Son obligados a pagar alquileres exorbitantes por viviendas precarias y sometidos a condiciones laborales peligrosas y amenazas constantes
En la planta de JBS en Greeley, Colorado, inmigrantes haitianos han encontrado condiciones de vida que, según sus propias palabras, son “peores que estar en la cárcel”. Cientos de trabajadores de la isla se han convertido en testimonio de la desesperación y la explotación. Atraídos por la promesa de empleo y una vida mejor, se enfrentan a una cruda realidad al llegar a las instalaciones de la reconocida empresa brasileña de procesamiento de carne.
La planta, que depende en gran medida de la mano de obra extranjera para mantener sus operaciones, ha sido acusada de prácticas laborales abusivas y condiciones de vida inhumanas. Según el sindicato United Food and Commercial Workers, hasta 500 trabajadores haitianos y benineses han sido víctimas de trata de personas, obligados a pagar alquileres exorbitantes por viviendas precarias y sometidos a condiciones laborales peligrosas y amenazas constantes.
La situación es reflejo de un problema mucho más amplio. La industria cárnica en Estados Unidos ha recurrido históricamente a inmigrantes para cubrir puestos de trabajo difíciles de llenar, en especial después de la escasez de mano de obra provocada por la pandemia. Sin embargo, esta dependencia ha llevado a abusos sistemáticos y a una falta de supervisión adecuada.
Los trabajadores haitianos, muchos de los cuales han huido de la violencia y la pobreza extrema en su país de origen, se encuentran atrapados en un ciclo de explotación del que es difícil escapar.
Situación precaria
Las condiciones de vida de los inmigrantes haitianos son particularmente alarmantes. Muchos de ellos viven en alojamientos proporcionados por intermediarios que cobran alquileres exagerados por espacios insalubres y abarrotados. En algunos casos, los trabajadores duermen en el suelo, sin acceso a agua potable, calefacción adecuada y otros servicios básicos.
Tales condiciones se combinan con jornadas laborales extenuantes y la constante amenaza de represalias. La respuesta de JBS ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. La empresa afirma que no cobra a los trabajadores por servicios previos al empleo y que ha tomado medidas para mejorar las condiciones en la planta de Greeley.
Sin embargo, las denuncias de abuso y explotación continúan, y muchos trabajadores sienten que sus voces no están siendo escuchadas. Un recordatorio de las fallas del sistema de inmigración y de las políticas laborales. Mientras la empresa busca expandir sus operaciones y cotizar en la Bolsa de Nueva York, los trabajadores que sostienen su éxito siguen viviendo en condiciones deplorables.
Red de explotación
En la planta la explotación de trabajadores haitianos no solo involucra a la empresa, sino también a individuos externos que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas. El haitiano Mackenson Remy y Edmond Ebah, un supervisor en JBS proveniente de Benín, desempeñan un papel destacado en la red de explotación. Fungen de intermediarios que reclutan a los trabajadores haitianos para JBS y les cobran por puestos de trabajo y alojamiento.
El año pasado, un aumento de los costos del ganado hizo que las ganancias se redujeran. Por ello, JBS recortó beneficios de contratación, como los bonos por firmar contratos y los reembolsos por mudanzas. Sin embargo, la empresa necesitaba contratar personal. Entonces Remy y Ebah se aliaron para atraer a los trabajadores haitianos con promesas de empleo y una vida mejor.
Pero todo se convirtió en una trampa. Fueron obligados a pagar por los puestos de trabajo, a menudo endeudándose para poder cubrir estos costos. Además, les cobraron alquileres por alojamientos insalubres y en condiciones de hacinamiento. Muchos de ellos dormían en el suelo.
Los contactos con los nuevos trabajadores se hacían por un canal de TikTok que tenía Remy. A través de la plataforma dio instrucciones a inmigrantes haitianos que vivían en otros estados sobre cómo reservar un vuelo a Denver.
Cuando llegaron, les cobró 120 dólares por el viaje de aproximadamente 60 millas desde el aeropuerto hasta Greeley. También tuvieron que desembolsarle otros 200 dólares para asegurar su entrada a JBS.
Durante meses, muchos de los trabajadores recién llegados durmieron en grupos de hasta ocho en una habitación de un motel. Caminaban kilómetro y medio hasta la planta para comenzar sus turnos. En los cuartos asignados solo había una cama. Los que pudieron compraron colchones inflables.
Mudanza obligada
Después del motel, a los grupos los mudaron a un dúplex en un barrio de clase media, cuyo alquiler mensual eran 1.795 dólares. A cada trabajador le cobraban 60 dólares a la semana para cancelarlo.
Usaban mantas para marcar sus lugares en el suelo. Cuando el propietario se enteró de la cantidad de personas que se alojaban allí, Ebah tuvo que pagar unos 4.400 dólares por inquilinos no autorizados y otras facturas. Para ayudar a cubrir la multa les cobró 100 dólares a cada uno.
Para mantener el control sobre los inmigrantes haitianos, la pareja utilizaba tácticas de intimidación y amenazas constantes. A los trabajadores los amenazaban con represalias y deportación si intentaban denunciar los abusos o dejar sus trabajos. Muchos se encontraron atrapados sin acceso a recursos legales o sociales que les permitieran mejorar su situación.
Cuando la denuncia llegó a United Food and Commercial Workers International el sindicato le dijo a JBS que Ebah estaba cobrando a los trabajadores y poniendo su nombre en las bonificaciones por recomendación. La empresa abrió una investigación sobre las actividades de Ebah y lo suspendió por varios meses durante el proceso. Cuando se completó la investigación, lo regañaron y regresó a la planta.
La empresa dijo que reprendió a Ebah por haber violado su política de conflicto de intereses, pero que no encontró evidencia de que hubiese actuado al margen de la política de contratación o de que estuviera asociado con algún supuesto maltrato a empleados. Descartó que el castigo estuviese vinculado con su relación con Remy.
Muchas ramificaciones
La explotación laboral de trabajadores inmigrantes no es exclusiva de JBS. Está presente en otras empresas en Estados Unidos.
- La industria agrícola depende en gran medida de trabajadores inmigrantes haitianos, muchos en situación vulnerable debido a su estatus migratorio. Los trabajadores agrícolas a menudo enfrentan condiciones laborales duras, salarios bajos y largas jornadas de trabajo. En 2022, se reportó que aproximadamente 2,4 millones de trabajadores agrícolas, la mayoría inmigrantes, trabajaban en granjas y ranchos. Abundan las denuncias de abusos, como el robo de salarios y el cobro de comisiones indebidas.
- En la construcción, a los trabajadores inmigrantes también los explotan. Las empresas y los contratistas a menudo utilizan tácticas de control como la retención de salarios, la confiscación de documentos y amenazas de deportación para mantener a los trabajadores en condiciones de explotación. Estos abusos son comunes debido a la falta de supervisión y la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes.
- La explotación laboral también es evidente en la industria textil y de manufactura. Los inmigrantes en estas industrias a menudo realizan labores peligrosas y devengan salarios extremadamente bajos. La falta de regulación y supervisión permite que estas prácticas continúen sin consecuencias significativas para los empleadores.
- Menores inmigrantes víctimas de la explotación laboral. En 2022, reportaron que a casi 4.000 niños migrantes los explotaron laboralmente en Estados Unidos. Al menos 835 compañías las señalaron de violación de las leyes federales al contratar a menores migrantes y exponerlos a condiciones de trabajo peligrosas y abusivas.
HRW pide régimen de protección
En un reporte que describe la situación de los migrantes haitianos y venezolanos, Human Rights Watch dijo que las políticas de regularización y la integración «limitada» están forzando a personas vulnerables a dirigirse cada mes hacia Estados Unidos. Para llegar a la frontera estadounidense, muchos solicitantes de asilo hacen un viaje largo y peligroso que incluye cruzar el Tapón del Darién, un tramo de jungla sin carreteras entre Colombia y Panamá.
El grupo pide a los gobiernos latinoamericanos a «implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo fijo con una duración adecuada y renovable, incluyendo a quienes no reúnan los requisitos para obtener el estatuto de refugiado según la legislación nacional». El reporte también pide que los gobiernos eliminen barreras que limitan la integración de migrantes y refugiados. Entre estas leyes que impiden que las personas obtengan permisos de trabajo mientras buscan asilo en otros países.
En lo que va de año, 11.000 haitianos han cruzado la selva camino de la frontera estadounidense, según la agencia nacional de inmigración panameña. Aunque en junio se estableció un nuevo gobierno interino en Haití, las pandillas aún controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Millones de personas enfrentan una «grave inseguridad alimentaria», precisa la agencia alimentaria de la ONU.
Human Rights Watch señaló que los haitianos que viven en América del Sur tienen problemas para conseguir permisos de residencia o acceder a trabajos formales, lo que hace cada vez más difícil mantener a los familiares que dejaron en casa y les hace poner rumbo a Estados Unidos.
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