Un total de 29 inversionistas de siete países han hecho llegar a los embajadores de Brasil en cada una de sus naciones, una carta en la que solicitan un cambio radical en la política de deforestación y una mejor protección de la población indígena.
El escrito recibido por los diplomáticos brasileños en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Francia, Dinamarca y Holanda comienza expresando la “profunda preocupación” por la tendencia que observan en cuanto al aumento de la deforestación en Brasil.
Señala en uno de sus párrafos que “desmantelar las políticas medioambientales y de derechos humanos está creando incertidumbre generalizada acerca de las condiciones para invertir o proporcionar servicios financieros a Brasil».
La compañía con sede en Noruega, Storebrand Asset Management, se encargó de recabar la firma de las 29 empresas, entre las que figuran Legal & General Investment Management Ltd, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management y NN Investment Partners, que juntas gestionan 3,75 billones de dólares en activos.
En la carta los inversionistas hacen referencia a la “creciente deforestación de los últimos años”, a las normas brasileñas para legalizar la ocupación de las tierras públicas y al que se permita la minería en tierras indígenas. Solicitan reuniones con los representantes de cada una de las embajadas para abordar los temas.
En noviembre de 2019, Noruega suspendió todas las transferencias al Fondo Amazonas por la inquietante imagen sobre cómo evoluciona la deforestación en Brasil, lo que ha llevado a que organizaciones ecologistas y decenas de investigadores hayan levantado la voz de alarma. El científico climático brasileño Carlos Nobre afirmó que la selva podría convertirse en una sabana en los próximos 15 años.
Sector financiero eleva la voz por el ambiente
El vicepresidente ejecutivo de gestión de activos de Storebrand, Jan Erik Saugestad, dijo sentirse preocupado por el rumbo de los desarrollos en Brasil y las consecuencias que la deforestación pueda tener.
“Estamos preocupados por los desarrollos en Brasil. No es sostenible frente a la deforestación, y lo que significa para el clima, la diversidad biológica o los derechos indígenas”.
Expresó que tienen la intención de ser un inversionista a largo plazo en Brasil, pero esto depende del desarrollo sostenible porque en todos estos procesos hay un elemento político y uno económico. Y “si queremos tener buenos rendimientos a largo plazo, también debemos tener un buen desarrollo sostenible”.
Mantener la actual política de deforestación impactará el clima y el medio ambiente y, de acuerdo con Saugestad, podría tener “consecuencias importantes para nuestras inversiones”. Espera que esta infrecuente iniciativa de acercarse a los embajadores contribuya a un cambio de rumbo.
En la misma línea, Vemund Olsen, asesor principal en Regnskogfondet, donde trabaja en un programa de deforestación cero, afirmó que es la primera vez que la industria financiera no solo habla a las empresas en las que invierten, sino que también se pone en contacto con las autoridades para que creen políticas que protejan los derechos de la selva y los pueblos indígenas.
“Brasil depende de un sector empresarial activo, y si ven una salida de capital en aumento, tendrá importantes consecuencias económicas para el país”, señaló, al tiempo de afirmar que los sectores privado y financiero tienen una gran oportunidad para influir en la política y cambiar el rumbo.
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