El gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos por motivos políticos que constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en un nuevo informe que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas.
Los abusos –que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país– no son un fenómeno aislado, sino consecuencia del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
Indica el informe que las violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra” , dijo el experto independiente Jan Simon.
“El presidente y la vicepresidente han logrado instrumentalizar a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal que reprime el ejercicio de las libertades fundamentales y les permite perseguir a las personas opositoras. El objetivo es eliminar cualquier oposición”, agregó Simon.
El informe identificó el patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
Agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional, junto con grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
Además, el informe encontró que el gobierno de Ortega y Murillo utiliza la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a los críticos. Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza policial y la violencia a manos de grupos armados oficialistas. A cientos de personas las detuvieron sin orden judicial y están recluidas en régimen de incomunicación.
“Todas estas acciones son posibles porque se utiliza el Estado como un arma contra la población. Las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, dijo la experta Ángela María Buitrago.
Agregó que miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país. Desde diciembre de 2018, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
La situación sigue empeorando. En febrero pasado, las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país acusándolas de “traición a la patria”. El mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos subraya que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, su esposa, han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo. “Las violaciones, abusos y crímenes investigados y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países. Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con información para actuar”, señala Simon.
En el informe se exige al régimen de Ortega liberar de inmediato a las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
El informe también instó a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional.
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