El informe de la ONU es demoledor. La misión independiente designada por la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela investigó durante un año y documentó 223 casos, 48 de los cuales se describen de manera exhaustiva. Habla de asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, testimonios de violencia sexual, torturas, tratos crueles y degradantes, además de violaciones al debido proceso.
El dictador Nicolás Maduro, sus principales colaboradores y varios de los más altos funcionarios civiles de su régimen son acusados con nombre y apellido como responsables de los crímenes.
Hubo un tiempo en el que la izquierda democrática europea podía simpatizar con la autoproclamada Revolución Bolivariana. Pero ahora, colocarse al lado de una tiranía que ha impuesto el terror en su país no sería simpatía, sino complicidad.
Ya no se trata de la opinión de un grupo de políticos de «la derecha», o de la «oligarquía» que tratan de defender los «intereses» de las grandes trasnacionales. El informe ha sido redactado por una misión internacional independiente comisionada por la ONU. De hecho, hay una representación del régimen de Nicolás Maduro dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No es, entonces, el reporte de una de las partes, ni puede ser sospechoso de parcialidad. Es el relato crudo de los crímenes de una dictadura cruel.
Las reacciones no se han hecho esperar. El informe ha colocado sobre la mesa el debate en torno a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre. Se trata de unos comicios plagados de irregularidades, sin garantías mínimas de equidad ni transparencia, y en el cual solo participarán partidos y candidatos directa o indirectamente vinculados con el chavismo.
No hay garantías electorales
Uno de los primeros pronunciamientos, tras el informe de la ONU, fue el del Grupo de Contacto Internacional. Esta iniciativa de corte diplomático tiene como objetivo aportar una interlocución con los diversos actores políticos de Venezuela. Está conformado por España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Suecia, al igual que Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Ha buscado una mediación que lleve a una salida a la crisis democrática que vive el país.
En el pasado reciente, insistió en la necesidad de lograr una salida democrática y pacífica a la crisis en Venezuela. En consecuencia, se ha mantenido atento ante el proceso electoral pautado para el 6 de diciembre.
Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo, a través de un comunicado, rechazan la ejecución de elecciones hasta que estas puedan ser consideradas equitativas. El documento concluye que, por el momento, «no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo. Se deben eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleve a cabo un proceso electoral significativo».
Asimismo, el Grupo exige que se respete el mandato constitucional de la Asamblea Nacional que fue elegida democráticamente en 2015. La petición se suma a la exigencia de otras garantías para dar legitimidad a los procesos. Por ejemplo, la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos. También el cese de la inhabilitación y el enjuiciamiento de los líderes políticos. Además, el pleno restablecimiento de sus derechos y de otros candidatos a la igualdad política.
Por otro lado, el Grupo subrayó que los señalamientos de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro se extienden a otros agentes extranjeros. En especial, los funcionarios cubanos que reprimen y torturan en Venezuela, como fue señalado por las víctimas.
Un régimen criminal no puede convocar elecciones libres
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aseveró que «es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas«.
«Es necesario que la comunidad internacional cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación mediante elecciones claramente fraudulentas como han hecho determinados actores internacionales actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura», agregó.
Si bien la «Secretaría General saluda la publicación del informe, no podemos dejar de señalar las demoras en exigir rendición de cuentas. En materia de derechos humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte», puntualizó.
No es momento de «diálogo y elecciones»
La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, pidió una posición de los demócratas del mundo similar a la que ha expresado la OEA. Reconoció su llamamiento a la comunidad internacional para actuar mancomunadamente y dar fin a la dictadura.
Machado crítico la posición de la UE. «Mientras la Misión de la ONU y la OEA dicen que el régimen es responsable de crímenes de lesa humanidad, la Unión Europea, por medio de su alto representante para la Política Exterior, habla de diálogo y elecciones», expresó.
«¿Se atreverá la Unión Europea a enviar una Misión que ‘explore’ las “condiciones electorales” en Venezuela una vez que la Misión de Derechos Humanos de la ONU ha demostrado cuáles son las condiciones en que Maduro ha cometido y comete crímenes de lesa humanidad?», preguntó.
La Unión Europea ha reiterado en los últimos días que se deben aplazar las parlamentarias para generar «mejores condiciones». Este jueves, el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, indicó que el bloque podría enviar observadores a las legislativas del próximo 6 de diciembre solo si se producen «importantes cambios en las condiciones y plazos».
La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, calificó de “preocupante” el informe de la ONU. Subrayó que el papel de la UE es de “facilitación, porque Europa no es la que negocia, sino la que busca facilitar este diálogo entre el régimen y la oposición”.
Gobiernos rechazan legitimación de elecciones
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el informe «no solamente concluye que, en efecto, Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, sino que existe una grave afectación a todo el sistema de derechos humanos«.
«El remedo de elecciones que quiere convocar a finales de este año es simplemente un mecanismo para legitimar esa dictadura, pero además para legitimar todos estos crímenes de lesa humanidad«, añadió.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, aseveró que “en Venezuela hay una dictadura pura y dura”. La Cancillería brasileña instó a la comunidad internacional a trabajar “por la extinción del régimen de Maduro y la liberación de Venezuela”.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania, Maria Adebahr, aseguró en una rueda de prensa que su país condena «las violaciones de los derechos humanos en Venezuela».
Agregó que el Gobierno de Berlín se suma a la postura del Grupo Internacional de Contacto que consideró que actualmente no se dan las condiciones para que se celebren elecciones transparentes, inclusivas, libres y justas en Venezuela.
Elecciones sí o sí
Sin embargo, Maduro alegó que es «imposible» posponer las elecciones «porque es un mandato constitucional». «Va a haber una nueva Asamblea Nacional y ustedes como Unión Europea no se pueden quedar pegados en el guion de Donald Trump de intentar sustituir los poderes públicos de Venezuela. Por favor, un poco de realismo político», agregó.
«Si no pueden mandar una supercomisión a las elecciones de Venezuela, manden una comisión en privado», dijo durante un acto de su partido.
El canciller del régimen, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta de twitter que el informe está «plagado de falsedades» y carece de «rigor metodológico». Además, aseguró que a los investigadores les habrían pagado «5 millones de dólares para que hicieran un ‘refrito’ del informe de Almagro».
Un posible caso penal
Los analista jurídicos destacan que uno de los aspectos más significativos del informe de la ONU es que presenta pruebas claras de que las órdenes vinieron de lo más alto. Señala a Nicolás Maduro, su gobierno y los altos funcionarios de seguridad. Los investigadores tienen una lista de 45 nombres que habrían estado directamente involucrados. El informe puede tener un papel en la construcción de un caso para enjuiciar a los autores de estos crímenes en un tribunal internacional.
“En este informe hay un señalamiento directo a los responsables con nombre y apellido. Ellos tienen la responsabilidad política y pública de lo que ha sucedido en el país con respecto a las violaciones de derechos humanos. También es importante resaltar que por primera vez, producto de un análisis y una investigación con pruebas, se pudo determinar los delitos como crímenes de lesa humanidad”, explicó Carlos Meléndez, Coordinador del Observatorio Venezolano de la Violencia.
La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, considera que el informe de la ONU es un “gran logro” para los venezolanos “que anhelan justicia y que quieren un cambio en el país”. Reconoció el trabajo que durante años las organizaciones que promueven los derechos humanos han realizado en el país. Considera que sin sus aportes no hubiese sido posible completar la investigación.
Recordó que ha denunciado más de 8.000 ejecuciones entre 2016 y 2017. Además, en las protestas contra el régimen, los “colectivos” trabajaron con los organismos de seguridad como fuerza de apoyo para reprimir a los manifestantes. Todo esto con el conocimiento y aprobación de altos funcionarios.
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