Por Iñigo Aduriz
12/10/2016
El 9,5% de la población que reside en España (4.418.898 ciudadanos) ha nacido en el extranjero, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 1 de enero de este año. Pero en el Congreso de los Diputados tan sólo hay siete –el 2%– parlamentarios originarios de otros países. Además, todos excepto Ana Surra, diputada de ERC, son hijos de españoles que habían emigrado y que regresaron al país con plenos derechos. Algo similar sucede en las cámaras autonómicas y en los ayuntamientos: Los políticos inmigrantes suponen aún una excepción en un país en el que el colectivo se ha hecho fuerte en los sectores industriales y de servicios, sobre todo a raíz de la oleada de llegadas que se dio a finales de los años 90 y a principios de los 2000.
Los pasos que aún quedan por dar en la integración del colectivo, así como las prioridades de unas personas que apenas llevan diez años de media en su nuevo país, argumentan esta falta de presencia de la población extranjera en la política. Esto no ocurre en los países del entorno, al menos en la misma medida. En Francia, tanto el primer ministro, Manuel Valls, como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, son emigrantes españoles. Y en Alemania, los hijos de ciudadanos turcos ocupan cargos en ayuntamientos y otras instituciones. En España existen casos anecdóticos, como el del alcalde del pequeño pueblo de Páramo de Boedo (Palencia), Aurel Truta, del PP, que es rumano.
Pero “la gran mayoría de los inmigrantes son de primera generación y su prioridad es trabajar y ganar dinero para, en muchos casos, sostener al resto de la familia que está en el país de origen”, argumenta Carlota Solé, catedrática de Sociología y directora del Centro Interdisciplinario de Estudios e Investigación en Migraciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Los hijos que tengan una situación económica más estable, menos precaria y se hayan socializado en España a través del sistema educativo, de amigos y contactos españoles, pueden tener interés en participar en las instituciones pero son relativamentes pocos. El proceso de integración tiene otra fase en la participación política, paralela al paso de las generaciones y al progreso socioeconómico individual o familiar”, explica.
María Ramos, investigadora de Politikon que ha estudiado el comportamiento electoral de los inmigrantes, recuerda que “la barrera a la presencia de más extranjeros en las instituciones o en los parlamentos es en buena medida legal” porque en España, como en otros países, “es necesario tener la nacionalidad española para ser funcionario y para poder votar o ser elegido en las elecciones, exceptuando las europeas o las municipales”. No cree, en ningún caso, que exista una falta de interés por la política por parte de los inmigrantes, porque los datos del CIS que, tal y como recuerda, siempre se basan en encuestas a los extranjeros nacionalizados, muestran que la atracción hacia la vida pública es similar a la del resto de los ciudadanos.
La discriminación institucional
Los inmigrantes que sí han conseguido hacer oír su voz en las instituciones se muestran más críticos. “Somos materia prima para el trabajo y mano de obra barata. Se nos utiliza cuando se nos necesita pero no se nos considera como seres humanos de pleno derecho”. Con estas palabras se expresa Ana Surra (Montevideo, Uruguay, 1952), única diputada del Congreso que ha obtenido la nacionalidad por residencia. La uruguaya llegó a Barcelona hace 11 años y desde entonces se comprometió con su colectivo especialmente por los problemas que les provocaba la Ley de Extranjería. Fundadora y presidenta de la agrupación Sí amb nosaltres (Sí con nosotros) hasta convertirse en parlamentaria, se involucró en las plataformas a favor del derecho a decidir surgidas en Cataluña a raíz de 2012, al considerar que los inmigrantes también tenían que hacerse escuchar en el proceso. Esto facilitó que ERC la incluyera en sus listas como independiente.
Otra visión la aporta Gabriel Paduraru (Targoviste, Rumania. 1980), concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón. Originario de la región de Targoviste, en Rumanía, llegó a la ciudad mediterránea en 2005 y desde 2014 milita en la formación que a nivel estatal encabeza Albert Rivera porque, según explica, el idearo del partido coincide con su pensamiento político. “Existe un miedo por parte de los residentes a no conseguir ser electos. También padecen el temor al rechazo pero, además, los partidos políticos históricamente no han entendido la importancia de tener entre sus filas a personas de otros países que, en vez de restar, pueden aportar riqueza cultural, social y política, porque tienen la visión de dos culturas diferentes, las de sus países de origen y la del país de acogida, en este caso España”.
Distintos argumentos plantea Rommy Arce (Lima, Perú, 1977), concejala de Ahora Madrid y primera edil inmigrante del consistorio de la capital. La limeña considera que si no hay más inmigrantes en política es por “la Ley de Extranjería de 1985, que junto a todo un conjunto normativo, estigmatiza al migrante porque le condena a la ilegalidad, la clandestinidad y a la marginalidad”. A juicio de esta joven, que desembarcó en España a principios de los años 90 como “una de esas mujeres que llegaron en oleadas, fundamentalmente para cuidar a niños y mayores” y que participó activamente en movimientos sociales y en el 15M hasta llegar a fundar el círculo de Vallecas de Podemos, la normativa aprobada en 2000 “sentó las bases de una discriminación institucional que justifica y retroalimenta el racismo”, lo que en la práctica supone “una exclusión del migrante del espacio público”. Niega que el hecho de que la participación de los inmigrantes en partidos, sindicatos o asociaciones de vecinos sea “bastante escasa” suponga que “no trabajen por sus derechos”. Y recuerda que “en los últimos años”, estas personas “han sido actores decisivos”, por ejemplo, en la “lucha por el derecho a la vivienda”.
Desde el PSOE, la secretaria de Inmigración del partido, Eva Matarín, recuerda que “la primera persona de origen marroquí que fue diputada en el Parlament de Cataluña fue Mohamed Chaib, por parte del PSC”. En su opinión, “hay que avanzar en general por conseguir unas instituciones y un partido que se asemeje lo máximo posible a la población que representa”, pero siempre teniendo en cuenta que la lucha por la igualdad “no consiste simplemente en elaborar listas en las que incluir el nombre de personas de origen inmigrante”. Asegura que “hay que impulsar esa representación, pero es imprescindible también facilitar y promover su participación política en el seno de los partidos”. Porque “la gestión de las sociedades multiculturales supone uno de los grandes desafíos de las democracias”.
“Aunque las políticas migratorias se han centrado durante años principalmente en atender la llegada de la población inmigrante o en desarrollar los procesos de convivencia, es hora de que se dé un paso más allá y se marque como objetivo que las instituciones públicas, las organizaciones y los propios partidos se asemejen a la pluralidad social y cultural existente. La igualdad real se alcanzará el día que verdaderamente no se tengan reticencias para situar a inmigrantes o mujeres en áreas como hacienda, urbanismo, o en las secretarías generales de los partidos, aunque aún hay mucho camino por recorrer”, concluye la dirigente socialista.
Y esa representación, ¿para qué? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los inmigrantes? ¿Existen peticiones específicas de este colectivo? “El grupo de extranjeros residentes en España es muy diverso y heterogéneo, también en sus preferencias políticas”, explica María Ramos, lo cual “hace difícil encontrar reivindicaciones comunes. La razón es que una persona no sólo es extranjera o nacional, sino además joven o mayor, hombre o mujer y tiene una posición más o menos privilegiada en el mercado laboral.”.
Ana Surra sí cree que hay unas exigencias claras y rotundas en las que coinciden la mayoría de los inmigrantes: “Un trabajo digno, papeles para no estar pensando que un día te van a echar de aquí y dignidad, porque queremos ser ciudadanos de primera, no de segunda”. El rumano Paduraru menciona también peticiones que tienen que ver con derechos políticos o con el acceso a las administraciones. Señala la opción de votar en las elecciones autonómicas o generales, o la igualdad a la hora de optar a puestos de trabajo públicos como los de policía, bombero o miembros de las Fuerzas Armadas.
“Los inmigrantes reivindican, en general, seguridad jurídica o facilidades para formalizar su estancia en nuestro país”, añade la socióloga Carlota Solé. Y en esta línea se expresa, también, Rommy Arce, que explica que las principales peticiones de estas personas “pasan por derribar las vallas interiores y exteriores de esta ‘Europa fortaleza’. La política migratoria debe cambiar profundamente, abandonar la perspectiva represiva y encaminarse hacia una equiparación de derechos de las personas migrantes sobre la idea de la ciudadanía como convivencia”. Para ello, insiste, “es obligado la reforma de leyes que recortan derechos a estas personas como la llamada Ley Mordaza, el cierre de los CIEs, establecer vías legales y seguras de entrada al país, flexibilización del reagrupamiento familiar, derecho a voto, eliminación de los test de nacionalidad, un sistema de asilo justo que respete la legislación internacional o una ley integral que erradique la trata de personas en todos los ámbitos desde la explotación sexual a la laboral”.
La socialista Eva Matarín considera que “la población inmigrante tiene las mismas necesidades que cualquier ciudadano, más las que le repercuten directamente como colectivo”. Por eso esta población “reclama aquellas medidas que hacen más llevaderas sus dificultades como, por ejemplo, derogar el Real Decreto-ley 12/2012” que dejó sin acceso a la sanidad a aquellos que no disponían de papeles o “acabar con las devoluciones en caliente” flexibilizando además “los canales de inmigración legal, que son el medio para acabar realmente con las mafias”.
María Ramos, que ha estudiado el comportamiento electoral de este colectivo, señala que “aunque en términos generales el interés por la política es muy parecido entre españoles de origen y extranjeros nacionalizados, lo cierto es que la participación en elecciones es algo menor entre los inmigrantes”. Así lo revelan los últimos datos publicados al respecto por el CIS relativos a las elecciones del 20D. Carlota Solé apunta, además, que “dado que una vez integrados en el mercado laboral formal las reivindicaciones de los inmigrantes son más sindicales”, sus opciones políticas, como trabajadores, “se orientan hacia posiciones socialistas o de izquierda en general”. La excepción la suponen los “pequeños y medianos empresarios étnicos, como por ejemplo los paquistaníes”, cuyas preferencias en las elecciones son, según sus análisis, “más conservadoras”.
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