La Ley Orgánica de Educación, Lomloe, sigue levantando polémicas a unos quince meses de su vigencia. La también llamada Ley Celáa despierta, esta vez, la crítica de unos treinta intelectuales españoles, al considerar que la enseñanza debe estar basada «en los conceptos nucleares de esfuerzo, mérito y contenidos». Y, por tanto, debe desplazar de las aulas cualquier concepto de tipo moral e ideológico.
Reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos y escritores, suscribieron un nuevo manifiesto contra la ley Celaá. Allí exponen sus preocupaciones por la “deriva” que está tomando el sistema público de educación en la actualidad. Afirman que «la enseñanza reglada en España no marcha por buen camino» y lamentan que la Lomloe no sólo no vaya encaminada a poner remedio, sino que más bien «tiende a empeorar la situación».
El texto es avalado por Gabiel Albiac, Fernando García de Cortázar, Fernando Savater (ganador de la Gran Cruz de la Orden del 2 deMayo de la Comunidad de Madrid), Juan Pablo Fusi. Así como Félix de Azúa, Alicia Delibes, Luis Alberto de Cuenca y Andrés Trapiello, entre otros destacados intelectuales. Persigue llamar la atención del ejecutivo, educadores, padres y a la sociedad, sobre el descalabro que se está produciendo por esa Ley.
Además, el manifiesto coloca en la mesa de discusiones, siete medidas para tratar de reconducir el sistema educativo. Basado en la Constitución española y que sea capaz de sobrevivir a los distintos gobiernos.
«Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento, pues tal intromisión supone una perversión de lo público. Al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal. Condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual», sentencian los firmantes.
Intelectuales cuestionan la Ley Celáa
En opinión de los intelectuales, la Ley Celáa perjudica “el carácter de ascensor social y de igualdad de oportunidades que precisamente toda escuela pública debe tener”. El propósito es que “ya gobiernen unos partidos u otros, con orientaciones morales e ideológicas diversas, no se corra el peligro de que el sistema educativo se convierta en instrumento para adoctrinar. Y apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes” que es, lo que recoge el artículo 27 de la Constitución Española.
El manifiesto plantea varios puntos a tomar en consideración. Entre ellos, urgen “la creación de una institución pública. Una suerte de Consejo General de la Función Docente, integrado principalmente por docentes con larga experiencia, académicos y científicos”. Totalmente independientes, que “sirva de referencia a la hora de proponer, o revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter educativo. Ya sea en la enseñanza infantil, primaria, secundaria o universitaria. Cuya competencia sea el diseño, según criterios estrictamente técnicos, científicos y académicos, del sistema de instrucción y sus planes de estudios”.
Además, los firmantes objetan que pese a la satisfacción del Gobierno por la caída de la tasa de fracaso escolar, esta sigue siendo “relativamente alta”. Advierten que la Lomloe trata de “arreglar el problema haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición”. Con esto no solo no solucionará el problema, sino que lo acrecentará al ocultarlo.
También añadirá carga burocrática para los docentes, que tendrán que realizar tareas administrativas ajenas a su verdadera ocupación: dar clase a los alumnos y prepararse para ello.
Destaca el texto, que la evaluación de cada alumno debe hacerse a partir del conocimiento de los contenidos concretos de cada asignatura. Por cuanto la evaluación por competencias diluye los conocimientos concretos.
Esfuerzo y mérito del alumno
Estos intelectuales, reconocidos y vigilantes de la calidad de la educación en España, formulan críticas y propuestas para enmendar la Ley Celáa.
Piden, a diferencia de lo piensa el Ministerio de Educación, que permanezcan las notas numéricas y las menciones de honor. “Las primeras para conocer con precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos. Y las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente para el alumnado”.
Ambas consideraciones contribuirán a reducir cuanto se pueda toda discriminación que no sea exclusivamente escolar. Especialmente la discriminación socio-económica, que la escuela actual, por su empobrecimiento en contenidos, ejerce de hecho, añaden.
Sostienen los intelectuales que debe apostarse por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para poder realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. En especial, se pronuncian a favor de una Prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional. Con contenidos comunes, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.
Asimismo creen importante que se garanticen las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña. Aspiran, de forma más general, a que en el país se garantice la enseñanza pública en lengua española, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado.
El manifiesto, colocado en la conocida plataforma Change.org y que permite la adhesión de otros firmantes de la sociedad, concluye con un llamamiento «a todos los implicados en el proceso educativo. Maestros, profesores, padres, madres, alumnado, autoridades educativas y ciudadanos “preocupados por la deriva del sistema educativo».
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