Irlanda, uno de los países del mundo con un alto índice de calidad de vida, de verdes paisajes y famosos acantilados, está considerando realizar un referéndum nacional sobre los derechos de la naturaleza y el derecho humano a un medio ambiente saludable. De dar ese paso en favor de la naturaleza, sería en el primer país europeo en reconocer constitucionalmente que los ecosistemas, al igual que los humanos y las corporaciones, poseen derechos legales.
En la Unión Europea más de dos tercios de los 27 países que la integran reconocen el derecho humano universal a un medioambiente saludable.
Un comité legislativo propuso que el gobierno irlandés tomara una serie de medidas administrativas para redactar propuestas de enmiendas constitucionales que reconozcan que la naturaleza tiene derechos inherentes a existir, perpetuarse y ser restaurada y que los humanos tienen derecho a un medioambiente limpio y un clima estable.
Para que entren en vigor legalmente, las enmiendas propuestas deben ser aprobadas por ambas cámaras del parlamento, el Dáil Éireann (la cámara baja) y el Seanad (la cámara alta), y obtener la mayoría del voto popular.
Se describe los derechos de la naturaleza como asociados con los ecosistemas y las especies, similar al concepto de derechos humanos fundamentales. Un concepto que desafía las leyes del siglo XX, que generalmente se basa en la naturaleza como un “recurso” que se debe poseer, usar y degradar. Los defensores argumentan que las leyes basadas en los derechos de la naturaleza dirigen a la humanidad a actuar apropiadamente y de manera consistente con la ciencia. Los humanos y el mundo natural interconectados.
Irlanda podría reconocer los derechos de la naturaleza
La idea de las enmiendas duales surgió de una Asamblea de Ciudadanos sobre la Pérdida de Biodiversidad celebrada en marzo de 2023. Allí se produjeron más de 80 recomendaciones destinadas a abordar la extinción masiva de plantas, animales y otros seres vivos, reseña Inside Climate News. La actividad humana está provocando la aniquilación de otras especies a un ritmo sin precedentes, con más de 1 millón al borde de la extinción.
Al menos seis países (Ecuador, Bolivia, Panamá, Uganda, Nueva Zelanda y España) tienen algún tipo de ley nacional que reconoce los Derechos de la Naturaleza o la personalidad jurídica de los ecosistemas. Muchas más naciones tienen algún tipo de reconocimiento judicial o leyes locales que reconocen estos derechos. Esas reglas generalmente brindan un mayor nivel de protección legal a los ecosistemas o especies individuales, en comparación con las leyes convencionales de protección ambiental.
En 2019, Irlanda declaró una emergencia nacional de biodiversidad y este año se espera asuma a plenitud los Derechos de la Naturaleza. Más del 70% de las turberas irlandesas están dañadas. El 50% de sus sistemas de agua dulce están en “condiciones pobres y en deterioro” a pesar de su belleza y esplendor. Y más de un tercio de sus especies protegidas están en declive poblacional, entre otros problemas.
Mari Margil, directora ejecutiva del Centro para los Derechos Democráticos y Ambientales, con sede en Estados Unidos, es una de las defensoras de los Derechos de la Naturaleza. Y habló a los legisladores irlandeses sobre el movimiento global por estos derechos y cómo los responsables políticos del mundo están adoptando la idea de cambiar. Comentó la importancia de «cómo nos gobernamos hacia la naturaleza y cómo la naturaleza misma es tratada bajo la ley».
Hombre y naturaleza, en armonía y respeto
Los defensores detrás de esta jurisprudencia afirman que está provocando un cambio narrativo masivo desde la visión mayoritaria de que la naturaleza (bosques, vías fluviales y otros ecosistemas) son “cosas” que los humanos tienen derecho a usar, explotar y, en última instancia, destruir.
Las leyes sobre Derechos de la naturaleza generalmente no prohíben el uso de los ecosistemas por parte de los humanos ni prohíben actividades como la caza y la pesca. Más bien, las leyes apuntan a proteger la integridad de los hábitats para que puedan persistir en el futuro y mantener sus ciclos naturales. Las leyes tampoco abolen otros derechos, como el derecho de los seres humanos a la propiedad privada.
Aunque, como ocurre con todos los demás derechos, inevitablemente hay choques entre intereses contrapuestos. Algunos críticos han calificado las leyes de “antihumanas” y sostienen que frenarán la inversión en minería y otros proyectos extractivos.
Peter Doran, profesor de derecho en la Queen’s University de Belfast, dijo al Comité Conjunto de Irlanda sobre Medio Ambiente y Acción Climática que Irlanda es una nación tanto de ciudadanos como de «más que humanos: todos los ecosistemas, los paisajes, los ríos, los árboles». Cuyo trabajo diario hace posible nuestras vidas, hace que nuestros derechos tengan sentido, nuestras economías sean posibles”.
«Esa vieja caja de herramientas pone a los humanos en primer lugar», dijo Doran, refiriéndose a las normas legales convencionales que regulan el ritmo y la cantidad de contaminación. «Existe una creciente preocupación de que nosotros, los humanos, hayamos diseñado nuestras soluciones políticas. Y económicas, legales y ambientales utilizando la misma caja de herramientas que nos ha llevado al borde del abismo».
El ejemplo de Ecuador
Este país al noroeste de la Europa continental ha modificado su constitución más de 30 veces desde que entró en vigor en 1937. La propuesta de la Asamblea de Ciudadanos recomendó que el gobierno de Irlanda nombrara un panel de expertos para redactar propuestas de enmiendas a los Derechos de la Naturaleza y al derecho a un medio ambiente limpio.
En septiembre de 2008, la población de Ecuador votó para apoyar a la propuesta constitucional. Desde entonces ese convirtió en el primer país del mundo en reconocer a los Derechos de la Naturaleza en su Constitución. Tres años después se registró en ese país el primer juicio de Derechos de la Naturaleza. Tuvo una sentencia bajo las provisiones constitucionales ecuatorianas, a favor de los derechos de los ecosistemas.
Este primer caso, que se llevó a cabo en la Corte Provincial de Justicia de Loja, tuvo como demandante al Río Vilcabamba. Así, el río mismo, defendió sus propios derechos de “existir” y de “mantenerse”. Y trató de parar la construcción de un proyecto de carretera que estaba interfiriendo con el flujo natural y salud del río. La corte sentenció que el proyecto fuera parado y se paró.