubicada a solo unos cientos de millas de la costa del norte de África, Italia ha sido, con mucho, el mayor destino europeo para los migrantes que zarpan de Libia y Túnez en la última década, convirtiendo el Mediterráneo en una gran fosa común para la humanidad.
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