El Tribunal Revolucionario de Irán anunció tres nuevas sentencias a muerte a ciudadanos de ese país, detenidos durante las protestas desatadas en sus principales ciudades, tras la muerte de la joven Mahsa Amini. De esta manera se elevan a cinco las condenas a la horca emitidas por esa instancia.
La justicia dictó pena máxima a un primer preso acusado de participar en las protestas que sacuden a Irán desde mediados de septiembre, informó el domingo la agencia de noticias de la autoridad judicial Mizan.
Esta fue la primera sentencia a la horca por estas movilizaciones que surgieron a raíz de la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía, por llevar mal puesto el velo o hiyab. El condenado es un hombre, que no ha sido identificado, y que supuestamente “atacó a los policías con su automóvil”. Es acusado de “provocar el orden público y la inseguridad en el país y causar daños a personas y bienes públicos”.
Sin embargo, horas después, el órgano informativo oficial adicionó otras dos sentencias de muerte. Uno de ellos acusado de “sacar un arma blanca, generando terror e inseguridad en los ciudadanos”. Además de “incendiar parcialmente la gobernación de la ciudad de Pakdasht y destruir sus propiedades. El último condenado a muerte, acusado de “intentar cerrar la calle, impedir el movimiento de vehículos y causar terror. Así como dañar la propiedad pública”, indicó Mizan.
Los cinco condenados están acusados por instigar una “guerra contra dios”, término usado en la justicia iraní para describir grandes crímenes contra el Estado o el islam. Y “corrupción en la tierra”, que engloba una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica.
Otro tribunal dictó penas de entre cinco y diez años de cárcel a otros cinco manifestantes por «reunión y conspiración».
Irán sentencia a muerte a manifestantes
En adición a la sentencia a muerte a ciudadanos, la Justicia de Irán ha imputado recientemente a cerca de 800 personas por su participación en disturbios en Teherán y en las provincias de Hormozgan, Isfahan y Markazi.
Pero la cifra total asciende a más de 2.000 personas, la mitad de ellas en Teherán, según cifras facilitadas por los tribunales de ese país. Una veintena de ellas afrontan cargos que conllevan la pena de muerte, como «corromper en la Tierra» o «hacer la guerra contra Dios», señaló Iran Human Rights. Una organización con sede en Oslo que, tras conocer la sentencia, advierte contra el riesgo de ejecuciones rápidas en el país asiático.
«La comunidad internacional debe advertir con firmeza a la República de Irán de las consecuencias de ejecutar a manifestantes. Llamar a sus embajadores e implementar medidas de derechos humanos más efectivas contra funcionarios. Estas son algunas consecuencias a considerar», señaló la organización internacional.
Al conocerse estas decisiones judiciales, las protestas se intensificaron en las calles de Teherán. Lejos de intimidar y asustar a los ciudadanos, las condenas han arreciado en las últimas horas.
Entretanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide la liberación inmediata de miles de personas detenidas en Irán por su participación en manifestaciones pacíficas y a retirar los cargos en su contra.
Advierte que en lugar de abrir un espacio para el diálogo sobre agravios legítimos, las autoridades están respondiendo a protestas sin precedentes con una dureza cada vez mayor. Un Tribunal Revolucionario Islámico encontró a un manifestante culpable de moharebeh o “hacer la guerra contra Dios”. Y efsad-e fel-arz o “corrupción en la tierra” por supuestamente dañar la propiedad pública y lo condenó a muerte.
Al menos otros nueve manifestantes han sido acusados de delitos que podrían conllevar la pena de muerte.
ONU pide que depongan esas medidas extremas
Señala la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que según el derecho internacional, los países que aún no han abolido la pena de muerte solo pueden imponerla por los “delitos muy graves”. Lo que se interpreta como delitos de extrema gravedad, que implican homicidio intencional. Los delitos que no resultan directa e intencionalmente en la muerte nunca pueden servir como base para la imposición de la pena de muerte.
Por lo tanto, Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades iraníes para que impongan de inmediato una moratoria sobre la pena de muerte. Se abstengan de imputar delitos capitales y revoquen las sentencias de muerte dictadas por delitos que no califiquen como los delitos más graves.
Sin embargo está previsto que un millar de acusados conozca su fortuna en los próximos días. Uno de ellos es el rapero kurdo Saman Yasin, quien afronta la horca por haber criticado públicamente al régimen y a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Aplicando el delito de «hacer la guerra contra Dios», el régimen teocrático iraní equipara a Jamenei a Dios.
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