La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en su página en Internet un informe de 21 páginas de su evaluación de la justicia y el Estado de derecho en Venezuela. Abarca desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de abril de este año y documenta 17 asesinatos ocurridos en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales previamente documentados”.
La alta comisionada Michelle Bachelet presentará el lunes 5 de julio la actualización del reporte sobre Venezuela en el marco de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Indica que ha continuado recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra ciudadanos venezolanos por la dictadura de Nicolás Maduro. También le han llegado informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. Igualmente, persisten los patrones de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación. Hubo nueve casos de desapariciones, mientras que las condiciones de detención “permanecen por detrás de las normas internacionales”.
Persecución de periodistas, sindicalistas y activistas sociales
Señal las funciones de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación siguen obstaculizada por restricciones normativas y administrativas. Hubo 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
En las 17 muertes presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas en el Distrito Capital y en los estados de Miranda, Monagas, La Guaira y Zulia. Una ocurrió en el contexto de una protesta, pero las otras 16 se produjeron, según durante operaciones de seguridad realizadas en zonas marcadas por elevados niveles de inseguridad y violencia y aguda pobreza.
Preocupante violencia sexual para controlar a testigos
En 12 de los casos documentados, los agentes de seguridad irrumpieron en los hogares de las víctimas. Los testigos entrevistados informaron de que utilizaron la violencia, incluida la violencia sexual, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares.
Los familiares de las víctimas declararon los insultaron, golpearon, arrastraron por el pelo y amenazaron de muerte si no obedecían. En algunos casos, fueron objeto de acoso y violencia sexual. Además, los agentes permanecieron en la casa de las víctimas durante varias horas, manipularon las pruebas de la escena del crimen y retiraron el cuerpo de la víctima. En al menos siete casos, los autores también habrían robado en las casas o el lugar de trabajo de las víctimas.
Casi todas las víctimas muertas en los casos documentados por el ACNUDH eran hombres, jóvenes y niños de familias de bajos ingresos en barrios marginales. Estos sucesos tienen graves efectos en las comunidades. Infunden miedo en la población, generan desconfianza en las fuerzas del orden público, marginan aún más a las comunidades pobres y provocan desplazamientos.
La mayoría de las muertes documentadas por el ACNUDH en el informe se atribuyen a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Bolivariana.
El ACNUDH continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.
A denunciantes de torturas los “custodian” sus torturadores
Lo más graves es que después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, a las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los responsables de los malos tratos que denunciaron. En algunos casos, a los presuntos responsables los llamaron a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos. El ACNUDH continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las víctimas.
Pone como ejemplo el caso de un hombre detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar que denunció ante un juez que lo torturaron y presionara para que confesara. Le dijeron, además, que tres familiares, también detenidos, serían liberados si cooperaba con la investigación. Sin embargo, sigue bajo la custodia de sus torturadores y no le concedieron medidas cautelares.
Al ACNUDH le preocupan los informes de violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva. La mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres. El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado a participar en actos sexuales.
Presos no reciben alimentación suficiente
Igualmente informa que la alimentación en los centros de detención sigue por debajo de los estándares de calidad e higiene, y era insuficiente. Las restricciones a las visitas familiares también impactaron en el acceso a los alimentos de las personas detenidas, que a menudo dependen de sus familiares para que les proporcionen fuentes de alimentación suplementarias para satisfacer sus necesidades nutricionales. Aunque muchos centros de detención aceptaban alimentos de los familiares, las fuentes denunciaron irregularidades en su entrega a las personas detenidas. Esta situación agravó la malnutrición reportada en los centros de detención.
La situación de las personas detenidas en centros policiales continúa siendo particularmente preocupante. El ACNUDH encontró condiciones de grave hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, falta de saneamiento, acceso limitado al agua y falta de atención médica, así como violencia sexual contra las mujeres.
Aunque ni la policía ni los órganos de investigación tienen el mandato legal de mantener a personas detenidas bajo custodia más allá del límite de 48 horas, sin embargo, en la práctica, las personas pueden permanecer en centros de detención preventiva durante meses o años a la espera de su comparecencia y juicio ante los tribunales.
“Si no votas no cobras la pensión”
El informe también se refiere a la violación de los derechos ciudadano. Autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios. Se reportó que a empleados de empresas e instituciones estatales también los amenazaron con despedirlos si no votaban en el evento electoral del 6 de diciembre de 2020 que no reconoció por la comunidad internacional ni por la oposición venezolana por la falta de garantías mínimas para asegurar un proceso libre y justo.
Los actores de la sociedad civil críticos del gobierno son constantemente atacados e insultados por funcionarios a través de medios de comunicación y sitios web oficiales. Personas defensoras de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación independientes fueron calificados de “criminales” o “terroristas”. Los voceros del régimen en todas sus instancias sostienen que algunos actores de la sociedad civil habrían cometido malversación de fondos, y las han acusado de “asociación para delinquir”, “financiamiento al terrorismo” y “legitimación de capitales”. Estos cargos conllevan la detención obligatoria, lo que impide la posibilidad de que los tribunales consideren medidas alternativas. En muchos casos, los retrasos judiciales resultaron en largos períodos de detención preventiva. De hecho, fueron detenidos tres dirigentes sindicales, un activista y dos miembros de la oposición política acusados de terrorismo o de financiamiento al terrorismo.
Guerra contra las ONG y las protestas pacíficas
En La Guaira las personas pueden ser multadas hasta con 20 millones de bolívares por participar en protestas pacíficas que alteran la convivencia ciudadana Además altos funcionarios han calificado públicamente de actividad delictiva la recepción de financiación extranjera por parte de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, y llamaron a que se emprendieran acciones judiciales. Estas disposiciones restringirían la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de operar en el país y de informar sobre las violaciones de los derechos humanos.
Además de las decenas de recomendaciones formuladas desde 2019, Bachelet agregó otras 10 recomendaciones. Entre ellas, destacan que “la rendición de cuentas sigue siendo fundamental para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho”.
Exhortó al “acceso a la información y los datos públicos para monitorear y orientar adecuadamente las políticas públicas, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19”.
Y, de cara a las elecciones regionales y municipales convocadas en el país para el próximo 21 de noviembre, pidió que se garantice las condiciones “para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes”.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro aún no se ha pronunciado sobre este nuevo reporte. Sin embargo, durante una actualización de Bachelet en marzo, el representante venezolano expresó la necesidad “preservar y consolidar” la cooperación y el diálogo con la oficina del Alto Comisionado.
El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino del país, aseguró que lo relatado en la actualización del informe respalda todavía más los señalamientos por crímenes de lesa humanidad contra la dictadura de Maduro.
“Venezuela necesita sanar las heridas, que se detenga la guerra contra sus ciudadanos y celebrar elecciones libres y justas”, indicó en una publicación en su cuenta de Twitter.
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