El «ingreso mínimo vital» se pondrá en marcha «en semanas” y permitirá reducir la pobreza extrema “en cifras altísimas”, con el apoyo de los ayuntamientos, afirmó José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Escrivá compareció este miércoles en la Comisión de Trabajo del Congreso y explicó que el «ingreso mínimo vital» “no será una prestación individual sino que pondrá el énfasis en los hogares y se diferenciará según la estructura de estos hogares”.
Destacó que del casi un millón de hogares que han analizado, cerca del 10% son monoparentales. Calcula que la iniciativa podría beneficiar a 100.000.
Acerca del tiempo que ha transcurrido sin que se haya puesto en vigor, explicó que la medida se diseña “con mucho cuidado”. Será compatible y complementará las rentas de las comunidades autónomas, por lo que no habrá conflicto de competencias.
Se excusó de no ofrecer más detalles, porque «el ministerio está cruzando datos con la Agencia Tributaria». Reiteró que el ingreso mínimo vital en el que trabaja tiene el objetivo de ser permanente, es «un compromiso adquirido por el Gobierno de coalición para esta legislatura».
🏛 El ministro @joseluisescriva ha comparecido hoy en el @Congreso_Es para explicar las medidas adoptadas como consecuencia de la #COVID19 y el alcance que están teniendo#EsteVirusLoParamosUnidos
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Casi 900.000 empleos destruidos
En su presentación Escrivá reconoció que 888.597 empleos han sido destruidos desde el 12 de marzo como consecuencia de la crisis del coronavirus. La cifra supone una caída equivalente a la de los peores meses de la anterior crisis (septiembre 2008-marzo 2009).
Explicó que tras perderse 600.000 afiliados a la Seguridad Social en los días en torno a la declaración del estado de alarma, se aprecia que desde el día 24 no hay caídas de esa magnitud, con la única excepción del 31 de marzo, aunque en este caso la evolución está condicionada por el habitual fin de contratos al acabar el mes.
El grueso de la pérdida de empleo ocurrió en el régimen general y recayó especialmente sobre trabajadores con contrato temporal. Mientras, el régimen de autónomos ha tenido un comportamiento más positivo. En concreto, el general registra una caída del 6%. El de autónomos está por debajo del 2%.
▶ @joseluisescriva: Estimamos que con todas las medidas aplicadas se da protección a más de 6 millones de personas, el 30% de la población activa ocupada: más de 6 millones de personas @Congreso_Es pic.twitter.com/JeyfYNHVlX
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El efecto de los ERTE
Escrivá señaló que casi 2 millones de trabajadores afectados por ERTE están cobrando prestación de paro y que cerca de 4 millones de personas, el 16 % de la población activa, están incluidas en los expedientes de regulación temporal de empleo.
Recordó que más del 50 % de los afectados por ERTE ya se les ha efectuado la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y ha incidido en que la prestación extraordinaria para autónomos por cese de actividad supone un beneficio económico mínimo de 950 euros al mes y será percibida este viernes por más de 800.000 beneficiarios.
«La prestación se está concediendo casi al total de las personas que la han solicitado, con una aceptación del 97 % de las solicitudes».
Medidas ambiciosas
Escrivá puntualizó que la respuesta española ha sido de las «más ambiciosa y rápidas» entre los países de Europa. Aseguró que está por encima de naciones anglosajonas y en línea con Italia y Francia.
Subrayó que estas medidas han permitido proteger a más de 5 millones de personas, con las casi 4 millones de personas acogidas a ERTE, el casi millón de autónomos que se calcula que podrán recibir la prestación y las personas empleadas de hogar y temporales sin derecho a prestación. Al mismo tempo ha habido más 400.000 personas beneficiarias de prestaciones de incapacidad temporal asimiladas a accidente de trabajo por la COVID-19.
En cuanto a los aplazamientos y moratorias a autónomos y pyme, dijo que hasta el 12 de abril se habían recibido más de 92.000 solicitudes. Un 30 % corresponden a trabajadores por cuenta propia.
Además, informó que en los próximos días se publicará la orden ministerial con el detalle de los sectores que pueden acogerse a la moratoria de seis meses para las cotizaciones que se tienen que pagar en abril, mayo y junio. Agregó que se trata de unas medidas «sin precedentes» que son muy extensas y que podrán proteger las rentas de 6 millones de personas. «Esta protección de rentas es la absoluta prioridad del Gobierno en este momento», aseguró.
📌📌"La reacción ha sido más amplia y más rápida que en anteriores crisis. La crisis sanitaria actual es temporal y, mientras dure, el sector público debe garantizar rentas". pic.twitter.com/Y1scVHlscy
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