Ismael Morales: “La inversión debe ir para las renovables, pero el gas es todavía necesario”

La transición energética debe ser rápida y justa para que nos aleje del carbón, el petróleo, el gas y la nuclear, al tiempo que nos conduzca a la democratización de la energía, el ahorro energético y las energías renovables. Este es el único camino viable para reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo al mismo tiempo a alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

La Fundación Renovables tiene como objetivo fundamental sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético con el ahorro, la eficiencia y las renovables como principios básicos. La crisis energética derivada de la guerra de Ucrania pone de manifiesto que los combustibles fósiles y los impactos del cambio climático exacerban los conflictos, haciendo sufrir aún más a las personas más vulnerables.

Por esta razón, una mayor inversión en combustibles fósiles e infraestructuras relacionadas aumentará las perforaciones, el fracking, las emisiones asociadas y solo servirá para empeorar los impactos en el planeta y la salud de las personas. También se ha puesto de manifiesto la gran dependencia europea y del Estado español de los combustibles fósiles, en especial del gas fósil.

Asimismo, ha arrojado luz sobre la importancia de nuestras finanzas públicas y lo relevante que es ser conscientes de en qué manos acaban y qué apoyan. Las compañías gasistas se han beneficiado enormemente de la crisis de los precios de la energía y pretenden sacar más provecho de la guerra.

Si el gas no es la solución, ¿qué podemos hacer con el tsunami gasístico que se nos viene encima?

Lo primero es no generar alarmismo. El gas siempre resurge, al ser un gran lobby con muchos años de presión política y diversas asociaciones multinivel, en 2021 fue el hidrógeno y ahora las tensiones geopolíticas. El gas es necesario como energía de transición a un modelo 100% renovable, puesto que, de momento, es la tecnología gestionable que optimiza el sistema en espera del desarrollo y la caída de costes de las baterías estacionarias a escala del sistema eléctrico.

Pero hay que tener claro que construir nuevas infraestructuras solo traería multitud de activos sin rentabilidad, al no alcanzar toda su vida útil, y quedarían varados, siendo pagados los déficits por los consumidores vía tarifa eléctrica. El fl ujo de inversión hoy en día debe ir dirigido a las renovables, a los sistemas de eficiencia y a acelerar los equipos complementarios.

¿Por qué la Unión Europea, con división en su seno entre partidarios y detractores, ha incluido en la taxonomía el gas y la nuclear como energías verdes?

Depende principalmente de la dependencia del gas y el mix energético que tiene cada país y el peso que tiene dicho país en la Comisión Europea: Alemania, donde depende en un 60% del gas, y Francia, con 57 reactores y un mercado potente exportador de tecnología nuclear a numerosos continentes. Quieren revivir un debate que ya estaba muerto. Hemos comprobado cómo, con la invasión de Ucrania, ha revivido el pánico nuclear con la falta de electricidad en Chernobyl o los combates a las puertas de Zaporiyia.

Respecto al gas, nos hemos dado cuenta de la debilidad de la dependencia energética de países terciarios donde la democracia está en entredi­cho o es nula y nuestra política exterior muchas veces nos hace ceder ante ellas, cuando España es una potencia con energía renovable autóctona y distribuida por el territorio. La invasión de Ucranio ha demostrado que la taxonomía “verde”, que aún tiene que pasar la votación del Parlamento Europeo, no debe ver la luz porque sería potenciar nuestras debilidades y no nuestras fortalezas.

¿Es exagerado afirmar que las compañías ga­sistas no solo obtienen beneficio de la crisis de los precios de la energía, sino que además sa­can provecho de la guerra?

Eso está claro si se observan el cambio en los flujos de importaciones de gas fósil en gaseo­ductos y el gas natural licuado de los metane­ros. La Comisión Europea plantea con el plan RePowerEU reducir en 2/3 las importaciones de gas ruso para el próximo invierno, y para ello la llegada de metaneros procedente de Estados Unidos se ha incrementado desde enero has­ta alcanzar un 34%, cuando antes era Argelia quien nos proveía de hasta el 40% y ahora ha disminuido al entorno del 23%.

Estados Unidos sale ganando, de momento, pero también es cierto que si Rusia cierra las exportaciones a la Unión Europea se redirigirán a China e India, como ya han aceptado estos países. Por otra parte, Estados Unidos no tiene un gran margen de amplitud para in­crementar su oferta e inundar los mercados gasistas de GNL, por lo que Europa debe bus­car otros proveedores. Estamos asistiendo a una reorganización de los flujos energéticos internacionales, pero el camino es apostar por las renovables y acelerar su instalación.

¿Es posible que Estados Unidos se lleve la gran parte de la tarta con el GNL?

Ya lo está haciendo. Pero hay que recordar que ese GNL que importamos procede del fracking, una técnica prohibida en España y en muchos países europeos por su perjuicio y daño ambiental numerosas veces demos­trado.

Es una muestra más de la debilidad de la dependencia energética del gas, sea de Ru­sia o de Estados Unidos, puesto que, si en las próxi­mas elecciones de Estados Unidos gana Trump, es probable que su relación internacional con la Unión Europea no sea tan amistosa como con Biden.

La solución es la misma, más renovables porque son autóctonas, eficiencia, baterías y movilidad sostenible, porque no olvidemos que la dependencia del petróleo, con un pa­trón muy similar al del gas, sigue ahí.

¿Hasta qué punto la invasión de Ucrania va a suponer un retroceso en la transición energética?

Pese a la presión nuclear y gasista, muy cortoplacista y sin un alcance más allá del tensionado panorama actual, no va a retra­sar los planes y estrategias climáticas ya aprobadas. El Fit for 55, las diferentes leyes de cambio climático y el PNIEC en España marcan unos objetivos de descarboniza­ción que solo pueden aumentar, y ahora se revisan en 2023 al alza.

El sector privado, ahora lastrado por los altos precios, sabe que invertir en energías renovables es el futuro de su negocio. Muchas compañías ya tienen planes de descarbonización propios a 2040 o 2050. En cuanto a los precios, vuelvan a su cauce de normalidad, previsi­blemente cuando acabe la guerra y a fina­les de año, si se es optimista, la transición energética va a acelerar más para no volver a mostrar estas debilidades actuales.

En estas circunstancias, ¿cómo incrementar la ambición climática y garantizar la seguridad energética?

España tiene mucho más potencial renova­ble que otros países del norte y el este de Eu­ropa, junto con una menor dependencia del gas ruso y el 30% de la capacidad de rega­sificación de toda la Unión Europea, lo que nos permite diversificar mucho más la procedencia de nuestro GNL. Además, tenemos una indus­tria en la cadena de valor de las renovables y la movilidad sostenible potente, con gran­des ingenierías líderes a escala mundial en las que debemos apostar.

Ahora es el mo­mento de redirigir correctamente los fondos Next Generation a potenciar el desarrollo de esas líneas de investigación, crear un merca­do robusto y exportador de tecnología para el resto de Europa que sitúe a España a la cabeza de la transición energética europea. Conjuntamente, aumentar los objetivos de la Ley de Cambio Climático y del PNIEC en la próxima revisión de 2023 es la principal baza para implementar la ambición climáti­ca, aumentando los objetivos en consonan­cia con el 55% de reducción de GEI que ha propuesto la Comisión Europea para 2030.

Además, transponer las Directivas Europeas de Mercado, algunas de las cuales se han hecho de manera incompleta y tarde, es una necesidad para dar amplitud a la descarbo­nización del sistema eléctrico al ampliar la participación de nuevos actores y situar al ciudadano en el centro gracias al autoconsu­mo y las comunidades energéticas.

¿Cómo es posible que se aprobara la tarifa que vincula el precio de la luz al gas? ¿Es justa una transición de esta naturaleza?

El modelo marginalista entra en la lógica de un funcionamiento correcto cuando la mayoría de las tecnologías de generación son marginales porque tiene en cuenta en los precios a ofertar la variación y la vo­latilidad de los combustibles en los mer­cados internacionales. Además, con una baja generación de renovables, como su­cedía hace años, estas recibían beneficios para seguir invirtiendo en ellas cuando sus costes eran mayores y no tenían la renta­bilidad actual. Ahora esto no sucede.

La mayoría de las tecnologías son inframargi­nales, mucho más baratas como lo son las renovables, y con el gas solo se generó el 17% de la electricidad en 2021. No es justo ni ético pagar a precio de gas, con horas a 300€/MWh, electricidad generada a 40€/ MWh como es la solar o la eólica. No solo estamos lastrando la economía productiva y a las empresas, estamos socavando las rentas de la ciudadanía al tiempo que au­menta la brecha social porque no tenemos un sistema trasparente en la conformación de los precios.

¿Qué reforma urgente requiere el mercado eléctrico?

Es algo que ya se requería previamente y, ahora, es extremadamente urgente. No es reformar el mercado marginalista, es sa­ber diferenciar a qué precio de generación ofertan unas y otras y que cobren un mar­gen razonable por ello. Es decir, que exista una transparencia en la conformación de los precios que el marginalismo distorsio­na socavando la economía de toda Europa.

Topar con dinero público el máximo del mercado eléctrico a 180 €/MWh era un sin­sentido porque, además de que subvencio­nas el consumo de un combustible fósil, no corriges el problema porque le añades más opacidad y todos percibirían a ese precio. Desacoplar el gas de la formación de precios del mercado marginalista tiene varias solu­ciones, bien sacando de la oferta del merca­do a las inframarginales para que vayan por subasta y sean estas las que suministren la energía a los clientes en PVPC.

También se puede hacer lo contrario, sacar las centrales de ciclo combinado de la influencia del mercado mayorista y que vayan a los mercados de ajuste solamente cuando se necesite y así no propaguen su elevado precio al resto de ofertas. Hay he­rramientas para aplicar, pero es necesario pactar un consenso para empezar cuando antes a reformarlo.

“El GNL que importamos procede del fracking, una técnica prohibida en España y en muchos países europeos por su perjuicio y daño ambiental. Una muestra más de la debilidad de la dependencia energética del gas, sea de Rusia o de Estados Unidos”

¿Qué consecuencias se derivarán del so­brecoste en las facturas de gas y luz y cómo impactará en los bolsillos de las familias y en el encarecimiento de los procesos pro­ductivos?

Ya las estamos viendo. El IPC estuvo al 7,4% en febrero porque la energía está dispara­da y su impacto es absoluto en toda la pro­ducción actual, tanto en España como en Europa. Muchas de las empresas ya están cerrando o suspendiendo su producción porque no pueden pagar los costes de la fac­tura del gas o las de la luz, sobre todo pymes y autónomos. En las grandes empresas esto es más complicado porque tienen contratos de suministro de energía eléctrica pactados a largo plazo con las eléctricas, aunque en numerosos casos algunas compañías les han roto el contrato para aumentar los pre­cios.

También los consumidores eléctricos están sufriendo incrementos que, aun no habiendo sido un invierno excesivamente frío, están viendo un incremento en sus fac­turas mientras, por otro lado, está habiendo parones y despidos en algunas industrias por impagos o cortes en las cadenas de su­ministro (huelgas de transporte).

Todo ello pese a los esfuerzos del go­bierno de bajar hasta final de año el IVA del 21% al 10%, suprimir el impuesto a la elec­tricidad y el de generación eléctrica. Tam­bién está en espera la regularización del RECORE y del FNSSE, que podría llegar a reducir un 20% la factura de los consumi­dores domésticos, pero son trámites que se han paralizado en el Congreso y que se deben reactivar cuanto antes y que sean permanentes ya que la electricidad es un bien básico que debe estar al menor precio disponible. No olvidemos que es el princi­pal vector energético de la descarboniza­ción y es clave en la reducción de GEI para luchar contra el cambio climático.

Desde la Fundación Renovables se solicita prohibir la publicidad que promueva el uso de cualquier combustible fósil como combusti­ble de transición a las energías renovables. ¿Cómo evitar el greenwashing de las grandes compañías que de la noche a la mañana se han convertido en verdes, limpias y circulares?

Lo primero es voluntad política porque se puede hacer. Se podría regular dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, puesto que se revisa en 2023, la publicidad engañosa, desleal y no verifica­ble por parte del sector de los combustibles fósiles, así como la prohibición del patroci­nio de eventos de carácter público por par­te de estas empresas.

También podemos modificar la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y modificación del 28 de marzo de 2014) en materia de productos, bienes y servicios emisores de gases de efecto in­vernadero para evitar la publicidad ilícita y, en concreto, la engañosa y desleal, de la misma forma que se hizo con los sectores de bebidas alcohólicas, tabaco o la dirigida a menores de edad.

Más allá de eso, evitar el greenwashing requeriría de un control de un organismo independiente que enviara sus informes al gobierno y fuera compro­bando, analizando y verificando cada una de las prácticas insostenibles que ahora se esconden bajo la etiqueta de “verde”.

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