IMPUESTOS VERDES
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) recomienda subir los impuestos verdes y a la propiedad para financiar la recuperación económica durante y después de la pandemia. El organismo alerta que habrá que esperar la reactivación económica para avanzar en la consolidación fiscal
Una de las tareas fundamentales de la OCDE, en su fundación, fue impulsar la reconstrucción y el desarrollo de los países luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando el saldo de la pandemia es tan devastador como el de un conflicto bélico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está ideando propuestas, con pies firmes y cabeza fría, para salir del atolladero en que nos encontramos.
Esta instancia, al igual que Naciones Unidas, la Unión Europea y diversas ONG ambientalistas, es consciente de que la emergencia sanitaria ha colocado en evidencia la necesidad de trabajar juntos y en buscar unas mejores condiciones de vida en el planeta. Coinciden en que es ya, en este preciso momento, cuando hay que abonar ese camino de recuperación óptima, sostenible y amigable con el medio ambiente.
Esta meta ambiciosa pasa por alinear políticas y voluntades, ordenar y priorizar criterios. La salud de las personas y los sistemas de salud de los países son básicos. Así como el apoyo a los tejidos productivos, industrial, comercial y distributivo de las cadenas de valor. El empleo, los ingresos y la sustentabilidad de las familias más vulnerables.
LA FINALIDAD DE LOS IMPUESTOS VERDES ES OBLIGAR A PAGAR UNA TASA A LOS CONTAMINADORES
A partir de entonces, se deben emprender acciones que garanticen la recuperación esperada, de la mano de una economía circular, digital y dirigida a la reducción de emisiones de gases contaminantes, que asegure el desarrollo de los países y sus habitantes.
En ese sentido, la OCDE recomienda apoyarse y aumentar los impuestos verdes y a la propiedad, para obtener mayores ingresos y, así, poder financiar la recuperación económica y equilibrar las finanzas públicas. Asegura que “la tributación de la propiedad y las ganancias de capital tendrán que jugar un papel importante”, particularmente en el contexto de “mejoras significativas en la transparencia fiscal internacional”.
La OCDE reconoce que los gobiernos han adoptado medidas fiscales sin precedentes, como respuesta a la crisis por la COVID-19. Sin embargo, los países tendrán que apoyar esa recuperación económica dada la magnitud de los retos por delante.
La Comisión Europea, la OCDE y la Agencia Internacional de la Energía (IEA), afirman que los impuestos ambientales o verdes son “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente”.
En un escenario sin regulaciones, una empresa podría fabricar un producto de manera contaminante sin considerar su impacto sobre la salud del planeta o del medio ambiente. Esto es lo que en economía se conoce como externalidad. La finalidad de los impuestos verdes es obligar a pagar una tasa a los contaminadores bajo el principio de que quien contamina paga, de tal forma que el precio refleje también el coste de estas externalidades.
La OCDE sugiere elevar esos impuestos, sin precisar porcentajes. El Fondo Monetario Internacional propuso que los países que emitan gases de efecto invernadero, establezcan un tributo sobre las emisiones de CO2. Y precisa que la tasa sea de 75 dólares (68 euros) por tonelada en 2030. Este importe, sostuvo el FMI, impactará principalmente en el uso del carbón para generar electricidad.
Por lo general, este tipo de impuestos busca desplazar formas de energía más contaminantes en favor de otras menos contaminantes, como las renovables.
Recuperación de los países sobre las bases de una economía verde
Durante la pandemia, un gran número de países ha puesto en marcha medidas expansivas del gasto público pese a que los ingresos se verán reducidos por la crisis económica y el parón de la actividad derivada de medidas como el confinamiento.
Por ello, esta entidad con sede en París y presidido por el mexicano Ángel Gurría, sugiere que una vez que los países salgan de esta contingencia sin precedentes y sus economías comiencen a recuperarse, tendrán que empezar a restaurar sus finanzas públicas, pero no sobre esquemas tradicionales, sino sobre nuevas bases de mayor sostenibilidad y de preservación del ambiente.
Ajenos a las perturbaciones que conducen al cambio climático. “En estos momentos, la atención deberá centrarse en la recuperación económica. Ya con este proceso firmemente en marcha, los gobiernos, en vez de limitarse a volver a las condiciones previas, deberían aprovechar la oportunidad para construir una economía más verde, más incluyente y más resiliente”, dijo Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.
“Una vía que habrá de priorizarse con urgencia es la de la reforma a la tributación ambiental y las políticas fiscales para combatir la desigualdad”, indicó al ofrecer detalles del informe Reformas de Políticas Tributarias 2020 (Tax Policy Reforms 2020). Allí se identifican las principales tendencias de política fiscal adoptadas antes de la crisis por la COVID-19 y se analizan las medidas tributarias y fiscales generales puestas en marcha por los países como respuesta a la pandemia, desde su brote inicial hasta junio de 2020.
La creciente presión sobre las finanzas públicas, así como la mayor demanda de una distribución más equitativa de la carga, deberán imprimir un nuevo impulso para llegar a acuerdos sobre la fiscalidad digital. “La cooperación fiscal será aún más importante para prevenir que las disputas fiscales se conviertan en guerras comerciales, lo cual lesionaría la recuperación en un momento en el que la economía mundial sencillamente no puede permitírselo”, afirmó Saint-Amans.
El club de las economías avanzadas propone que esta crisis sea un estímulo para “reconstruir mejor” y buscar fuentes de ingresos alternativas. Una de ellas es la fiscalidad medioambiental, como una prioridad central, que, en estos momentos, tiene un peso pequeño en la recaudación de la OCDE. Un 1,5% del PIB de media en 2018.
Ajustes fiscales ante los desequilibrios que deja la pandemia
Atento a los acontecimientos del globo y de sus países miembros, la OCDE considera que los avances en materia de impuestos relacionados con el medio ambiente han sido lentos, con reformas centradas en un pequeño número de países y de alcance limitado.
En ese sentido, plantea que deberían acelerarse las reformas de impuestos ambientales, ya que los tributos sobre combustibles contaminantes “no están cerca de los niveles necesarios para animar a un cambio hacia energías limpias”. Por ello, apuesta la aplicación de impuestos a las empresas que proporcionen mayores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero
LA COOPERACIÓN FISCAL SERÁ AÚN MÁS IMPORTANTE PARA PREVENIR QUE LAS DISPUTAS FISCALES SE CONVIERTAN EN GUERRAS COMERCIALES
La mayoría de los países miembros de la OCDE son europeos y, desde el punto de vista comunitario e individual, cuentan con claros objetivos al suscribir el Pacto Verde. Acuerdo macro que establece un plan de acción para impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.
Además, el Plan de Recuperación económica supedita el acceso a los fondos por parte de los estados a planes y compromisos con esa visión de conjunto. La OCDE insiste en avanzar hacia un equilibrio fiscal poscovid, toda vez que las estimaciones preliminares apuntan a un fuerte impacto en los ingresos fiscales y a un desajuste en las cuentas que habrá que enmendar.
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