La Unión Europea saldrá al rescate de España. Será la intermediaria con Marruecos para repatriar a los más de 16.000 migrantes irregulares que han llegado a Canarias en 2020, de acuerdo con datos de Frontex. La comisaria de Interior de la UE, la socialista Ylva Johansson, viajará a Rabat, con el fin de impulsar las repatriaciones. Estas personas no tienen derecho de asilo de acuerdo con la normativa europea.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudió la semana pasada a Rabat para reunirse con su homólogo marroquí, Abdeluafi Lafitg, con la finalidad de reforzar la cooperación en las fronteras y persecución de las mafias. Sin embargo, salió sin anunciar ningún acuerdo en concreto.
En busca de calma
Grande-Marlaska acudió tras la tensión que le generó al Gobierno marroquí la propuesta del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de hacer un referéndum sobre el Sáhara. Un gran conflicto para Marruecos en el que Exteriores se pone de perfil al apoyar la mediación de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el titular de Interior aseguró que «el Gobierno español y el Ministerio del Interior evalúan muy positivamente el estado de la cooperación y de colaboración con las autoridades marroquíes».
Obstáculos entre la Unión Europea y Marruecos
En busca de dar con soluciones, la comisaria de Interior de la UE acudirá junto con el responsable de las ayudas europeas para los países de la ribera sur del Mediterráneo, Olivér Várhelyi. Ambos se reunirán con el ministro Laftit y el responsable de Asuntos Exteriores, Nasser Burita.
Pero no todo es tan sencillo. Las repatriaciones son el gran escollo entre la UE y el Gobierno marroquí. Desde el año 2015, las negociaciones están paralizadas tras las sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que excluían al Sáhara Occidental de los acuerdos comerciales y pesqueros entre Marruecos y la UE. Rabat pide más financiación a cambio de aceptar las repatriaciones. Mientras, la UE le solicita a cambio que readmita no solo a nacionales, sino también a subsaharianos y norteafricanos que ingresan a España a través de sus costas.
43 millones para instalar carpas
Entretanto, España ya ha solicitado 43 millones de euros para instalar las carpas anunciadas esta semana por el ministro de inclusión, José Luis Escrivá, para alojar más de 7.000 migrantes irregulares en Canarias. Algunas fuentes gubernamentales desvelaron que Pedro Sánchez también tendría previsto pedir a la UE otros 12 millones de euros para el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que se habilita en Barranco Seco, Las Palmas de Gran Canaria.
El responsable de Migraciones indica que se trata de una solución temporal. Sin embargo, la patronal sigue quejándose de que mantienen a más de 6.000 inmigrantes en hoteles de cuatro y cinco estrellas a lo largo de toda la isla. Y desde hace varios meses.
Lo que Escrivá espera es que a final de año cuenten con carpas y campamentos para atender a 7.000 más y así poder desplazarlos de los hoteles a las carpas. Un recurso flexible como opción de emergencia. De todos modos, aclaró que la aspiración no es a tener carpas por todas las islas, sino que se trata de una solución momentánea para atender la situación.
Crisis en Canarias
Desde la Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo de las Palmas, contrario de la solución provisional que propone Escrivá, denunciaron que se han «suscrito contratos para el alojamiento de inmigrante en establecimientos por duración de un año». Esto a pesar de que, como pidieron antes, no debieron de ir más allá del 31 de diciembre de este 2020.
Desde el Gobierno han expresado «preocupación» por la crisis migratoria de Canarias y aseguran que «urge» acordar un marco común en la UE para la política migratoria. De hecho, España pedirá negociar un «Pacto Europeo de Migración» cuando antes para prever un reparto equitativo obligatorio de los migrantes por todos los países europeos, entre otras cosas.
La mayoría de los que alcanzan las costas canarias de manera precaria e irregular proceden de Marruecos. Llegan en pequeñas embarcaciones en las que se apiñan unas veinte personas, sobre todo jóvenes, que huyen de la crisis económica y la falta de expectativas. Una situación que empeoró por la COVID-19.
La situación de los migrantes
Durante las últimas semanas, la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Canarias ha evaluado la situación de los migrantes. Señala que se ha ido deteriorando y los derechos fundamentales han sido violados sistemáticamente. Repudian que se esté generando un gran estado de desamparo para los migrantes y que se esté suprimiendo su acceso a los derechos básicos humanos.
Los migrantes han sido alojados en campamentos improvisados que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad para un ser humano. Permanecen hacinados en carpas, con apenas capacidad de movilidad y con el mínimo de recursos para su sobrevivir.
También denuncian que, ante el desbordamiento de los campamentos improvisados, se han liberado a cientos de migrantes para desplazarlos a otras islas sin control administrativo. Tampoco cuentan con garantías sociales, sanitarias ni la posibilidad de vivienda o alojamiento. Igualmente, no tienen regularizada su situación con la administración pública y no cuentan con capacidad de sustento o acceso a productos alimenticios de primera necesidad.
En busca de soluciones
La prioridad para la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Canarias es que se atienda a la lucha contra la trata de personas y que los organismos estatales escuchen a los representantes públicos canarios. Exigen una solución inmediata, con control de la inmigración y de las fronteras.
Exigen la aplicación coercitiva de la ley a los traficantes de personas, acopio de información confidencial, amparo del poder judicial y el acatamiento a la legislación nacional e internacional. También piden mejoras de las infraestructuras y que se creen estrategias de contingencia para articular los servicios sociales y humanos imprescindibles. Además de atención médica y psicológica necesaria.
Entre sus peticiones también se encuentra el desarrollo de un plan de comunicación, pedagógico y de integración dirigido a la ciudadanía. Quieren que se informe sobre el control de la migración, las diferencias étnicas y nacionales, la prostitución, el exceso o escasez de mano de obra, las normas culturales relativas a cuidados infantiles y todo tipo de delincuencia organizada relacionada con los migrantes. No quieren, de ninguna forma, que se le dé pie a la apología del racismo ni a la xenofobia. Rechazan cualquier tipo de manifestación de odio, discriminación y no quieren que se alimente el conflicto social o étnico. Esperan que los organismos públicos den respuesta a esta situación de forma inmediata.
Canarias desbordada
Muchos califican la situación como la crónica de una crisis anunciada debido a que autoridades canarias y las ONG del sector llevaban al menos 12 meses advirtiendo que la ruta atlántica habia sido reabierta por mafias del tráfico de inmigrantes ilegales. En su mayoría llegados de Marruecos, Malí, Gambia o Sierra Leona.
Ahora Pedro Sánchez tiene su propia crisis de la patera, como la que enfrentó José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la oleada de los cayucos en agosto de 2006. Un período en que 1.268 inmigrantes ilegales llegaron en tan solo 48 horas a las Islas Canarias a bordo de embarcaciones precarias.
La actual crisis ya supera a esa de 2006, pues solo durante la última semana se han llegado a acumular más de 2.700 inmigrantes en el puerto de Arguineguín. Tan solo en el extremo suroeste de la isla de Gran Canaria. Todavía el flujo no se ha detenido y no se sabe cuándo se detendrá.
Desde que inició el 2020, más de 16.000 inmigrantes ilegales han llegado a las Islas Canarias. Una cifra 11 veces mayor que la registrada el año anterior, cuando a estas alturas solo habían llegado 1.500 inmigrantes.
Si se revisan las cifras de toda España, y no solo las de las Canarias, el mes de octubre fue el segundo peor de los últimos 5 años, con 8.500 inmigrantes irregulares registrados. Está solo por detrás del pico de octubre de 2018, cuando la cifra fue de 11.000.
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