Por Cambio16
Al PP se le están complicando las cosas en plenas negociaciones tras las elecciones del 24M. Si la semana pasada saltaba la noticia de la detención del delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, por un caso de corrupción, este martes se conocen nuevas imputaciones y dimisiones por la Operación Púnica, que investiga una presunta trama de amaño de contratos públicos en varios municipios madrileños, así como en Cartagena (Murcia) y Carmona (Sevilla).
Ante este panorama, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido de que las nuevas imputaciones no bloquean pero «complican mucho» las negociaciones postelectorales y ha instado a la aspirante del PP, Cristina Cifuentes, a que «rompa con el pasado».
Aguado se ha referido así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de citar a declarar como imputados a cinco altos cargos del PP: a los consejeros en funciones de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, y de Murcia Juan Carlos Ruiz -que ha dimitido tras conocerse su imputación-, así como a los diputados regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno.
Aforados
El magistrado ha citado así para el 11 de junio a Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid) y diputado autonómico en la Asamblea madrileña; para el 18 a José Miguel Moreno, diputado regional de Madrid y exalcalde de Valdemoro; para el día 22 a Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia.
Finalmente, para el 26 ha citado a Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y a Lucía Figar, consejera de Educación. En caso de que llegada la fecha de la declaración los aforados siguieran teniendo esta condición su citación se pospondría, informa la Audiencia Nacional.
El día 8 de junio los diputados autonómicos dejan de estar aforados y, por tanto, no serían investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero los consejeros dejarían en su caso su cargo y tampoco podrían beneficiarse del privilegio del aforamiento cuando se formen los nuevos gobiernos autonómicos.
Comisiones ilegales
Según fuentes jurídicas, el instructor les ha citado por delitos de corrupción dentro de sus investigaciones, que permanecen secretas, sobre una supuesta trama de corrupción municipal y regional centrada en ayuntamientos y autonomías de toda España que buscaba el pago de comisiones ilegales.
Uno de lo supuestos cabecillas de esa trama sería el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que se encuentra en prisión provisional.
En una comparecencia el pasado enero, Victoria negó «rotundamente» y «de manera tajante» haber ordenado al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás un pago de 10.000 euros al considerado «facilitador» de contratos de la trama, Alejandro de Pedro.
Este pago se podría corresponder con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico, un extremo que Victoria desmintió.
Victoria explicó que la empresa de De Pedro realizaba, a través de un contrato público, un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en los medios digitales sobre la Comunidad de Madrid, que por «tensiones de tesorería» dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014.
Otro de los imputados, el diputado regional José Miguel Moreno, percibió supuestamente como regalo un chalé en Marbella de manos del otro supuesto líder de la trama y amigo de Granados, David Marjaliza, a cambio de favores urbanísticos en Valdemoro, de donde fue alcalde.
Así lo afirmó al juez Velasco la imputada a Esther Giménez Pastor, empleada en 2006 como técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Valdemoro cuando Moreno era ya el alcalde.
Las palabras de Giménez se extraen de las grabaciones de las declaraciones que prestaron varios imputados y testigos al juez, quien levanto parcialmente el secreto de sumario del caso y facilitó a las partes estas comparecencias.
Sin embargo, la parte del sumario relativa a Victoria y al resto de diputados y consejeros aún está bajo secreto, por lo que sólo sus abogados recibirán la citación y a las comparecencias de junio únicamente podrán asistir sus letrados, la fiscal y el juez.
La operación Púnica contra esta red corrupta se saldó el pasado octubre con la detención de medio centenar de personas, de las que solo quedan en prisión Granados y su socio Marjalia.
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